El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas tiende a reducirse, pero está lejos de desaparecer y Cataluña sigue manteniendo una dinámica desproporcionada con respecto al resto de comunidades autónomas. El año pasado las denuncias por la vía penal cayeron un 15%, pero sigue siendo la autonomía donde el problema es mayor con mucha diferencia: con 5.913 demandas, concentra el 39,7% de las de toda España (su población representa el 16%) y sus cuatro provincias son las que cuentan con mayor proporción por cada 100.000 habitantes, según los datos de usurpación y allanamientos de inmuebles que elabora el Ministerio del Interior. En los juzgados de lo civil se efectuaron otras 377 denuncias por haber ocupado un piso sin consentimiento del titular en 2025. Esas estadísticas, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), muestran que son un 18,6% menos que un año antes y representan una de cada cinco de las que se producen en todo el Estado.Seguir leyendo
El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas tiende a reducirse, pero está lejos de desaparecer y Cataluña sigue manteniendo una dinámica desproporcionada con respecto al resto de comunidades autónomas. El año pasado las denuncias por la vía penal cayeron un 15%, pero sigue siendo la autonomía donde el problema es mayor con mucha diferencia: con 5.913 demandas, concentra el 39,7% de las de toda España (su población representa el 16%) y sus cuatro provincias son las que cuentan con mayor proporción por cada 100.000 habitantes, según los datos de usurpación y allanamientos de inmuebles que elabora el Ministerio del Interior. En los juzgados de lo civil se efectuaron otras 377 denuncias por haber ocupado un piso sin consentimiento del titular en 2025. Esas estadísticas, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), muestran que son un 18,6% menos que un año antes y representan una de cada cinco de las que se producen en todo el Estado.Esas estadísticas nada tienen que ver con el desahucio que el pasado 26 de junio sufrieron Jordi Galí y su familia, que tras 22 años tuvieron que abandonar, desahuciados, su vivienda en la calle de Marina de Barcelona. Su caso, decidido también en los juzgados, estaba motivado por el impago del alquiler por su incapacidad económica. La ocupación ilegal, en cambio, se refiere a la entrada en una vivienda sin contrato ni permiso de los propietarios, no al incumplimiento o a la finalización de contratos. La mejora de la situación que muestran las estadísticas responde a motivos diversos, según coinciden diferentes fuentes consultadas. En el caso de las usurpaciones de pisos vacíos y allanamientos de viviendas no vacías (son primeras o segundas residencias y representan en torno a un 10% del total de los casos), la razón se encuentra en que los propietarios cada vez adoptan mayores medidas de seguridad ante la alarma social que genera el fenómeno en Cataluña. También en España, donde la cifra ha caído un 9%. En el caso de las ocupaciones denunciadas por lo civil, que es la estadística que más tienen en cuenta las entidades sociales para explicar las ocupaciones de familias vulnerables, la caída podría tener su explicación en la entrada en vigor en abril pasado de los medios adecuados de solución de controversias (más conocidos por sus siglas MASC), un mecanismo que obliga, con mediación, a buscar un pacto entre litigantes antes de presentar denuncia en los juzgados. Las estadísticas trimestrales del pasado año muestran cómo en el segundo y el tercer trimestre cayeron significativamente las denuncias, si bien en los últimos tres meses de 2025 estas volvieron a aumentar. Esa explicación, sin embargo, queda ligeramente desvirtuada por los datos del primer trimestre de 2026, cuando se produjeron solo 88 casos respecto a los 122 del mismo periodo de un año antes, otra caída. Las entidades sociales especializadas en el ámbito de la vivienda consideran que los datos de 2025 no
Las medidas preventivas ante la alarma social y la mediación obligada antes de denunciar en los tribunales de lo civil reducen las denuncias
