CSIF exige refuerzo de plantillas en todos los niveles afectados de la Administración, que no se externalicen los servicios y que se compense económicamente el esfuerzo adicional en Seguridad Social, Política Territorial, Interior o el SEPE
La intención del Gobierno de regularizar de golpe cientos de miles inmigrantes va a poner contra las cuerdas la capacidad operativa de varios organismos de la Administración Pública, en un aluvión para el que los funcionarios «no están preparados». Así lo denuncia el sindicato CSIF, que advierte de que el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes exige el refuerzo de plantillas en todos los niveles afectados de la Administración, por lo que se requerirá personal tanto la Seguridad Social y Política Territorial e Interior, entre otros.. El sindicato critica que el Ejecutivo aún no haya aclarado este refuerzo de plantillas ni si se va a contar con la participación de alguna empresa pública, como ha sucedido en otras ocasiones, además de lamentar que el Gobierno esté barajando la posibilidad de apostar por una externalización del servicio público. Por eso, reclaman que hay que «anticiparse a los efectos de este proceso, adoptar las medidas organizativas necesarias y dotar a los servicios públicos de recursos para evitar el colapso y ofrecer seguridad y atención tanto a empleados y empleadas públicas como al conjunto de la ciudadanía.. La organización sindical asegura que en el ámbito del Ministerio del Interior el proceso de regularización ya está teniendo un fuerte impacto en la carga de trabajo de los empleados públicos encargados de la expedición de documentación, situación que augura que «se agravará a partir del 1 de abril, ya que está previsto que ese día se inicie el proceso, y que se desarrollará hasta el 30 de junio, periodo durante el que el Gobierno espera entre medio millón y un millón de solicitudes, aunque otras fuentes ya eleva esa cifra muy por encima del millón.. Según fuentes ministeriales, el proceso constará de dos fases: una primera de recogida de solicitudes y otra de tramitación y resolución del expediente, que realizará de manera exclusiva la Unidad de Tramitación de Expedientes centralizada en Vigo. El grueso de solicitudes presenciales se realizará en las Oficinas de Correos (aunque todavía no se ha firmado el acuerdo con la entidad); delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, Oficinas de Extranjería y algunas oficinas de la Seguridad Social. También habrá solicitudes telemáticas, para lo que se prevé la colaboración de organizaciones sindicales, ONG, graduados sociales y abogados, que actuarán como intermediarios. Según se tiene previsto, el personal recogerá y escaneará la documentación, comprobando nombre y apellidos, nacionalidad y número de identificación a través de un programa diseñado para ello.. CSIF asegura que en el departamento de Política Territorial aún desconoce cuántos expedientes se tramitarán ni la carga de trabajo que habrá ni si lo realizará personal interino, laboral o personal en trabajo a distancia, por lo que rechazan la posibilidad de que se externalice este trabajo en otra empresa pública ya que, debido a los datos sensibles que se van a tramitar, esta labor deberá de estar supervisado por personal funcionario.. Además, exige que se compense el esfuerzo adicional realizado por los empleados públicos. Fuentes consultadas, han confirmado que, en el caso de la Seguridad Social, la participación del personal en estas tramitaciones será voluntaria y se retribuirá con 25 euros la hora, 35 euros en el caso de los coordinadores. En cambio, la mayoría de las Oficinas de Extranjería quedarán excluidas de la recepción de solicitudes, provocando la indignación y «el asombro de la plantilla de estos centros de trabajo» cuando, en un año, este personal será el encargado de renovar los permisos». «No tiene mucho sentido», critica CSIF.
La intención del Gobierno de regularizar de golpe cientos de miles inmigrantes va a poner contra las cuerdas la capacidad operativa de varios organismos de la Administración Pública, en un aluvión para el que los funcionarios «no están preparados». Así lo denuncia el sindicato CSIF, que advierte de que el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes exige el refuerzo de plantillas en todos los niveles afectados de la Administración, por lo que se requerirá personal tanto la Seguridad Social y Política Territorial e Interior, entre otros.. El sindicato critica que el Ejecutivo aún no haya aclarado este refuerzo de plantillas ni si se va a contar con la participación de alguna empresa pública, como ha sucedido en otras ocasiones, además de lamentar que el Gobierno esté barajando la posibilidad de apostar por una externalización del servicio público. Por eso, reclaman que hay que «anticiparse a los efectos de este proceso, adoptar las medidas organizativas necesarias y dotar a los servicios públicos de recursos para evitar el colapso y ofrecer seguridad y atención tanto a empleados y empleadas públicas como al conjunto de la ciudadanía.. La organización sindical asegura que en el ámbito del Ministerio del Interior el proceso de regularización ya está teniendo un fuerte impacto en la carga de trabajo de los empleados públicos encargados de la expedición de documentación, situación que augura que «se agravará a partir del 1 de abril, ya que está previsto que ese día se inicie el proceso, y que se desarrollará hasta el 30 de junio, periodo durante el que el Gobierno espera entre medio millón y un millón de solicitudes, aunque otras fuentes ya eleva esa cifra muy por encima del millón.. Según fuentes ministeriales, el proceso constará de dos fases: una primera de recogida de solicitudes y otra de tramitación y resolución del expediente, que realizará de manera exclusiva la Unidad de Tramitación de Expedientes centralizada en Vigo. El grueso de solicitudes presenciales se realizará en las Oficinas de Correos (aunque todavía no se ha firmado el acuerdo con la entidad); delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, Oficinas de Extranjería y algunas oficinas de la Seguridad Social. También habrá solicitudes telemáticas, para lo que se prevé la colaboración de organizaciones sindicales, ONG, graduados sociales y abogados, que actuarán como intermediarios. Según se tiene previsto, el personal recogerá y escaneará la documentación, comprobando nombre y apellidos, nacionalidad y número de identificación a través de un programa diseñado para ello.. CSIF asegura que en el departamento de Política Territorial aún desconoce cuántos expedientes se tramitarán ni la carga de trabajo que habrá ni si lo realizará personal interino, laboral o personal en trabajo a distancia, por lo que rechazan la posibilidad de que se externalice este trabajo en otra empresa pública ya que, debido a los datos sensibles que se van a tramitar, esta labor deberá de estar supervisado por personal funcionario.. Además, exige que se compense el esfuerzo adicional realizado por los empleados públicos. Fuentes consultadas, han confirmado que, en el caso de la Seguridad Social, la participación del personal en estas tramitaciones será voluntaria y se retribuirá con 25 euros la hora, 35 euros en el caso de los coordinadores. En cambio, la mayoría de las Oficinas de Extranjería quedarán excluidas de la recepción de solicitudes, provocando la indignación y «el asombro de la plantilla de estos centros de trabajo» cuando, en un año, este personal será el encargado de renovar los permisos». «No tiene mucho sentido», critica CSIF.
