Entrevista con el asesor fiscal británico que es coautor del libro «Hacienda contra el Pueblo». El antiguo asesor fiscal de Tony Blair y Gordon Brown denuncia que Hacienda está cometiendo violaciones de derechos, además de acusar a esta entidad de encubrir información y a la Justicia de estar manipulada.
En tres décadas de experiencia internacional, Christopher Wales –asesor fiscal británico que trabajó para los primeros ministros Tony Blair y Gordon Brown– asegura no haber presenciado un mecanismo de presión estatal tan descontrolado como el quedespliega Hacienda en España. Coautor del libro blanco «Hacienda contra el Pueblo» presentado en mayo por el bufete Amsterdam & Partners, Wales describe una estrategia de acoso y violaciones de derechos que alcanza tanto a contribuyentes nacionales como a extranjeros, estos últimos atrapados en la Ley Beckham. En el centro de la polémica, un sistema de bonificaciones millonarias a inspectores, que premia la recaudación y alimenta la coacción y el uso del concepto de «simulación», capaz de anular operaciones legítimas. Un engranaje que, advierten, constituye una violación sistemática y deliberada de los derechos humanos.
¿Por qué el régimen de impatriados español o Ley Beckham es un tema de derechos humanos en España?
El régimen español de impatriados históricamente no ha estado enfocado a ningún sector en particular. Básicamente decía que si eras extranjero, o incluso un español que regresaba, y venías a trabajar, cumplías unos requisitos básicos y entonces podías beneficiarte de una tarifa plana reducida de IRPF, y no se te gravaban los ingresos o el patrimonio que tuvieras fuera de España. Algunos economistas han criticado que ese régimen es demasiado amplio y no está enfocado en sectores donde España necesita talento.
Más recientemente, a finales de 2023, se introdujeron cambios para 2024 con el fin de atraer a los llamados «nómadas digitales» bajo la Ley Beckham. Esta es una aproximación más dirigida, pero, como siempre en España, tienes que pasar por 27 obstáculos diferentes y papeleos para demostrar que eres el tipo correcto de persona lo que, sospecho, disuade a mucha gente de venir.
¿Por qué esto es un tema de derechos humanos en España? Bueno, francamente, toda la aplicación del sistema fiscal en España es un problema de derechos humanos. Antes de empezar a investigar el sistema fiscal español, yo también cometí el error que comete mucha gente: asumí que España, como miembro de la UE, operaba su sistema fiscal de forma regular, siguiendo normas y procedimientos normales. Pero ha sido toda una sorpresa para mí descubrir lo diferente que es. He trabajado en decenas de países en los últimos 20–30 años, incluso en lugares difíciles como Uganda, Tanzania o Ruanda, donde los derechos humanos no son especialmente fuertes y también hay problemas fiscales.
Hablé con un amigo mío que fue hasta hace poco jefe de política fiscal en el Ministerio de Finanzas de Uganda. Ahora es comisionado de servicios financieros. Esta mañana intercambiamos mensajes por WhatsApp y me dijo, literalmente, «siempre he sospechado de la conducta del sistema fiscal español. Las autoridades fiscales tienen demasiado poder discrecional. Si no se controla, la posibilidad de abuso es altísima. Es muy grave. Esperaría que, siendo miembro de la UE, estuvieran sujetos a algún código de conducta sobre ética fiscal. ¿Cómo llegaron a convertirse en una organización casi terrorista?» Y esto lo dice alguien que ocupó el cargo fiscal más alto en Uganda.
Esto es un problema de derechos humanos porque, francamente, el funcionamiento del sistema fiscal en España está fuera de control. Los contribuyentes están sometidos a una presión tremenda para pagar impuestos que a menudo no deben legalmente, pero tienen tanto miedo al poder de Hacienda que pagan y luego se esconden esperando que no les pase nada peor.
Amsterdam & Partners habla de persecución y vidas perdidas. Pero Hacienda sostiene que en la última década solo el 0,05% de los 337.000 beneficiarios de la Ley Beckham han sido investigados, y de las inspecciones realizadas, el 70% terminó con acuerdo o aceptación. ¿Qué opina de estas cifras?
En primer lugar, Hacienda lanza estos números sin proporcionar nunca evidencia. Ese 0,05% lo han repetido muchas veces. Estos números no pueden ser ciertos. Si realmente fuese solo el 0,05%, tendría que creer que hemos hablado con todos ellos, y claramente no es así. Así que primero, que presenten pruebas en lugar de cifras absurdas. Respecto al 70% que aceptaron acuerdos, Robert Amsterdam ya ha dado su opinión, y la comparto. Si alguien te apunta con una pistola a la cabeza, tú dices «vale, pago». Eso es esencialmente lo que hace Hacienda. Ofrecen un acuerdo, a veces con reducción del importe y sobre todo con menores sanciones, que son escandalosas, 50%, 125% o hasta 150%. Pero los contribuyentes saben que si luchan, Hacienda les puede hacer la vida un infierno durante años, la Justicia es lentísima en los casos fiscales, hay que pagar por adelantado para recurrir, hay embargos de bienes, daños reputacionales…. Así que es comprensible que mucha gente pague aunque no deba nada. Es una situación escandalosa. No conozco ningún otro lugar del mundo donde la gente se sienta tan intimidada para pagar lo que no debe.
¿Por qué es tan difícil abrir un debate público sobre los derechos del contribuyente y el abuso de poder de Hacienda?
Al principio fue difícil encontrar gente dispuesta a hablar públicamente del tema. Como extranjeros no residentes, tenemos el privilegio de no poder ser auditados por Hacienda, no tenemos propiedades ni negocios en España, así que les resulta difícil intimidarnos como hacen con los demás.
Creemos que ahora estamos llegando a un punto en el que es posible tener un debate más abierto sobre la necesidad de reformar la administración tributaria en España. No hay ninguna razón por la que en un entorno democrático normal, si podemos pensar en España como tal, los ciudadanos deban ser tratados de esta manera. Están pasando cosas terribles. Por ejemplo, el joven agricultor que lideró protestas en contra del Gobierno y acabó suicidándose tras una persecución fiscal. Hay muchos casos en los que parece que una inspección fiscal se usó como represalia por oponerse al Gobierno. Es indignante. Mi amigo en Uganda lo dijo claro: «Es increíble que semejante nivel de chantaje exista sin control».
En una situación donde hay más debate público sobre los temas es posible avanzar al siguiente paso, que consiste en identificar no solo las áreas donde se necesitan reformas, sino también los tipos específicos de reforma, las medidas que se requieren.. Aquí en España está claro que queda mucho por hacer en la administración, y eso es lo más urgente.
¿Por qué considera que el sistema de bonificaciones a los inspectores fiscales en España es ilegal o incluso contrario al Derecho europeo e internacional?
España tiene un sistema de bonificaciones bastante diferente al de casi cualquier otro país del mundo para inspectores fiscales. En mi experiencia, es único. Hemos realizado un estudio en equipo sobre los derechos de los contribuyentes en 21 países, la mayoría miembros de la OCDE, y no hemos encontrado en esos 21 países un sistema de bonificación similar al que opera en España. La directora general de la Agencia Tributaria afirma que tres cuartas partes de los países de la OCDE tienen algún tipo de sistema de bonificación por eficiencia, productividad y similares. Lo tienen. Pero no se parece en nada al sistema español. No se centran en la recaudación, sino en la eficiencia de los procesos.
En 2022, cuando la Asociación de Asesores Fiscales de España planteó numerosas preguntas sobre el sistema de bonificaciones para el personal de la Agencia Tributaria, se les informó por escrito que las bonificaciones por productividad eran del 1,4% de la remuneración. Desde entonces, la Agencia Tributaria ha implementado sistemas de bonificaciones anuales de diferentes tipos, alcances y cuantías, incluyendo el de este año. Sin embargo, cada vez que se pregunta por las bonificaciones, siempre se trata del 1,4% del salario.
Si haces los cálculos, como hicimos hace un mes aproximadamente, el plan de bonificaciones para 2025 es de 125 millones de euros. Hay unos 25.000 empleados de la Agencia Tributaria. Si todos recibieran la misma cantidad, cobrarían 5.000 euros totalmente vinculados a la recaudación. Si eso supone el 1,4% de su remuneración, según mis cálculos, significa que el salario medio en la Agencia Tributaria es de 357.000 euros. Bueno, no creo que realmente se les pague tanto. Es una completa tontería, la verdad. Y deberían avergonzarse. Solo se salen con la suya porque tienen cobertura política. El sistema de las bonificaciones está en buena parte detrás de todo este problema. Si existe un sistema que anima a los agentes a comportarse de cierta manera para obtener más dinero, eso es lo que harán.
¿De qué forma el uso del concepto de «simulación» por parte de Hacienda se está tergiversando para castigar al contribuyente sin base legal?
La simulación es un arma ideal para un inspector de Hacienda. Cuanto mejor sea la documentación de tu empresa, más probable es que digan que es una simulación perfecta, es un fraude perfecto. Les dicen que, a efectos fiscales, su negocio no existe y que todo tiene que gravarse a su nombre con la amenaza de imponer multas del 125%. Si te conformas para evitar juicios y multas mayores estás admitiendo culpabilidad.
Los tribunales están amañados en tu contra porque la legislación, la Ley General Tributaria, dice que las presunciones de los inspectores de que diriges un negocio personal y no una empresa legítima deben ser creídas a menos que tengas pruebas contundentes de lo contrario. Y todos sabemos que en España, sobre todo en los tribunales inferiores, que no son independientes, es casi imposible demostrar que tu negocio es legítimo. La carga de la prueba se ha trasladado de la Agencia Tributaria, que normalmente debía demostrar que tu negocio era una farsa. Así que quien tiene que demostrar que no lo es es el individuo. Y ese es uno de los abusos de derechos humanos más significativos.
Claro que hay gente que crea empresas ficticias, y la mayoría de los gobiernos tienen algún tipo de legislación antielusión fiscal que podrían aplicar en esos casos extremos. Pero en España es un recurso habitual como argumento contra el contribuyente.
Teniendo todo esto en cuenta, ¿cuáles son los pilares de la estrategia legal de Amsterdam & Partners contra Hacienda?
Utilizaremos todos los medios posibles para presionar a los gobiernos a que cambien. Está claro que lo que se está haciendo vulnera muchos de los derechos fundamentales consagrados en la UE. Hay cuestiones que deben abordarse en la propia España, a través de los tribunales españoles, pero también a través de la ONU y Roberts Amsterdam ha escrito a la OCDE expresando su profunda preocupación por diversas prácticas de la Agencia Tributaria española. Hay muchísimos foros en los que podemos presentar nuestros argumentos, incluyendo varios tribunales en España y fuera de España. Y lo haremos. Pero, siendo sinceros, lo más importante no es intentar ganar litigios. Lo más importante para los ciudadanos españoles es conseguir un cambio. Sí, también hay extranjeros que sufren pero, francamente, todos en España viven con miedo a la Agencia Tributaria.
Ampliaremos nuestro libro blanco. Analizaremos la situación en otros países de forma comparativa y luego estableceremos las medidas legislativas y de otro tipo que deben adoptarse. La intención es fomentar una reforma muy sustancial en áreas de la administración tributaria española donde las cosas van muy mal.
¿Cree que esta presión internacional puede realmente obligar al Gobierno español a realizar una reforma fiscal?
Ese es el objetivo de lo que estamos haciendo. El Gobierno finalmente se dará cuenta de que no vale la pena hacer lo que está haciendo ahora. Porque simplemente se quedarán sin margen. La gente de fuera de España, personas importantes, inversores, organizaciones internacionales de un tipo u otro, se darán cuenta de que no se puede hacer negocios con el Gobierno español de forma segura mientras siga comportándose así. La solución está en sus manos, y solo en ellas. Si el Gobierno no actúa, entonces, en mi opinión, políticamente hablando, probablemente sea inepto.
En tres décadas de experiencia internacional, Christopher Wales –asesor fiscal británico que trabajó para los primeros ministros Tony Blair y Gordon Brown– asegura no haber presenciado un mecanismo de presión estatal tan descontrolado como el quedespliega Hacienda en España. Coautor del libro blanco «Hacienda contra el Pueblo» presentado en mayo por el bufete Amsterdam & Partners, Wales describe una estrategia de acoso y violaciones de derechos que alcanza tanto a contribuyentes nacionales como a extranjeros, estos últimos atrapados en la Ley Beckham. En el centro de la polémica, un sistema de bonificaciones millonarias a inspectores, que premia la recaudación y alimenta la coacción y el uso del concepto de «simulación», capaz de anular operaciones legítimas. Un engranaje que, advierten, constituye una violación sistemática y deliberada de los derechos humanos.
¿Por qué el régimen de impatriados español o Ley Beckham es un tema de derechos humanos en España?
El régimen español de impatriados históricamente no ha estado enfocado a ningún sector en particular. Básicamente decía que si eras extranjero, o incluso un español que regresaba, y venías a trabajar, cumplías unos requisitos básicos y entonces podías beneficiarte de una tarifa plana reducida de IRPF, y no se te gravaban los ingresos o el patrimonio que tuvieras fuera de España. Algunos economistas han criticado que ese régimen es demasiado amplio y no está enfocado en sectores donde España necesita talento.
Más recientemente, a finales de 2023, se introdujeron cambios para 2024 con el fin de atraer a los llamados «nómadas digitales» bajo la Ley Beckham. Esta es una aproximación más dirigida, pero, como siempre en España, tienes que pasar por 27 obstáculos diferentes y papeleos para demostrar que eres el tipo correcto de persona lo que, sospecho, disuade a mucha gente de venir.
¿Por qué esto es un tema de derechos humanos en España? Bueno, francamente, toda la aplicación del sistema fiscal en España es un problema de derechos humanos. Antes de empezar a investigar el sistema fiscal español, yo también cometí el error que comete mucha gente: asumí que España, como miembro de la UE, operaba su sistema fiscal de forma regular, siguiendo normas y procedimientos normales. Pero ha sido toda una sorpresa para mí descubrir lo diferente que es. He trabajado en decenas de países en los últimos 20–30 años, incluso en lugares difíciles como Uganda, Tanzania o Ruanda, donde los derechos humanos no son especialmente fuertes y también hay problemas fiscales.
Hablé con un amigo mío que fue hasta hace poco jefe de política fiscal en el Ministerio de Finanzas de Uganda. Ahora es comisionado de servicios financieros. Esta mañana intercambiamos mensajes por WhatsApp y me dijo, literalmente, «siempre he sospechado de la conducta del sistema fiscal español. Las autoridades fiscales tienen demasiado poder discrecional. Si no se controla, la posibilidad de abuso es altísima. Es muy grave. Esperaría que, siendo miembro de la UE, estuvieran sujetos a algún código de conducta sobre ética fiscal. ¿Cómo llegaron a convertirse en una organización casi terrorista?» Y esto lo dice alguien que ocupó el cargo fiscal más alto en Uganda.
Esto es un problema de derechos humanos porque, francamente, el funcionamiento del sistema fiscal en España está fuera de control. Los contribuyentes están sometidos a una presión tremenda para pagar impuestos que a menudo no deben legalmente, pero tienen tanto miedo al poder de Hacienda que pagan y luego se esconden esperando que no les pase nada peor.
Amsterdam & Partners habla de persecución y vidas perdidas. Pero Hacienda sostiene que en la última década solo el 0,05% de los 337.000 beneficiarios de la Ley Beckham han sido investigados, y de las inspecciones realizadas, el 70% terminó con acuerdo o aceptación. ¿Qué opina de estas cifras?
En primer lugar, Hacienda lanza estos números sin proporcionar nunca evidencia. Ese 0,05% lo han repetido muchas veces. Estos números no pueden ser ciertos. Si realmente fuese solo el 0,05%, tendría que creer que hemos hablado con todos ellos, y claramente no es así. Así que primero, que presenten pruebas en lugar de cifras absurdas. Respecto al 70% que aceptaron acuerdos, Robert Amsterdam ya ha dado su opinión, y la comparto. Si alguien te apunta con una pistola a la cabeza, tú dices «vale, pago». Eso es esencialmente lo que hace Hacienda. Ofrecen un acuerdo, a veces con reducción del importe y sobre todo con menores sanciones, que son escandalosas, 50%, 125% o hasta 150%. Pero los contribuyentes saben que si luchan, Hacienda les puede hacer la vida un infierno durante años, la Justicia es lentísima en los casos fiscales, hay que pagar por adelantado para recurrir, hay embargos de bienes, daños reputacionales…. Así que es comprensible que mucha gente pague aunque no deba nada. Es una situación escandalosa. No conozco ningún otro lugar del mundo donde la gente se sienta tan intimidada para pagar lo que no debe.
¿Por qué es tan difícil abrir un debate público sobre los derechos del contribuyente y el abuso de poder de Hacienda?
Al principio fue difícil encontrar gente dispuesta a hablar públicamente del tema. Como extranjeros no residentes, tenemos el privilegio de no poder ser auditados por Hacienda, no tenemos propiedades ni negocios en España, así que les resulta difícil intimidarnos como hacen con los demás.
Creemos que ahora estamos llegando a un punto en el que es posible tener un debate más abierto sobre la necesidad de reformar la administración tributaria en España. No hay ninguna razón por la que en un entorno democrático normal, si podemos pensar en España como tal, los ciudadanos deban ser tratados de esta manera. Están pasando cosas terribles. Por ejemplo, el joven agricultor que lideró protestas en contra del Gobierno y acabó suicidándose tras una persecución fiscal. Hay muchos casos en los que parece que una inspección fiscal se usó como represalia por oponerse al Gobierno. Es indignante. Mi amigo en Uganda lo dijo claro: «Es increíble que semejante nivel de chantaje exista sin control».
En una situación donde hay más debate público sobre los temas es posible avanzar al siguiente paso, que consiste en identificar no solo las áreas donde se necesitan reformas, sino también los tipos específicos de reforma, las medidas que se requieren.. Aquí en España está claro que queda mucho por hacer en la administración, y eso es lo más urgente.
¿Por qué considera que el sistema de bonificaciones a los inspectores fiscales en España es ilegal o incluso contrario al Derecho europeo e internacional?
España tiene un sistema de bonificaciones bastante diferente al de casi cualquier otro país del mundo para inspectores fiscales. En mi experiencia, es único. Hemos realizado un estudio en equipo sobre los derechos de los contribuyentes en 21 países, la mayoría miembros de la OCDE, y no hemos encontrado en esos 21 países un sistema de bonificación similar al que opera en España. La directora general de la Agencia Tributaria afirma que tres cuartas partes de los países de la OCDE tienen algún tipo de sistema de bonificación por eficiencia, productividad y similares. Lo tienen. Pero no se parece en nada al sistema español. No se centran en la recaudación, sino en la eficiencia de los procesos.
En 2022, cuando la Asociación de Asesores Fiscales de España planteó numerosas preguntas sobre el sistema de bonificaciones para el personal de la Agencia Tributaria, se les informó por escrito que las bonificaciones por productividad eran del 1,4% de la remuneración. Desde entonces, la Agencia Tributaria ha implementado sistemas de bonificaciones anuales de diferentes tipos, alcances y cuantías, incluyendo el de este año. Sin embargo, cada vez que se pregunta por las bonificaciones, siempre se trata del 1,4% del salario.
Si haces los cálculos, como hicimos hace un mes aproximadamente, el plan de bonificaciones para 2025 es de 125 millones de euros. Hay unos 25.000 empleados de la Agencia Tributaria. Si todos recibieran la misma cantidad, cobrarían 5.000 euros totalmente vinculados a la recaudación. Si eso supone el 1,4% de su remuneración, según mis cálculos, significa que el salario medio en la Agencia Tributaria es de 357.000 euros. Bueno, no creo que realmente se les pague tanto. Es una completa tontería, la verdad. Y deberían avergonzarse. Solo se salen con la suya porque tienen cobertura política. El sistema de las bonificaciones está en buena parte detrás de todo este problema. Si existe un sistema que anima a los agentes a comportarse de cierta manera para obtener más dinero, eso es lo que harán.
¿De qué forma el uso del concepto de «simulación» por parte de Hacienda se está tergiversando para castigar al contribuyente sin base legal?
La simulación es un arma ideal para un inspector de Hacienda. Cuanto mejor sea la documentación de tu empresa, más probable es que digan que es una simulación perfecta, es un fraude perfecto. Les dicen que, a efectos fiscales, su negocio no existe y que todo tiene que gravarse a su nombre con la amenaza de imponer multas del 125%. Si te conformas para evitar juicios y multas mayores estás admitiendo culpabilidad.
Los tribunales están amañados en tu contra porque la legislación, la Ley General Tributaria, dice que las presunciones de los inspectores de que diriges un negocio personal y no una empresa legítima deben ser creídas a menos que tengas pruebas contundentes de lo contrario. Y todos sabemos que en España, sobre todo en los tribunales inferiores, que no son independientes, es casi imposible demostrar que tu negocio es legítimo. La carga de la prueba se ha trasladado de la Agencia Tributaria, que normalmente debía demostrar que tu negocio era una farsa. Así que quien tiene que demostrar que no lo es es el individuo. Y ese es uno de los abusos de derechos humanos más significativos.
Claro que hay gente que crea empresas ficticias, y la mayoría de los gobiernos tienen algún tipo de legislación antielusión fiscal que podrían aplicar en esos casos extremos. Pero en España es un recurso habitual como argumento contra el contribuyente.
Teniendo todo esto en cuenta, ¿cuáles son los pilares de la estrategia legal de Amsterdam & Partners contra Hacienda?
Utilizaremos todos los medios posibles para presionar a los gobiernos a que cambien. Está claro que lo que se está haciendo vulnera muchos de los derechos fundamentales consagrados en la UE. Hay cuestiones que deben abordarse en la propia España, a través de los tribunales españoles, pero también a través de la ONU y Roberts Amsterdam ha escrito a la OCDE expresando su profunda preocupación por diversas prácticas de la Agencia Tributaria española. Hay muchísimos foros en los que podemos presentar nuestros argumentos, incluyendo varios tribunales en España y fuera de España. Y lo haremos. Pero, siendo sinceros, lo más importante no es intentar ganar litigios. Lo más importante para los ciudadanos españoles es conseguir un cambio. Sí, también hay extranjeros que sufren pero, francamente, todos en España viven con miedo a la Agencia Tributaria.
Ampliaremos nuestro libro blanco. Analizaremos la situación en otros países de forma comparativa y luego estableceremos las medidas legislativas y de otro tipo que deben adoptarse. La intención es fomentar una reforma muy sustancial en áreas de la administración tributaria española donde las cosas van muy mal.
¿Cree que esta presión internacional puede realmente obligar al Gobierno español a realizar una reforma fiscal?
Ese es el objetivo de lo que estamos haciendo. El Gobierno finalmente se dará cuenta de que no vale la pena hacer lo que está haciendo ahora. Porque simplemente se quedarán sin margen. La gente de fuera de España, personas importantes, inversores, organizaciones internacionales de un tipo u otro, se darán cuenta de que no se puede hacer negocios con el Gobierno español de forma segura mientras siga comportándose así. La solución está en sus manos, y solo en ellas. Si el Gobierno no actúa, entonces, en mi opinión, políticamente hablando, probablemente sea inepto.
