El ministro de Derechos Sociales y Consumo sostiene que la vivienda se ha convertido en el negocio más rentable del país a costa de quienes trabajan y exige elevar de forma drástica el salario del sector de los cuidados para evitar el futuro colapso de la sociedad
Veintiún meses seguidos. Ese es el tiempo que lleva la vivienda como primera preocupación de los españoles en el barómetro del CIS y uno de los temas centrales de la intervención del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la segunda jornada de la quinta edición de Metafuturo, el foro de Atresmedia. Para Bustinduy la crisis de vivienda que asfixia a los españoles no es una anomalía del mercado, sino un resultado lógico de «un sector económico construido, en muchas ocasiones de manera ilegal, para que el precio de la vivienda suba todo lo posible para sacar más beneficio». «Mientras la clase trabajadora está pagando con su desvelo, su angustia, su calidad de vida y su bienestar una situación que ellos no han causado», reprochó. Su solución es tajante y contraria a las recomendaciones de los expertos del sector: «Hay que intervenir por las bravas».. El titular de Derechos Social explicó que la crisis «es el resultado de que se haya impuesto la función mercantil de la vivienda». Su elevada rentabilidad, «por encima de cualquier otro sector de la economía», aseguró, es también «un problema económico en sí», ya que » la especulación en vivienda no crea empleo, no crea inversión productiva, no crea dinamismo económico». «Lo único que hace es extraer rentas salariales de las clases trabajadores para convertirlas en beneficio privado», denunció. El ministro respaldó el diagnóstico con cifras. El 40% de los hogares inquilinos se queda en situación de pobreza después de pagar el alquiler, mientras que las grandes fortunas han duplicado su patrimonio en los últimos cuatro años, y la vivienda, afirmó, «juega un papel esencial en eso».. La receta para acabar con esta crisis, según Bustinduy, pasa por «secar esa espiral especulativa que le está absorbiendo la sangre a los trabajadores en España», haciendo que desaparezcan los incentivos que convierten la vivienda en la inversión más rentable. Es decir, por la vía fiscal, con medidas que movilicen la vivienda disponible hacia el alquiler asequible mientras se reconstruye el parque de vivienda pública, que apenas supone el 1,5% del total, muy lejos de la media europea, con un 7%.. Para ganar tiempo, pese a que Sánchez ha gobernando en coalición con Podemos y luego con Sumar casi ocho años, Bustinduy sacó a relucir una de las medidas estrellas del programa electoral del Frente Amplio: la creación de un impuesto del 10% a propietarios con cuatro o más viviendas, que se aplicaría salvo que los inmuebles a partir del cuarto se destinen a alquiler asequible. Según sus cálculos, hay 1,3 millones de viviendas, entre personas físicas y jurídicas, que podrían pasar a la oferta asequible con esa fórmula.. El objetivo debe ser que ningún hogar destine más del 30% de sus ingresos a la vivienda, de lo contrario, seguirá dándose la misma situación. «Que todas las subidas del SMI, de las pensiones, de las prestaciones no contributivas están siendo absorbidas por la vivienda, que actúa como un mecanismo de trasvase de rentas desde abajo hacia arriba», denunció. «Además, nos cuesta muchísimo dinero más en protección social tener la vivienda como un sumidero que está generando situaciones de riesgo y de exclusión social permanentemente», añadió.. Bustinduy habló de una «clara asimetría» entre el sentido común de la sociedad en derechos sociales y redistribución y lo que ocupa la agenda pública y se vota en el Congreso, y reprochó a Vox y al PP que rechacen medidas que benefician también a sus propios votantes. En este sentido, el titular de Derechos Sociales destacó que esperaba el apoyo de la oposición para su decreto de familias monoparentales, que también amplía derechos para familias numerosas vulnerables. Y no desaprovechó la oportunidad para referirse al líder de Vox, Santiago Abascal, que el día anterior justificó que su esposa, Lidia Bedman, sea beneficiaria del bono social térmico (210 euros al año) por ser familia numerosa, al considerar que esas ayudas «son de justicia». «Las paguitas de los demás no le parecen bien, pero esta me imagino que contará con su voto a favor», ironizó.. Su gran apuesta como ministro es, sin embargo, la Ley de Dependencia, «la gran reforma social de esta legislatura», con una dotación de 6.200 millones entre 2026 y 2027, para acabar con las listas de espera, que según sus datos han mejorado un 20% en el último año, y para refundar el sistema por completo, pasando de un sistema asistencialista centrado en las grandes residencias a uno centrado en la asistencia domiciliaria. Bustinduy reconoció que se llega tarde, pero culpó a los recortes de 5.406 millones de la década pasada.. El reto también es laboral. Las estimaciones del Ministerio indican que en 2030, «pasado mañana», harán falta 300.000 personas más trabajando en el sector, por el envejecimiento, la reducción del tamaño de las familias y la incorporación de la mujer al empleo. La respuesta pasa, primero, por «elevar los salarios de manera drástica». «Una parte de esos 6.200 millones tiene que ir a mejorar las condiciones, por ejemplo, en el sector de la ayuda a domicilio, porque si no no va haber quien haga ese trabajo y la sociedad va a colapsar», advirtió. Pero también con formación, homologación de la experiencia y reconocimiento. «Si mañana los inversores en criptomonedas no fueran a trabajar, no se enteraría nadie, pero si no fueran a trabajar las mujeres que sostienen los cuidados, la sociedad colapsaría», afirmó.
Veintiún meses seguidos. Ese es el tiempo que lleva la vivienda como primera preocupación de los españoles en el barómetro del CIS y uno de los temas centrales de la intervención del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la segunda jornada de la quinta edición de Metafuturo, el foro de Atresmedia. Para Bustinduy la crisis de vivienda que asfixia a los españoles no es una anomalía del mercado, sino un resultado lógico de «un sector económico construido, en muchas ocasiones de manera ilegal, para que el precio de la vivienda suba todo lo posible para sacar más beneficio». «Mientras la clase trabajadora está pagando con su desvelo, su angustia, su calidad de vida y su bienestar una situación que ellos no han causado», reprochó. Su solución es tajante y contraria a las recomendaciones de los expertos del sector: «Hay que intervenir por las bravas».. El titular de Derechos Social explicó que la crisis «es el resultado de que se haya impuesto la función mercantil de la vivienda». Su elevada rentabilidad, «por encima de cualquier otro sector de la economía», aseguró, es también «un problema económico en sí», ya que » la especulación en vivienda no crea empleo, no crea inversión productiva, no crea dinamismo económico». «Lo único que hace es extraer rentas salariales de las clases trabajadores para convertirlas en beneficio privado», denunció. El ministro respaldó el diagnóstico con cifras. El 40% de los hogares inquilinos se queda en situación de pobreza después de pagar el alquiler, mientras que las grandes fortunas han duplicado su patrimonio en los últimos cuatro años, y la vivienda, afirmó, «juega un papel esencial en eso».. La receta para acabar con esta crisis, según Bustinduy, pasa por «secar esa espiral especulativa que le está absorbiendo la sangre a los trabajadores en España», haciendo que desaparezcan los incentivos que convierten la vivienda en la inversión más rentable. Es decir, por la vía fiscal, con medidas que movilicen la vivienda disponible hacia el alquiler asequible mientras se reconstruye el parque de vivienda pública, que apenas supone el 1,5% del total, muy lejos de la media europea, con un 7%.. Para ganar tiempo, pese a que Sánchez ha gobernando en coalición con Podemos y luego con Sumar casi ocho años, Bustinduy sacó a relucir una de las medidas estrellas del programa electoral del Frente Amplio: la creación de un impuesto del 10% a propietarios con cuatro o más viviendas, que se aplicaría salvo que los inmuebles a partir del cuarto se destinen a alquiler asequible. Según sus cálculos, hay 1,3 millones de viviendas, entre personas físicas y jurídicas, que podrían pasar a la oferta asequible con esa fórmula.. El objetivo debe ser que ningún hogar destine más del 30% de sus ingresos a la vivienda, de lo contrario, seguirá dándose la misma situación. «Que todas las subidas del SMI, de las pensiones, de las prestaciones no contributivas están siendo absorbidas por la vivienda, que actúa como un mecanismo de trasvase de rentas desde abajo hacia arriba», denunció. «Además, nos cuesta muchísimo dinero más en protección social tener la vivienda como un sumidero que está generando situaciones de riesgo y de exclusión social permanentemente», añadió.. Bustinduy habló de una «clara asimetría» entre el sentido común de la sociedad en derechos sociales y redistribución y lo que ocupa la agenda pública y se vota en el Congreso, y reprochó a Vox y al PP que rechacen medidas que benefician también a sus propios votantes. En este sentido, el titular de Derechos Sociales destacó que esperaba el apoyo de la oposición para su decreto de familias monoparentales, que también amplía derechos para familias numerosas vulnerables. Y no desaprovechó la oportunidad para referirse al líder de Vox, Santiago Abascal, que el día anterior justificó que su esposa, Lidia Bedman, sea beneficiaria del bono social térmico (210 euros al año) por ser familia numerosa, al considerar que esas ayudas «son de justicia». «Las paguitas de los demás no le parecen bien, pero esta me imagino que contará con su voto a favor», ironizó.. Su gran apuesta como ministro es, sin embargo, la Ley de Dependencia, «la gran reforma social de esta legislatura», con una dotación de 6.200 millones entre 2026 y 2027, para acabar con las listas de espera, que según sus datos han mejorado un 20% en el último año, y para refundar el sistema por completo, pasando de un sistema asistencialista centrado en las grandes residencias a uno centrado en la asistencia domiciliaria. Bustinduy reconoció que se llega tarde, pero culpó a los recortes de 5.406 millones de la década pasada.. El reto también es laboral. Las estimaciones del Ministerio indican que en 2030, «pasado mañana», harán falta 300.000 personas más trabajando en el sector, por el envejecimiento, la reducción del tamaño de las familias y la incorporación de la mujer al empleo. La respuesta pasa, primero, por «elevar los salarios de manera drástica». «Una parte de esos 6.200 millones tiene que ir a mejorar las condiciones, por ejemplo, en el sector de la ayuda a domicilio, porque si no no va haber quien haga ese trabajo y la sociedad va a colapsar», advirtió. Pero también con formación, homologación de la experiencia y reconocimiento. «Si mañana los inversores en criptomonedas no fueran a trabajar, no se enteraría nadie, pero si no fueran a trabajar las mujeres que sostienen los cuidados, la sociedad colapsaría», afirmó.
