El Tribunal Supremo ha iniciado un nuevo procedimiento judicial contra el eurodiputado Luis Pérez, apodado Alvise. La cuarta investigación iniciada por el tribunal superior contra el líder de extrema derecha lo acusa de presuntos delitos de revelación de secretos y acoso hacia Diego Solier y Nora Junco, dos eurodiputados que se unieron a él en las elecciones europeas de 2024 bajo el partido Se Acabó La Fiesta (SALF). Ambos han dejado la organización y han presentado una denuncia contra Alvise por lo que consideran una campaña de hostigamiento en redes sociales. El juez que dirigirá será el ex presidente de la Sala Penal Manuel Marchena. Continuar leyendo.
El Tribunal Supremo ha iniciado un nuevo procedimiento judicial contra el eurodiputado Luis Pérez, apodado Alvise. La cuarta investigación iniciada por el tribunal superior contra el líder de extrema derecha lo acusa de presuntos delitos de revelación de secretos y acoso hacia Diego Solier y Nora Junco, dos eurodiputados que se unieron a él en las elecciones europeas de 2024 bajo el partido Se Acabó La Fiesta (SALF). Ambos han dejado la organización y han presentado una denuncia contra Alvise por lo que consideran una campaña de hostigamiento en redes sociales. El instructor del caso será Manuel Marchena, ex presidente de la Sala Penal. Alvise Pérez también se encuentra bajo investigación en el Tribunal Supremo por presuntamente haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas para su campaña en las últimas elecciones europeas, por difundir un falso test de covid del actual presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, y por amenazar en redes sociales a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. La causa abierta este martes surge del conflicto entre Alvise y los eurodiputados Solier y Junco, quienes, tras ser elegidos por la agrupación de Alvise, se unieron al grupo parlamentario Conservadores y Reformistas Europeos, afín a Giorgia Meloni, mientras que Alvise quedó excluido por sus problemas legales. Desde ese momento, la conexión entre ellos comenzó a decaer y, en mayo de este año, Solier y Junco pusieron fin de manera definitiva a su vínculo con el activista extremista. En el anuncio realizado para comunicar esa decisión, los dos europarlamentarios criticaron a Alvise por hablar de regeneración mientras aceptaba «el matonismo, el chantaje o el dinero oscuro». Para ese momento, el dirigente de SALF llevaba semanas atacando a sus antiguos compañeros, a quienes acusó de haber sido «comprados» por los lobbies pro armamentistas, tras su voto favorable al programa de rearme europeo en la Eurocámara. Solier y Junco presentaron una demanda en respuesta a esas acusaciones y a la supuesta campaña de acoso organizada por Alvise, quien los acusó de «traición» y exhortó a sus seguidores, a quienes llama ardillas, a hostigarles y ejercer presión para que renunciaran. El Tribunal Supremo, después de revisar la acusación, determina que existen motivos suficientes para llevar a cabo una investigación sobre los eventos. En su reciente auto, la Sala Penal relata que los eurodiputados denunciaron ser objeto de una constante campaña de acoso en redes sociales debido a los mensajes que Alvise había compartido sobre ellos, tanto en un pódcast como en un canal de Telegram. Además, afirmaron haber temido por su seguridad personal, ya que Alvise reveló su ubicación. Según la denuncia interpuesta por Solier y Junco, tras la divulgación de sus correos electrónicos, números telefónicos y perfiles en redes, recibieron un gran volumen de mensajes ofensivos y amenazantes que generaron «una sensación continua de inseguridad». Esto les llevó a cambiar sus hábitos, cerrar algunas cuentas de redes sociales y restringir los comentarios en las que decidieron mantener.
Se trata de la cuarta indagatoria del tribunal superior hacia el jefe de Se Acabó La Fiesta.
