Las dos grandes urbes españolas siguen modelos opuestos: la intervención dañina y la libertad que es un imán de eventos
El intervencionismo nunca soluciona los problemas de vivienda y alojamiento, los empeora. En Barcelona se ha demostrado la ineficacia de medidas de control que solo perjudican, especialmente a los más desfavorecidos. En muchas ciudades españolas se corre el peligro de imponer políticas cuyo resultado es siempre empeorar el dinamismo y la posición internacional de la ciudad.. El Ayuntamiento de Barcelona parece no aprender de los errores evidentes de las políticas de intervención y, además, avanza en un error estratégico. La ciudad quiere presentarse como ciudad moderna abierta al talento, a la inversión, a los congresos, a los grandes eventos y a la movilidad internacional. Sin embargo, recurre a un enfoque anticuado: limitar, restringir y reducir un problema complejo a una decisión intervencionista y contraproducente.. El intervencionismo de izquierda se centra en la política de gestos y de escaparate. Son ciudades que quieren parecer del siglo XXI, pero recurren al exceso de regulación que en toda Europa se quiere revertir, acudiendo a la tentación de regular con herramientas políticas y enfoques normativos de siglos pasados. Sorprende que se desempolven medidas intervencionistas más acordes a la época de Franco que a una economía moderna y abierta.. Barcelona encarna esa contradicción de manera muy clara. La ciudad tiene todo el potencial y el atractivo, y quiere seguir siendo un centro global de ferias y congresos. El Ayuntamiento responde a una realidad compleja con una no-solución de brochazo grueso: cerrar todas las viviendas de uso turístico legales en 2028.. En Barcelona se ha aplicado un paquete de medidas muy intervencionistas sobre la oferta turística, como la moratoria de licencias, las limitaciones a la vivienda de uso turístico y el aumento de tasas, que han reducido y encarecido la oferta formal y tensionan la capacidad de atender una demanda que sigue creciendo.. Tres medidas destacan por su agresividad. La prohibición de nuevas licencias de pisos turísticos y suspensión de renovaciones hasta noviembre de 2028, que equivale a la congelación y posterior extinción de las viviendas de uso turístico actuales.. A ello se une el anuncio del Ayuntamiento que prevé no renovar ninguna licencia y «hacer desaparecer la figura del piso turístico tal como hoy la conocemos» en 2029. Junto a esas prohibiciones, se impone la subida de la tasa turística municipal y autonómica hasta niveles que se sitúan entre los más altos de Europa, con el objetivo explícito de «modular la oferta» y desincentivar el turismo.. La prohibición de nuevas licencias y la no renovación futura implica una caída programada de la oferta de apartamentos turísticos legales, unos 10.000 pisos, sin mecanismo alguno de ampliación rápida de una oferta alternativa. Y ojo, mucho no van a volver al mercado residencial.. Esta medida pone en riesgo más de 40.000 empleos y más de 1.900 millones anuales de PIB local, según un estudio de PWC.. El alcalde Collboni ha reconocido que la estrategia es poner freno a la oferta porque considera que la demanda turística es «prácticamente infinita» y podría crecer entre un 3% y un 8% anual, crecimiento que la ciudad «no puede absorber», un diagnóstico claramente incorrecto.. El objetivo declarado del Ayuntamiento es reducir los precios de la vivienda residencial devolviendo las viviendas de uso turístico (VUT) al alquiler de largo plazo. Sin embargo, todos los estudios independientes y la experiencia en casos similares demuestran que el efecto sobre la oferta de alquiler de largo plazo es muy reducido y casi imperceptible en precios.. Estas medidas intervencionistas y miopes siempre generan subidas de precios en hoteles y alojamientos que sobreviven, el desplazamiento de parte de la demanda a oferta informal, incluyendo pisos sin licencia, plataformas opacas, habitaciones no reguladas, con menos control de calidad, seguridad y transparencia.. La amplia mayoría de análisis y estudios advierte de que la eliminación de VUT erosiona la competitividad de Barcelona frente a otros destinos urbanos europeos, especialmente en turismo de congresos y MICE, al encarecer y restringir la disponibilidad de alojamiento cercano a ferias y centros de negocios.. Si un congreso de 30.000 asistentes antes podía repartirse entre hoteles y 10.000 apartamentos turísticos legales, gran parte de la demanda quedará insatisfecha al desaparecer estos últimos, ya que desaparecen también las alternativas. El resultado es que el evento termina desplazándose a otra ciudad con más capacidad.. El propio Ayuntamiento de Barcelona asume que «no puede absorber» un crecimiento continuo de turistas y, por tanto, su estrategia es frenar la capacidad de acogida en lugar de gestionarla con más inversión en infraestructuras y mejora de flujos.. El problema del intervencionismo es que, cuando fracasa, como está ocurriendo, los políticos concluyen que deben intervenir aún más. No entender la formación de precios y el impacto sobre la imagen de la ciudad es un grave error.. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, Apartur, alertaba de que la supresión de los pisos turísticos en Barcelona anunciada por el Ayuntamiento supondría un golpe letal a la oferta necesaria y un encarecimiento incuestionable de la oferta turística, que afecta especialmente a los visitantes de clase media y a las familias no adineradas.. Madrid, la otra cara de la moneda. En Madrid se cuenta con un modelo abierto y libre, aunque podría darse un problema, ya que el Plan Reside introduce algunos elementos de rigidez que convendrían revisarse, al buscar limitar los nuevos pisos turísticos dispersos en edificios residenciales, sobre todo en el centro.. Las diferencias de modelo son gigantescas, diametralmente opuestas. Barcelona, un modelo de intervención y prohibición, comparado con Madrid, donde no se imponen trabas fiscales al turismo, no se elimina la figura del piso turístico ni se prohíbe su existencia, aunque se restringe su implantación en edificios residenciales. Así, Madrid puede retocar algunos elementos del plan sin destruir la oferta y mejorando su posicionamiento como ciudad libre, moderna y atractiva.. La llegada de grandes eventos obliga a pensar no solo en infraestructuras o imagen internacional, sino también en alojamiento suficiente, diversidad de oferta y capacidad para acoger perfiles distintos, desde visitantes con alto poder adquisitivo hasta familias o asistentes con presupuestos más ajustados. Madrid ha demostrado ser una ciudad global que crece y mejora gracias a la libertad, garantizando la capacidad de absorber la demanda ante eventos importantes.. Ante una oportunidad como la Fórmula 1 o la visita del Papa, conviene atender a la demanda que trae riqueza y eleva la imagen y prestigio de la ciudad sin perjudicar a los visitantes de clase media y familias o tensionar innecesariamente su ecosistema urbano, evitando medidas de intervención innecesarias y contraproducentes.. Los datos son relevantes. Los nuevos visitantes asociados a la Fórmula 1 supondrían 85.000 turistas adicionales, según Bankinter. El déficit potencial de alojamiento sería de unas 52.343 plazas.. La demanda de alojamiento ligada al evento superaría en un 150% la capacidad de la oferta hotelera tradicional, según PwC. Para el fin de semana del 6-8 de junio, con la visita del Papa León XIV y los conciertos de Bad Bunny, alrededor del 76% de los alojamientos de Madrid ya están completos a varios meses vista.. El 95% de los establecimientos no tiene ya habitaciones disponibles para esas fechas y la Archidiócesis está llamando a familias y entidades para ofrecer alojamientos adicionales, lo que refleja que la infraestructura convencional no cubre la totalidad de peregrinos y asistentes.. Barcelona y otras ciudades de España han demostrado que las políticas restrictivas e intervencionistas no resuelven la complejidad urbana. La empeoran. El populismo intervencionista en Barcelona muestra que se está gobernando de cara a la percepción de la ciudad, no para mejorar los retos de esta.. Las viviendas de uso turístico son un chivo expiatorio típico y cómodo para el intervencionismo, culpabilizando a una parte mínima de la oferta de los problemas creados por un conflicto visible generado precisamente por la falta de oferta y las restricciones regulatorias.. Bruselas ya ha cuestionado este tipo de iniciativas por ser desproporcionadas e ineficaces. La Comisión duda de su adecuación y proporcionalidad con la Directiva de Servicios y además ha alertado del riesgo de sanciones a España.. El uso del registro para retirar del mercado decenas de miles de pisos turísticos por motivos puramente formales, lo que ha llevado a Bruselas a pedir explicaciones al Gobierno y advertir de posibles sanciones si no se justifica adecuadamente la medida.. Esta política de escaparate no ordena la ciudad, la vuelve más selectiva. Perjudica a las clases medias de manera evidente. No desaparece la demanda, lo que cambia es quién puede adaptarse a una ciudad más rígida: los grandes operadores, los perfiles de renta alta y los visitantes más ricos. Los que quedan fuera son los perfiles intermedios: pequeñas delegaciones, profesionales jóvenes, asistentes con presupuestos cerrados, familias con niños… La ciudad no se protege: se vuelve más jerárquica.. La ciudad del futuro no es la que prohíbe más ni la que se centra en la consigna política. Una ciudad es moderna cuando sabe absorber el éxito que esos eventos traen. Barcelona ha decidido ir por el camino de la intervención dañina y contraproducente. Madrid, por el camino del progreso, y puede adaptarse para ser, todavía más, un ejemplo mundial y confirmar su posición entre las capitales del futuro.. La combinación de reducción de VUT legales, altas tasas turísticas y restricciones urbanísticas y normativas siempre produce una capacidad efectiva menor y más rígida, especialmente en picos de demanda como los que generan los grandes congresos. Estas medidas no solucionan los problemas, los agravan y, además, destruyen la capacidad de competir de la ciudad a medio plazo.
El intervencionismo nunca soluciona los problemas de vivienda y alojamiento, los empeora. En Barcelona se ha demostrado la ineficacia de medidas de control que solo perjudican, especialmente a los más desfavorecidos. En muchas ciudades españolas se corre el peligro de imponer políticas cuyo resultado es siempre empeorar el dinamismo y la posición internacional de la ciudad.. El Ayuntamiento de Barcelona parece no aprender de los errores evidentes de las políticas de intervención y, además, avanza en un error estratégico. La ciudad quiere presentarse como ciudad moderna abierta al talento, a la inversión, a los congresos, a los grandes eventos y a la movilidad internacional. Sin embargo, recurre a un enfoque anticuado: limitar, restringir y reducir un problema complejo a una decisión intervencionista y contraproducente.. El intervencionismo de izquierda se centra en la política de gestos y de escaparate. Son ciudades que quieren parecer del siglo XXI, pero recurren al exceso de regulación que en toda Europa se quiere revertir, acudiendo a la tentación de regular con herramientas políticas y enfoques normativos de siglos pasados. Sorprende que se desempolven medidas intervencionistas más acordes a la época de Franco que a una economía moderna y abierta.. Barcelona encarna esa contradicción de manera muy clara. La ciudad tiene todo el potencial y el atractivo, y quiere seguir siendo un centro global de ferias y congresos. El Ayuntamiento responde a una realidad compleja con una no-solución de brochazo grueso: cerrar todas las viviendas de uso turístico legales en 2028.. En Barcelona se ha aplicado un paquete de medidas muy intervencionistas sobre la oferta turística, como la moratoria de licencias, las limitaciones a la vivienda de uso turístico y el aumento de tasas, que han reducido y encarecido la oferta formal y tensionan la capacidad de atender una demanda que sigue creciendo.. Tres medidas destacan por su agresividad. La prohibición de nuevas licencias de pisos turísticos y suspensión de renovaciones hasta noviembre de 2028, que equivale a la congelación y posterior extinción de las viviendas de uso turístico actuales.. A ello se une el anuncio del Ayuntamiento que prevé no renovar ninguna licencia y «hacer desaparecer la figura del piso turístico tal como hoy la conocemos» en 2029. Junto a esas prohibiciones, se impone la subida de la tasa turística municipal y autonómica hasta niveles que se sitúan entre los más altos de Europa, con el objetivo explícito de «modular la oferta» y desincentivar el turismo.. La prohibición de nuevas licencias y la no renovación futura implica una caída programada de la oferta de apartamentos turísticos legales, unos 10.000 pisos, sin mecanismo alguno de ampliación rápida de una oferta alternativa. Y ojo, mucho no van a volver al mercado residencial.. Esta medida pone en riesgo más de 40.000 empleos y más de 1.900 millones anuales de PIB local, según un estudio de PWC.. El alcalde Collboni ha reconocido que la estrategia es poner freno a la oferta porque considera que la demanda turística es «prácticamente infinita» y podría crecer entre un 3% y un 8% anual, crecimiento que la ciudad «no puede absorber», un diagnóstico claramente incorrecto.. El objetivo declarado del Ayuntamiento es reducir los precios de la vivienda residencial devolviendo las viviendas de uso turístico (VUT) al alquiler de largo plazo. Sin embargo, todos los estudios independientes y la experiencia en casos similares demuestran que el efecto sobre la oferta de alquiler de largo plazo es muy reducido y casi imperceptible en precios.. Estas medidas intervencionistas y miopes siempre generan subidas de precios en hoteles y alojamientos que sobreviven, el desplazamiento de parte de la demanda a oferta informal, incluyendo pisos sin licencia, plataformas opacas, habitaciones no reguladas, con menos control de calidad, seguridad y transparencia.. La amplia mayoría de análisis y estudios advierte de que la eliminación de VUT erosiona la competitividad de Barcelona frente a otros destinos urbanos europeos, especialmente en turismo de congresos y MICE, al encarecer y restringir la disponibilidad de alojamiento cercano a ferias y centros de negocios.. Si un congreso de 30.000 asistentes antes podía repartirse entre hoteles y 10.000 apartamentos turísticos legales, gran parte de la demanda quedará insatisfecha al desaparecer estos últimos, ya que desaparecen también las alternativas. El resultado es que el evento termina desplazándose a otra ciudad con más capacidad.. El propio Ayuntamiento de Barcelona asume que «no puede absorber» un crecimiento continuo de turistas y, por tanto, su estrategia es frenar la capacidad de acogida en lugar de gestionarla con más inversión en infraestructuras y mejora de flujos.. El problema del intervencionismo es que, cuando fracasa, como está ocurriendo, los políticos concluyen que deben intervenir aún más. No entender la formación de precios y el impacto sobre la imagen de la ciudad es un grave error.. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, Apartur, alertaba de que la supresión de los pisos turísticos en Barcelona anunciada por el Ayuntamiento supondría un golpe letal a la oferta necesaria y un encarecimiento incuestionable de la oferta turística, que afecta especialmente a los visitantes de clase media y a las familias no adineradas.. Madrid, la otra cara de la moneda. En Madrid se cuenta con un modelo abierto y libre, aunque podría darse un problema, ya que el Plan Reside introduce algunos elementos de rigidez que convendrían revisarse, al buscar limitar los nuevos pisos turísticos dispersos en edificios residenciales, sobre todo en el centro.. Las diferencias de modelo son gigantescas, diametralmente opuestas. Barcelona, un modelo de intervención y prohibición, comparado con Madrid, donde no se imponen trabas fiscales al turismo, no se elimina la figura del piso turístico ni se prohíbe su existencia, aunque se restringe su implantación en edificios residenciales. Así, Madrid puede retocar algunos elementos del plan sin destruir la oferta y mejorando su posicionamiento como ciudad libre, moderna y atractiva.. La llegada de grandes eventos obliga a pensar no solo en infraestructuras o imagen internacional, sino también en alojamiento suficiente, diversidad de oferta y capacidad para acoger perfiles distintos, desde visitantes con alto poder adquisitivo hasta familias o asistentes con presupuestos más ajustados. Madrid ha demostrado ser una ciudad global que crece y mejora gracias a la libertad, garantizando la capacidad de absorber la demanda ante eventos importantes.. Ante una oportunidad como la Fórmula 1 o la visita del Papa, conviene atender a la demanda que trae riqueza y eleva la imagen y prestigio de la ciudad sin perjudicar a los visitantes de clase media y familias o tensionar innecesariamente su ecosistema urbano, evitando medidas de intervención innecesarias y contraproducentes.. Los datos son relevantes. Los nuevos visitantes asociados a la Fórmula 1 supondrían 85.000 turistas adicionales, según Bankinter. El déficit potencial de alojamiento sería de unas 52.343 plazas.. La demanda de alojamiento ligada al evento superaría en un 150% la capacidad de la oferta hotelera tradicional, según PwC. Para el fin de semana del 6-8 de junio, con la visita del Papa León XIV y los conciertos de Bad Bunny, alrededor del 76% de los alojamientos de Madrid ya están completos a varios meses vista.. El 95% de los establecimientos no tiene ya habitaciones disponibles para esas fechas y la Archidiócesis está llamando a familias y entidades para ofrecer alojamientos adicionales, lo que refleja que la infraestructura convencional no cubre la totalidad de peregrinos y asistentes.. Barcelona y otras ciudades de España han demostrado que las políticas restrictivas e intervencionistas no resuelven la complejidad urbana. La empeoran. El populismo intervencionista en Barcelona muestra que se está gobernando de cara a la percepción de la ciudad, no para mejorar los retos de esta.. Las viviendas de uso turístico son un chivo expiatorio típico y cómodo para el intervencionismo, culpabilizando a una parte mínima de la oferta de los problemas creados por un conflicto visible generado precisamente por la falta de oferta y las restricciones regulatorias.. Bruselas ya ha cuestionado este tipo de iniciativas por ser desproporcionadas e ineficaces. La Comisión duda de su adecuación y proporcionalidad con la Directiva de Servicios y además ha alertado del riesgo de sanciones a España.. El uso del registro para retirar del mercado decenas de miles de pisos turísticos por motivos puramente formales, lo que ha llevado a Bruselas a pedir explicaciones al Gobierno y advertir de posibles sanciones si no se justifica adecuadamente la medida.. Esta política de escaparate no ordena la ciudad, la vuelve más selectiva. Perjudica a las clases medias de manera evidente. No desaparece la demanda, lo que cambia es quién puede adaptarse a una ciudad más rígida: los grandes operadores, los perfiles de renta alta y los visitantes más ricos. Los que quedan fuera son los perfiles intermedios: pequeñas delegaciones, profesionales jóvenes, asistentes con presupuestos cerrados, familias con niños… La ciudad no se protege: se vuelve más jerárquica.. La ciudad del futuro no es la que prohíbe más ni la que se centra en la consigna política. Una ciudad es moderna cuando sabe absorber el éxito que esos eventos traen. Barcelona ha decidido ir por el camino de la intervención dañina y contraproducente. Madrid, por el camino del progreso, y puede adaptarse para ser, todavía más, un ejemplo mundial y confirmar su posición entre las capitales del futuro.. La combinación de reducción de VUT legales, altas tasas turísticas y restricciones urbanísticas y normativas siempre produce una capacidad efectiva menor y más rígida, especialmente en picos de demanda como los que generan los grandes congresos. Estas medidas no solucionan los problemas, los agravan y, además, destruyen la capacidad de competir de la ciudad a medio plazo.
