La organización ecologista Greenpeace considera que se necesitan unos 1.000 millones de euros anuales en prevención ante una evolución de los incendios forestales hacia episodios cada vez más graves que está siendo «mucho más rápida de lo esperado», con grandes fuegos que concentran la mayor parte de la superficie quemada.
En lo que va de 2026, más del 76% de la superficie afectada por incendios se ha concentrado en 42 grandes incendios forestales, mientras que el año pasado solo el 0,77% de los fuegos fue responsable del 86% de la superficie quemada, señala la organización, informa Efe.
«Hay un descenso del número de incendios, pero un aumento exponencial de la superficie quemada por grandes incendios forestales», ha señalado el responsable de la campaña de bosques de la organización, Miguel Ángel Soto, en un comunicado de prensa.
El responsable considera que los récords registrados este año «evidencian la magnitud de una emergencia que exige reforzar la prevención, adaptar el territorio al riesgo y anticiparse al fuego».
Para Greenpeace, reducir las igniciones es solo una parte de la prevención, que también debe centrarse en gestionar el territorio para limitar la propagación de las llamas mediante tratamientos selvícolas, discontinuidades en la vegetación y el mantenimiento de mosaicos agroforestales.
España cuenta con casi 29 millones de hectáreas forestales, pero solo el 27,8% de esa superficie dispone de planes de ordenación, conforme a los datos aportados por la organización, que reclama una mayor gestión para crear paisajes más resistentes a los grandes incendios.
La adaptación debe alcanzar también a las poblaciones situadas junto a zonas forestales, donde Greenpeace pide aplicar los planes de prevención, emergencia y autoprotección, además de mejorar los sistemas de aviso y preparación de la ciudadanía.
«El cambio climático está convirtiendo cada vez más incendios en auténticas emergencias de protección civil»; sostiene en la nota.
En total, Greenpeace calcula que los grandes incendios han supuesto este año un coste de entre 2.000 y 3.800 millones de euros, sin incluir daños en infraestructuras, pérdidas económicas, indemnizaciones o deterioro de los ecosistemas.
Frente a esta factura, Soto sostiene que «por cada euro invertido se pueden evitar hasta 100 euros en costes de extinción» y reclama, junto a otras entidades expertas, 1.000 millones de euros anuales para gestionar el paisaje y reducir el riesgo.
Exige, además, «voluntad política» para aplicar medidas que ya han sido consensuadas por expertos, profesionales y organizaciones sociales y advierte de que «la clase política no está a la altura» ante una emergencia que también agrava la desertificación y la degradación de los ecosistemas.
La organización ecologista Greenpeace considera que se necesitan unos 1.000 millones de euros anuales en prevención ante una evolución de los incendios forestales hacia episodios cada vez más graves que está siendo «mucho más rápida de lo esperado», con grandes fuegos que concentran la mayor parte de la superficie quemada.. En lo que va de 2026, más del 76% de la superficie afectada por incendios se ha concentrado en 42 grandes incendios forestales, mientras que el año pasado solo el 0,77% de los fuegos fue responsable del 86% de la superficie quemada, señala la organización, informa Efe.. «Hay un descenso del número de incendios, pero un aumento exponencial de la superficie quemada por grandes incendios forestales», ha señalado el responsable de la campaña de bosques de la organización, Miguel Ángel Soto, en un comunicado de prensa.. El responsable considera que los récords registrados este año «evidencian la magnitud de una emergencia que exige reforzar la prevención, adaptar el territorio al riesgo y anticiparse al fuego».. Para Greenpeace, reducir las igniciones es solo una parte de la prevención, que también debe centrarse en gestionar el territorio para limitar la propagación de las llamas mediante tratamientos selvícolas, discontinuidades en la vegetación y el mantenimiento de mosaicos agroforestales.. España cuenta con casi 29 millones de hectáreas forestales, pero solo el 27,8% de esa superficie dispone de planes de ordenación, conforme a los datos aportados por la organización, que reclama una mayor gestión para crear paisajes más resistentes a los grandes incendios.. La adaptación debe alcanzar también a las poblaciones situadas junto a zonas forestales, donde Greenpeace pide aplicar los planes de prevención, emergencia y autoprotección, además de mejorar los sistemas de aviso y preparación de la ciudadanía.. «El cambio climático está convirtiendo cada vez más incendios en auténticas emergencias de protección civil»; sostiene en la nota.. En total, Greenpeace calcula que los grandes incendios han supuesto este año un coste de entre 2.000 y 3.800 millones de euros, sin incluir daños en infraestructuras, pérdidas económicas, indemnizaciones o deterioro de los ecosistemas.. Frente a esta factura, Soto sostiene que «por cada euro invertido se pueden evitar hasta 100 euros en costes de extinción» y reclama, junto a otras entidades expertas, 1.000 millones de euros anuales para gestionar el paisaje y reducir el riesgo.. Exige, además, «voluntad política» para aplicar medidas que ya han sido consensuadas por expertos, profesionales y organizaciones sociales y advierte de que «la clase política no está a la altura» ante una emergencia que también agrava la desertificación y la degradación de los ecosistemas.
Greenpeace estima que los grandes incendios han supuesto este año un coste de entre 2.000 y 3.800 millones de euros
La organización ecologista Greenpeace considera que se necesitan unos 1.000 millones de euros anuales en prevención ante una evolución de los incendios forestales hacia episodios cada vez más graves que está siendo «mucho más rápida de lo esperado», con grandes fuegos que concentran la mayor parte de la superficie quemada.. En lo que va de 2026, más del 76% de la superficie afectada por incendios se ha concentrado en 42 grandes incendios forestales, mientras que el año pasado solo el 0,77% de los fuegos fue responsable del 86% de la superficie quemada, señala la organización, informa Efe.. «Hay un descenso del número de incendios, pero un aumento exponencial de la superficie quemada por grandes incendios forestales», ha señalado el responsable de la campaña de bosques de la organización, Miguel Ángel Soto, en un comunicado de prensa.. El responsable considera que los récords registrados este año «evidencian la magnitud de una emergencia que exige reforzar la prevención, adaptar el territorio al riesgo y anticiparse al fuego».. Para Greenpeace, reducir las igniciones es solo una parte de la prevención, que también debe centrarse en gestionar el territorio para limitar la propagación de las llamas mediante tratamientos selvícolas, discontinuidades en la vegetación y el mantenimiento de mosaicos agroforestales.. España cuenta con casi 29 millones de hectáreas forestales, pero solo el 27,8% de esa superficie dispone de planes de ordenación, conforme a los datos aportados por la organización, que reclama una mayor gestión para crear paisajes más resistentes a los grandes incendios.. La adaptación debe alcanzar también a las poblaciones situadas junto a zonas forestales, donde Greenpeace pide aplicar los planes de prevención, emergencia y autoprotección, además de mejorar los sistemas de aviso y preparación de la ciudadanía.. «El cambio climático está convirtiendo cada vez más incendios en auténticas emergencias de protección civil»; sostiene en la nota.. En total, Greenpeace calcula que los grandes incendios han supuesto este año un coste de entre 2.000 y 3.800 millones de euros, sin incluir daños en infraestructuras, pérdidas económicas, indemnizaciones o deterioro de los ecosistemas.. Frente a esta factura, Soto sostiene que «por cada euro invertido se pueden evitar hasta 100 euros en costes de extinción» y reclama, junto a otras entidades expertas, 1.000 millones de euros anuales para gestionar el paisaje y reducir el riesgo.. Exige, además, «voluntad política» para aplicar medidas que ya han sido consensuadas por expertos, profesionales y organizaciones sociales y advierte de que «la clase política no está a la altura» ante una emergencia que también agrava la desertificación y la degradación de los ecosistemas.
