La Unión Europea ha detenido la entrega de 1.100 millones de euros a España debido a que no ha logrado disminuir la temporalidad en el sector público.
Recibimos recientemente un considerable apoyo financiero de Bruselas, que asciende a 23.100 millones de euros como parte del plan de recuperación. Este es un pago sin precedentes, ya que es el más alto otorgado hasta la fecha a un Estado miembro, y merece ser celebrado. No obstante, este cheque viene con condiciones, ya que hay 1.100 millones que están retenidos debido a que no hemos cumplido con ciertos requisitos. De estos, 627 millones corresponden a la falta de cumplimiento en una de las condiciones que exige la reducción de la temporalidad en el sector público, donde uno de cada tres empleados es interino. Esto significa que miles de personas ocupan puestos temporales, algunos desde hace más de 20 años, disfrutando de una estabilidad que desearían muchos funcionarios de carrera. La alta tasa de temporalidad en el sector público español, que es el doble de la media europea, no solo afecta el mercado laboral, sino que también disminuye los incentivos para mejorar la productividad y dificulta alcanzar el objetivo del 8% necesario para liberar el pago. Todo esto revela que el verdadero problema no son los recursos, sino la falta de voluntad política para implementar los cambios necesarios en la contratación y gestión del personal público. En este contexto, la temporalidad no es simplemente un síntoma aislado, sino un reflejo estructural de un sistema que evita tomar decisiones difíciles, respaldado por sindicatos y una tradición burocrática que equilibra la estabilidad institucional con la falta de cambios. En realidad, contamos con procesos de estabilización que se extienden por varios años, procedimientos legales que impiden las convocatorias y una serie de excepciones «justificadas» que mantienen a miles de trabajadores interinos en una continua incertidumbre laboral. Un ejemplo de esto es el proceso de estabilización convocado en 2022, que aún no ha publicado la oferta de plazas disponibles ni ha iniciado el proceso de adjudicación, ya que está condicionado a la resolución de otros concursos. Con este avance, se prevé que pasen más de 3 años, durante los cuales algunos interinos habrán dejado su puesto y otros se habrán jubilado. Cada vez más personas comparan la estabilización de un interino con la finalización de la Sagrada Familia: sabemos que eventualmente ocurrirá, pero no tenemos idea del momento exacto. Juan Carlos Higueras, Doctor en Economía, es Vicedecano de EAE Business School.
Hemos recibido recientemente una considerable inyección de 23.100 millones de euros de Bruselas, como parte del plan de recuperación. Se trata de un pago histórico, ya que es el más elevado realizado hasta la fecha a un país miembro, lo que realmente merece ser celebrado. No obstante, este cheque presenta condiciones desfavorables ya que hay 1.100 millones que están retenidos por no haber cumplido con las obligaciones requeridas. De esta cantidad, 627 millones corresponden a la falta de cumplimiento en la exigencia de disminuir la temporalidad en el sector público, donde uno de cada tres empleados es interino. Esto significa que, aunque muchos ocupan puestos temporales oficialmente, algunos han estado en sus cargos durante más de 20 años, disfrutando de una estabilidad que muchos funcionarios de carrera envidiarían. La elevada temporalidad en el sector público español, que es el doble que la media europea, no solo distorsiona el mercado laboral, sino que también disminuye los incentivos para mejorar la productividad y complica alcanzar la tasa del 8%, que era un requisito para liberar el pago. Todo esto evidencia que el problema no radica en la falta de recursos, sino en la falta de voluntad política para implementar los cambios necesarios en la contratación y gestión del personal público. Desde esta perspectiva, la temporalidad es solo un indicador aislado, sino que representa una característica estructural de un sistema que evita tomar decisiones difíciles, resguardado por sindicatos y una tradición burocrática que confunde la estabilidad institucional con la falta de cambios. En realidad, existen procesos de estabilización que se extienden a lo largo de varios años, acciones legales que impiden la realización de convocatorias y una serie de excepciones «justificadas» que mantienen a miles de interinos en una situación de incertidumbre laboral. Un ejemplo es el proceso de estabilización que fue iniciado en 2022 y que aún está a la espera de que se publiquen las plazas disponibles y de que avance el proceso de adjudicación. Este último depende de la resolución de otros concursos, lo que implica que, a este ritmo, pasarán más de tres años, durante los cuales algunos interinos habrán dejado su puesto y otros se habrán jubilado. Cada vez son más quienes consideran que estabilizar a un interino es parecido a la construcción de la Sagrada Familia: todos sabemos que eventualmente sucederá, pero nadie tiene claro cuándo. Juan Carlos Higueras es Doctor en Economía y Vicedecano de EAE Business School.
