Hay palabras que, cuando se vacían de significado, dejan tras de sí un rastro de ruina. Incidente es una de ellas. En la España contemporánea, el término se ha convertido en un bálsamo semántico para anestesiar la responsabilidad, una categoría menor que sirve para minimizar lo grave, retrasar la reacción y desactivar la exigencia política y jurídica. Sin embargo, como advirtió Hannah Arendt, «el mayor mal en el mundo es el mal cometido por nadie», aquel que se diluye en procedimientos, informes y eufemismos. El deterioro institucional que vive España no es solo una cuestión abstracta de separación de poderes o de calidad normativa: se manifiesta de forma concreta en la degradación de ciertos servicios públicos y en la gestión deficiente de emergencias, accidentes y crisis colectivas. Las instituciones no se erosionan de golpe; se desgastan por acumulación. Cuando los contrapesos se debilitan, cuando la responsabilidad política se diluye y cuando la rendición de cuentas se sustituye por el relato, el Estado pierde reflejos. Y un Estado sin reflejos es un Estado incapaz de proteger a los más vulnerables en momentos críticos. En España, ese deterioro se observa en varios planos: la politización de órganos técnicos, la confusión competencial y la tendencia a sustituir la planificación por la improvisación. Todo ello configura un ecosistema institucional frágil, en el que las emergencias dejan de ser acontecimientos excepcionales para convertirse en pruebas de estrés que el sistema no siempre supera. La calidad de los servicios públicos no se mide en tiempos ordinarios, sino en situaciones límite. Es en la emergencia donde se revela si existen protocolos claros, recursos suficientes y cadenas de mando eficaces. El deterioro institucional se traduce entonces en decisiones tardías, en mensajes contradictorios y en una gestión reactiva que llega siempre después del daño. Nada refleja mejor esta degradación que el uso estratégico del lenguaje. Llamar incidente a lo que es una señal de alarma es una forma de negar la realidad. En materia de seguridad y emergencias, un incidente es casi siempre la antesala de un accidente. Minimizarlo no lo neutraliza; lo prepara. En trasportes, en la industria y en protección civil, la cultura de seguridad se basa precisamente en lo contrario: tratar cada incidente como una advertencia seria. La normalización del fallo –la idea de que «no ha pasado nada grave»– es el primer paso hacia la catástrofe. Cuando las instituciones relativizan el riesgo para evitar costes políticos inmediatos, trasladan ese riesgo a los ciudadanos. Las grandes crisis recientes han mostrado una constante inquietante: la dificultad para asumir errores. Reconocer fallos, corregirlos y depurar responsabilidades no debilita a las instituciones; las fortalece. Lo que las debilita es la huida hacia adelante, la negación sistemática y la conversión de cada desastre en un episodio inevitable. El deterioro institucional no se manifiesta solo en lo que se hace mal, sino en la incapacidad de aprender. España necesita recuperar el sentido de la gravedad, tanto en el lenguaje como en la acción institucional. Llamar a las cosas por su nombre, reforzar los servicios públicos y asumir que la gestión de emergencias es una función esencial del Estado –no un apéndice– es una exigencia democrática. El deterioro institucional no es inevitable. Cada incidente minimizado, cada responsabilidad eludida y cada servicio público debilitado acercan un poco más el próximo accidente. Y cuando este llega, ya no basta con las palabras. Lo que llamamos accidente suele ser, en realidad, el resultado previsible de una larga cadena de decisiones equivocadas. Para pedir altura de miras hay que desenvolverse con responsabilidad.
Reconocer fallos, corregirlos y depurar responsabilidades no debilita a las instituciones; las fortalece
Hay palabras que, cuando se vacían de significado, dejan tras de sí un rastro de ruina. Incidente es una de ellas. En la España contemporánea, el término se ha convertido en un bálsamo semántico para anestesiar la responsabilidad, una categoría menor que sirve para minimizar lo grave, retrasar la reacción y desactivar la exigencia política y jurídica. Sin embargo, como advirtió Hannah Arendt, «el mayor mal en el mundo es el mal cometido por nadie», aquel que se diluye en procedimientos, informes y eufemismos. El deterioro institucional que vive España no es solo una cuestión abstracta de separación de poderes o de calidad normativa: se manifiesta de forma concreta en la degradación de ciertos servicios públicos y en la gestión deficiente de emergencias, accidentes y crisis colectivas. Las instituciones no se erosionan de golpe; se desgastan por acumulación. Cuando los contrapesos se debilitan, cuando la responsabilidad política se diluye y cuando la rendición de cuentas se sustituye por el relato, el Estado pierde reflejos. Y un Estado sin reflejos es un Estado incapaz de proteger a los más vulnerables en momentos críticos. En España, ese deterioro se observa en varios planos: la politización de órganos técnicos, la confusión competencial y la tendencia a sustituir la planificación por la improvisación. Todo ello configura un ecosistema institucional frágil, en el que las emergencias dejan de ser acontecimientos excepcionales para convertirse en pruebas de estrés que el sistema no siempre supera. La calidad de los servicios públicos no se mide en tiempos ordinarios, sino en situaciones límite. Es en la emergencia donde se revela si existen protocolos claros, recursos suficientes y cadenas de mando eficaces. El deterioro institucional se traduce entonces en decisiones tardías, en mensajes contradictorios y en una gestión reactiva que llega siempre después del daño. Nada refleja mejor esta degradación que el uso estratégico del lenguaje. Llamar incidente a lo que es una señal de alarma es una forma de negar la realidad. En materia de seguridad y emergencias, un incidente es casi siempre la antesala de un accidente. Minimizarlo no lo neutraliza; lo prepara. En trasportes, en la industria y en protección civil, la cultura de seguridad se basa precisamente en lo contrario: tratar cada incidente como una advertencia seria. La normalización del fallo –la idea de que «no ha pasado nada grave»– es el primer paso hacia la catástrofe. Cuando las instituciones relativizan el riesgo para evitar costes políticos inmediatos, trasladan ese riesgo a los ciudadanos. Las grandes crisis recientes han mostrado una constante inquietante: la dificultad para asumir errores. Reconocer fallos, corregirlos y depurar responsabilidades no debilita a las instituciones; las fortalece. Lo que las debilita es la huida hacia adelante, la negación sistemática y la conversión de cada desastre en un episodio inevitable. El deterioro institucional no se manifiesta solo en lo que se hace mal, sino en la incapacidad de aprender. España necesita recuperar el sentido de la gravedad, tanto en el lenguaje como en la acción institucional. Llamar a las cosas por su nombre, reforzar los servicios públicos y asumir que la gestión de emergencias es una función esencial del Estado –no un apéndice– es una exigencia democrática. El deterioro institucional no es inevitable. Cada incidente minimizado, cada responsabilidad eludida y cada servicio público debilitado acercan un poco más el próximo accidente. Y cuando este llega, ya no basta con las palabras. Lo que llamamos accidente suele ser, en realidad, el resultado previsible de una larga cadena de decisiones equivocadas. Para pedir altura de miras hay que desenvolverse con responsabilidad.
