No se debe permitir que el Poder Ejecutivo decida sobre asuntos que deben permanecer como secreto oficial. En el caso de Sánchez, sería simplemente un verdadero despropósito, ya que perpetuaría una arbitrariedad total, algo que le agrada, y le permitiría encubrir información respecto al uso de los recursos públicos, además de posibles infracciones que podrían tener lugar dentro de las instituciones. La única excepción debería ser la defensa del país, y la sugerencia debería venir de los miembros de las fuerzas armadas. Jamás por los políticos. Por supuesto, el secretismo no debería justificar las razones detrás de la contratación de ciertas empresas, dado que estamos demasiado habituados al capitalismo clientelista del PSOE y al influjo de los lobistas, como los ricos socialistas Javier Curtichs y Pepe Blanco, que promueven intereses legítimos, pero que son esencialmente personales. La transparencia debe estar presente en las acciones de la Administración y evitar cualquier indicio de arbitrariedad. La elección de calificar un asunto como secreto oficial debería ser tomada por un organismo verdaderamente autónomo que incluya la representación de los tres poderes del Estado. Cualquier alternativa diferente es, en esencia, un retroceso que favorece intereses que distan mucho del bienestar público. El Parlamento debería desaprobar esta norma y fomentar una nueva que cumpla con las demandas que una democracia debe tener en este ámbito.
«Un gobierno que continuamente infringe la Constitución y que no presenta el proyecto de ley de los Presupuestos Generales no merece ser de fiar.»
No se debe permitir que el Poder Ejecutivo decida sobre asuntos que deben permanecer como secreto oficial. En el caso de Sánchez, sería simplemente un verdadero despropósito, ya que perpetuaría una arbitrariedad total, algo que le agrada, y le permitiría encubrir información respecto al uso de los recursos públicos, además de posibles infracciones que podrían tener lugar dentro de las instituciones. La única excepción debería ser la defensa del país, y la sugerencia debería venir de los miembros de las fuerzas armadas. Jamás por los políticos. Por supuesto, el secretismo no debería justificar las razones detrás de la contratación de ciertas empresas, dado que estamos demasiado habituados al capitalismo clientelista del PSOE y al influjo de los lobistas, como los ricos socialistas Javier Curtichs y Pepe Blanco, que promueven intereses legítimos, pero que son esencialmente personales. La transparencia debe estar presente en las acciones de la Administración y evitar cualquier indicio de arbitrariedad. La elección de calificar un asunto como secreto oficial debería ser tomada por un organismo verdaderamente autónomo que incluya la representación de los tres poderes del Estado. Cualquier alternativa diferente es, en esencia, un retroceso que favorece intereses que distan mucho del bienestar público. El Parlamento debería desaprobar esta norma y fomentar una nueva que cumpla con las demandas que una democracia debe tener en este ámbito.
