La Comisión Europea ha celebrado este martes que España vaya a unirse al «club» de países europeos que prohibirán el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años y ha asegurado que trabajará «mano a mano» con ellos para reforzar la protección de los niños en el uso de Internet, si bien ha avisado de que las normas nacionales no podrán ir más allá de las obligaciones que ya prevé la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés), informa Ep.
«Toda ley aprobada a nivel nacional para, potencialmente, excluir a los menores del acceso a contenidos o plataformas de redes sociales online no puede imponer obligaciones adicionales a las (que ya impone la DSA) a las plataformas de muy gran tamaño, ya que esa es una prerrogativa de la Comisión Europea«, ha explicado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario para Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier.
En este contexto, Regnier ha recordado que el Ejecutivo comunitario ya tiene en desarrollo una aplicación de verificación de edad mínima cuya versión piloto está siendo puesta a prueba por varios países, entre ellos España, para «ajustar» la herramienta a las especificidades de cada país, habida cuenta de que las leyes en la materia son diferentes en cada Estado miembro.
La aplicación de verificación de edad de la Comisión estará disponible en las ‘App Store’ a partir del próximo mes de marzo, según ha apuntado el portavoz, aunque no será obligatoria en todos los Estados miembro hasta final de año. Para entonces, las plataformas deberán contar con una herramienta que permita verificar y validar la edad del usuario y, aunque no estarán obligadas a instalar la versión europea, sí deberán justificar que su alternativa ofrece garantías equivalentes de que con ella se cumplen las normativas nacionales y europeas.
Por ello, Bruselas insiste en que las reglas aplicables deben enmarcarse siempre dentro del reglamento europeo DSA y es la Comisión Europea la responsable de velar por que las reglas en cuestión se apliquen correctamente, en aras, ha dicho el portavoz, de asegurar un efecto «armonizador» que garantice la protección de los usuarios en el conjunto de la Unión Europea.
Con el anuncio de este martes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que las redes sociales estarán prohibidas a los usuarios menores de 16 años -una medida recogida en la ley de protección de menores en entornos digitales actualmente en tramitación parlamentaria-, España se une a otros países como Francia, Dinamarca, Grecia o Austria, que ya están también desarrollando el marco regulador para poner una edad mínima de acceso a estas plataformas.
La edad mínima de acceso es una competencia nacional y, por tanto, le corresponde al Estado miembro establecer ese límite que puede ser distinto al de los otros países de la Unión Europea, lo que complica su desarrollo a nivel europeo y plantea cuestiones como qué legislación se aplicará al menor cuando se desplace por otros países distintos al de su residencia.
Bruselas, de hecho, estudia desde hace meses la posibilidad pero no ha aclarado aún si propondrá fijar una edad mínima común en toda la Unión Europea y de momento se limita a decir que estudian todas las opciones y que próximamente se pondrá en marcha un «panel de expertos» para analizar la situación y barajar propuestas legislativas concretas.
La Comisión Europea ha celebrado este martes que España vaya a unirse al «club» de países europeos que prohibirán el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años y ha asegurado que trabajará «mano a mano» con ellos para reforzar la protección de los niños en el uso de Internet, si bien ha avisado de que las normas nacionales no podrán ir más allá de las obligaciones que ya prevé la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés), informa Ep.. «Toda ley aprobada a nivel nacional para, potencialmente, excluir a los menores del acceso a contenidos o plataformas de redes sociales online no puede imponer obligaciones adicionales a las (que ya impone la DSA) a las plataformas de muy gran tamaño, ya que esa es una prerrogativa de la Comisión Europea», ha explicado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario para Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier.. En este contexto, Regnier ha recordado que el Ejecutivo comunitario ya tiene en desarrollo una aplicación de verificación de edad mínima cuya versión piloto está siendo puesta a prueba por varios países, entre ellos España, para «ajustar» la herramienta a las especificidades de cada país, habida cuenta de que las leyes en la materia son diferentes en cada Estado miembro.. La aplicación de verificación de edad de la Comisión estará disponible en las ‘App Store’ a partir del próximo mes de marzo, según ha apuntado el portavoz, aunque no será obligatoria en todos los Estados miembro hasta final de año. Para entonces, las plataformas deberán contar con una herramienta que permita verificar y validar la edad del usuario y, aunque no estarán obligadas a instalar la versión europea, sí deberán justificar que su alternativa ofrece garantías equivalentes de que con ella se cumplen las normativas nacionales y europeas.. Por ello, Bruselas insiste en que las reglas aplicables deben enmarcarse siempre dentro del reglamento europeo DSA y es la Comisión Europea la responsable de velar por que las reglas en cuestión se apliquen correctamente, en aras, ha dicho el portavoz, de asegurar un efecto «armonizador» que garantice la protección de los usuarios en el conjunto de la Unión Europea.. Con el anuncio de este martes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que las redes sociales estarán prohibidas a los usuarios menores de 16 años -una medida recogida en la ley de protección de menores en entornos digitales actualmente en tramitación parlamentaria-, España se une a otros países como Francia, Dinamarca, Grecia o Austria, que ya están también desarrollando el marco regulador para poner una edad mínima de acceso a estas plataformas.. La edad mínima de acceso es una competencia nacional y, por tanto, le corresponde al Estado miembro establecer ese límite que puede ser distinto al de los otros países de la Unión Europea, lo que complica su desarrollo a nivel europeo y plantea cuestiones como qué legislación se aplicará al menor cuando se desplace por otros países distintos al de su residencia.. Bruselas, de hecho, estudia desde hace meses la posibilidad pero no ha aclarado aún si propondrá fijar una edad mínima común en toda la Unión Europea y de momento se limita a decir que estudian todas las opciones y que próximamente se pondrá en marcha un «panel de expertos» para analizar la situación y barajar propuestas legislativas concretas.
La Comisión Europea destaca que la edad mínima es competencia nacional, pero recuerda que las normas españolas deben ajustarse a la Ley de Servicios Digitales y anuncia una app piloto de verificación de edad para garantizar su cumplimiento en toda la UE
La Comisión Europea ha celebrado este martes que España vaya a unirse al «club» de países europeos que prohibirán el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años y ha asegurado que trabajará «mano a mano» con ellos para reforzar la protección de los niños en el uso de Internet, si bien ha avisado de que las normas nacionales no podrán ir más allá de las obligaciones que ya prevé la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés), informa Ep.. «Toda ley aprobada a nivel nacional para, potencialmente, excluir a los menores del acceso a contenidos o plataformas de redes sociales online no puede imponer obligaciones adicionales a las (que ya impone la DSA) a las plataformas de muy gran tamaño, ya que esa es una prerrogativa de la Comisión Europea», ha explicado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario para Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier.. En este contexto, Regnier ha recordado que el Ejecutivo comunitario ya tiene en desarrollo una aplicación de verificación de edad mínima cuya versión piloto está siendo puesta a prueba por varios países, entre ellos España, para «ajustar» la herramienta a las especificidades de cada país, habida cuenta de que las leyes en la materia son diferentes en cada Estado miembro.. La aplicación de verificación de edad de la Comisión estará disponible en las ‘App Store’ a partir del próximo mes de marzo, según ha apuntado el portavoz, aunque no será obligatoria en todos los Estados miembro hasta final de año. Para entonces, las plataformas deberán contar con una herramienta que permita verificar y validar la edad del usuario y, aunque no estarán obligadas a instalar la versión europea, sí deberán justificar que su alternativa ofrece garantías equivalentes de que con ella se cumplen las normativas nacionales y europeas.. Por ello, Bruselas insiste en que las reglas aplicables deben enmarcarse siempre dentro del reglamento europeo DSA y es la Comisión Europea la responsable de velar por que las reglas en cuestión se apliquen correctamente, en aras, ha dicho el portavoz, de asegurar un efecto «armonizador» que garantice la protección de los usuarios en el conjunto de la Unión Europea.. Con el anuncio de este martes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que las redes sociales estarán prohibidas a los usuarios menores de 16 años -una medida recogida en la ley de protección de menores en entornos digitales actualmente en tramitación parlamentaria-, España se une a otros países como Francia, Dinamarca, Grecia o Austria, que ya están también desarrollando el marco regulador para poner una edad mínima de acceso a estas plataformas.. La edad mínima de acceso es una competencia nacional y, por tanto, le corresponde al Estado miembro establecer ese límite que puede ser distinto al de los otros países de la Unión Europea, lo que complica su desarrollo a nivel europeo y plantea cuestiones como qué legislación se aplicará al menor cuando se desplace por otros países distintos al de su residencia.. Bruselas, de hecho, estudia desde hace meses la posibilidad pero no ha aclarado aún si propondrá fijar una edad mínima común en toda la Unión Europea y de momento se limita a decir que estudian todas las opciones y que próximamente se pondrá en marcha un «panel de expertos» para analizar la situación y barajar propuestas legislativas concretas.
