El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se opone a la resolución de España de restringir el cabotaje en su territorio para empresas de transporte internacional.
La Comisión Europea fue la primera en pronunciarse y ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) también se opone a la negativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de permitir que las rutas internacionales de autobús realicen cabotaje en España. Luego de que la Comisión manifestara su desacuerdo con la propuesta del departamento de Óscar Puente en un fallo emitido en abril, la justicia europea ha rechazado un recurso que España presentó para solicitar medidas cautelares contra dicha decisión de la Comisión Europea. El modelo vigente de transporte de autobuses de larga distancia se fundamenta en contratos de concesión, donde una sola empresa obtiene el derecho a operar una ruta específica. La empresa alemana FlixBus ha solicitado operar un servicio entre Tréveris y Madrid, permitiendo que pasajeros se trasladen dentro de España, como entre Madrid y Barcelona, una práctica conocida como cabotaje. El Gobierno de España se opuso a esta iniciativa, argumentando que el cabotaje está prohibido en el país. Sin embargo, la Comisión Europea dictaminó que FlixBus puede llevar a cabo esta actividad. En una decisión del TJUE del 2 de octubre, se desestimó la solicitud de España para suspender la decisión de la Comisión, afirmando que no proporcionó pruebas suficientes para justificar la urgencia de dicha suspensión ni demostró que no podría esperar el resultado del procedimiento principal sin enfrentar daños graves irremediables. España afirmaba que el uso de paradas en una ruta internacional para viajes nacionales, en cumplimiento del reglamento europeo 1073/09, implicaba un «riesgo de interrupción del servicio público de transporte regular de pasajeros.» En particular, se destacó que la implementación del cabotaje en el servicio regular internacional solicitado tendría un efecto negativo significativo en la rentabilidad y pondría en riesgo la viabilidad de la concesión Madrid-Zaragoza-Barcelona, operada por el Grupo Alsa. El Gobierno se opone a este sistema porque considera que las empresas solo se Fokusaran en las rutas más lucrativas, lo que perjudicaría a las áreas rurales, que tendrían que ser completamente financiadas con recursos públicos en lugar de con los fondos generados por las rutas más rentables. Asimismo, argumenta que permitir el cabotaje tendría «un impacto directo no solo en la concesión afectada, sino también sobre la seguridad jurídica de todas las rutas, poniendo en riesgo inmediato todos los contratos concesionales». Desde la plataforma Viaja Más en Autobús, que apoya el cabotaje, señalan que la concesión entre Barcelona y Madrid ha estado caducada por 12 años, sin que se haya llevado a cabo ninguna licitación para seleccionar a ese operador. Asociaciones como Anetra y Direbus, que representan a pequeñas y medianas empresas del sector, respaldan el cabotaje, ya que creen que ofrece diversas ventajas. La primera implica un incremento en la frecuencia de los viajes en las rutas donde se implementa. Además, afirman que disminuye las emisiones de CO2 al optimizar el uso de las plazas y aumenta las opciones de transporte económico para muchos ciudadanos, mejora la conectividad internacional en autobús y ayuda a la cohesión territorial. Asimismo, rechazan las críticas de sus oponentes que sostienen que esto eliminaría o reorganizaría las líneas o paradas existentes y perjudicaría el sistema concesional, argumentando que ya compite con alternativas como el coche compartido y que los perfiles de usuarios de ambos servicios son distintos.
La Comisión Europea fue la primera en pronunciarse y ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) también se opone a la negativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de permitir que las rutas internacionales de autobús realicen cabotaje en España. Luego de que la Comisión manifestara su desacuerdo con la propuesta del departamento de Óscar Puente en un fallo emitido en abril, la justicia europea ha rechazado un recurso que España presentó para solicitar medidas cautelares contra dicha decisión de la Comisión Europea. El modelo vigente de transporte de autobuses de larga distancia se fundamenta en contratos de concesión, donde una sola empresa obtiene el derecho a operar una ruta específica. La empresa alemana FlixBus ha solicitado operar un servicio entre Tréveris y Madrid, permitiendo que pasajeros se trasladen dentro de España, como entre Madrid y Barcelona, una práctica conocida como cabotaje. El Gobierno de España se opuso a esta iniciativa, argumentando que el cabotaje está prohibido en el país. Sin embargo, la Comisión Europea dictaminó que FlixBus puede llevar a cabo esta actividad. En una decisión del TJUE del 2 de octubre, se desestimó la solicitud de España para suspender la decisión de la Comisión, afirmando que no proporcionó pruebas suficientes para justificar la urgencia de dicha suspensión ni demostró que no podría esperar el resultado del procedimiento principal sin enfrentar daños graves irremediables. España afirmaba que el uso de paradas en una ruta internacional para viajes nacionales, en cumplimiento del reglamento europeo 1073/09, implicaba un «riesgo de interrupción del servicio público de transporte regular de pasajeros.» En particular, se destacó que la implementación del cabotaje en el servicio regular internacional solicitado tendría un efecto negativo significativo en la rentabilidad y pondría en riesgo la viabilidad de la concesión Madrid-Zaragoza-Barcelona, operada por el Grupo Alsa. El Gobierno se opone a este sistema porque considera que las empresas solo se Fokusaran en las rutas más lucrativas, lo que perjudicaría a las áreas rurales, que tendrían que ser completamente financiadas con recursos públicos en lugar de con los fondos generados por las rutas más rentables. Asimismo, argumenta que permitir el cabotaje tendría «un impacto directo no solo en la concesión afectada, sino también sobre la seguridad jurídica de todas las rutas, poniendo en riesgo inmediato todos los contratos concesionales». Desde la plataforma Viaja Más en Autobús, que apoya el cabotaje, señalan que la concesión entre Barcelona y Madrid ha estado caducada por 12 años, sin que se haya llevado a cabo ninguna licitación para seleccionar a ese operador. Asociaciones como Anetra y Direbus, que representan a pequeñas y medianas empresas del sector, respaldan el cabotaje, ya que creen que ofrece diversas ventajas. La primera implica un incremento en la frecuencia de los viajes en las rutas donde se implementa. Además, afirman que disminuye las emisiones de CO2 al optimizar el uso de las plazas y aumenta las opciones de transporte económico para muchos ciudadanos, mejora la conectividad internacional en autobús y ayuda a la cohesión territorial. Asimismo, rechazan las críticas de sus oponentes que sostienen que esto eliminaría o reorganizaría las líneas o paradas existentes y perjudicaría el sistema concesional, argumentando que ya compite con alternativas como el coche compartido y que los perfiles de usuarios de ambos servicios son distintos.
