Winston Churchill (1874-1965), el premier británico que habló de todo y al que incluso se le atribuyen muchas cosas que nunca dijo, sí afirmó en una ocasión que «el impuesto es la forma más fácil de robar la propiedad de una persona». Ahora, en pleno siglo XXI, los pensionistas españoles más avispados o enterados pueden verse identificados con esa frase. Acaban de percibir la paga de enero, que incluye la subida del 2,7%, pendiente, por cierto, de ratificación parlamentaria, que llegará, aunque quizá hoy no, pero esa es otra historia. El aumento de las pensiones es para los pensionistas, pero también para el fisco, la Hacienda Pública que controla la vice María Jesús Montero, que hace caja con lo de la «progresividad en frío», sin que muchos afectados se den cuenta del expolio al que son sometidos.. Los números se pueden manipular, pero no mienten. La pensión media de jubilación del Régimen General de la Seguridad Social es de 1.676,05 euros brutos mensuales tras la subida. Justo antes, la cifra era 1.631,98 euros. En neto son 1.289,39 y 1.261,52 tras el incremento del 2,7% y antes. Una simple resta, operación al alcance de todos, indica que la subida ha sido de 44,07 euros brutos al mes, que se quedan en 27,87 netos. Es decir, Hacienda se queda, en este caso, 16,19 euros del alza de la pensión y los ingresa de forma directa en concepto de retención del IRPF. También en el caso del ejemplo –algo similar, con variaciones mínimas, ocurre con otras cantidades–, al fisco le corresponde nada menos que el 36,75% del incremento de las pensiones jaleado por el Gobierno de Sánchez, algo que, por otra parte, haría cualquier otro Gobierno, del signo que fuera. La explicación técnica de parte de semejante dislate es que entra en juego la «progresividad en frío». Hacienda, la ministra Montero, se niega desde hace años a actualizar la tarifa del IRPF con la inflación. Eso supone que cualquier subida de salario o de pensión paga, de forma automática, más impuestos. La lógica y la teoría tributaria más extendida aconsejan que las cargas tributarias se actualicen. Eso significaría que si la inflación subió un 2,7% en 2025, que es lo que se incrementan las pensiones, los tramos impositivos se adaptarían en esa proporción. En ese caso, el 2,7% de aumento de las pensiones sería neto, tendría un efecto fiscal neutro y Hacienda no obtendría, por la puerta de atrás, un 36% de esa revalorización. Quizá haya dudas de si es un robo, pero se parece mucho a robar la propiedad de una persona de la que hablaba Churchill.
Hacienda, la ministra Montero, se niega desde hace años a actualizar la tarifa del IRPF con la inflación. Eso supone que cualquier subida de salario o de pensión paga, de forma automática, más impuestos
Winston Churchill (1874-1965), el premier británico que habló de todo y al que incluso se le atribuyen muchas cosas que nunca dijo, sí afirmó en una ocasión que «el impuesto es la forma más fácil de robar la propiedad de una persona». Ahora, en pleno siglo XXI, los pensionistas españoles más avispados o enterados pueden verse identificados con esa frase. Acaban de percibir la paga de enero, que incluye la subida del 2,7%, pendiente, por cierto, de ratificación parlamentaria, que llegará, aunque quizá hoy no, pero esa es otra historia. El aumento de las pensiones es para los pensionistas, pero también para el fisco, la Hacienda Pública que controla la vice María Jesús Montero, que hace caja con lo de la «progresividad en frío», sin que muchos afectados se den cuenta del expolio al que son sometidos.. Los números se pueden manipular, pero no mienten. La pensión media de jubilación del Régimen General de la Seguridad Social es de 1.676,05 euros brutos mensuales tras la subida. Justo antes, la cifra era 1.631,98 euros. En neto son 1.289,39 y 1.261,52 tras el incremento del 2,7% y antes. Una simple resta, operación al alcance de todos, indica que la subida ha sido de 44,07 euros brutos al mes, que se quedan en 27,87 netos. Es decir, Hacienda se queda, en este caso, 16,19 euros del alza de la pensión y los ingresa de forma directa en concepto de retención del IRPF. También en el caso del ejemplo –algo similar, con variaciones mínimas, ocurre con otras cantidades–, al fisco le corresponde nada menos que el 36,75% del incremento de las pensiones jaleado por el Gobierno de Sánchez, algo que, por otra parte, haría cualquier otro Gobierno, del signo que fuera. La explicación técnica de parte de semejante dislate es que entra en juego la «progresividad en frío». Hacienda, la ministra Montero, se niega desde hace años a actualizar la tarifa del IRPF con la inflación. Eso supone que cualquier subida de salario o de pensión paga, de forma automática, más impuestos. La lógica y la teoría tributaria más extendida aconsejan que las cargas tributarias se actualicen. Eso significaría que si la inflación subió un 2,7% en 2025, que es lo que se incrementan las pensiones, los tramos impositivos se adaptarían en esa proporción. En ese caso, el 2,7% de aumento de las pensiones sería neto, tendría un efecto fiscal neutro y Hacienda no obtendría, por la puerta de atrás, un 36% de esa revalorización. Quizá haya dudas de si es un robo, pero se parece mucho a robar la propiedad de una persona de la que hablaba Churchill.
