La Delegación Permanente ante el Parlamento Europeo respaldó el miércoles siete decretos legislativos propuestos por el gobierno de coalición, con una aprobación de mayoría sustancial y apoyo unánime en algunos casos. Estos decretos abarcan una variedad de medidas sociales, incluida la ayuda a Ceuta tras la afluencia de inmigrantes durante el verano, el socorro a los afectados por el desastre de la presa Adam, las mejoras en la seguridad social, el refuerzo de la red ferroviaria tras los recientes accidentes, la asistencia a las víctimas del desastre de Urda, una mayor protección para las familias numerosas y monoparentales y una reestructuración casi completa del sistema de dependencia en España. Estos decretos son parte de una serie aprobada el mes pasado durante los martes sociales, que han sido criticados por la oposición como un intento de influir en la campaña electoral del 29 de noviembre. La izquierda, más allá del PSOE, los ha considerado tardíos.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (d), junto con el primer vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo (i), asistieron a una reunión de la Diputación Permanente del Congreso el miércoles. La Diputación Permanente validó siete decretos-ley aprobados por el gobierno de coalición, que incluyen diversas medidas sociales como ayuda para Ceuta, reparaciones por la presa Adam, mejoras en la Seguridad Social, y más. Estos decretos han sido criticados por la oposición como un intento de influir en la campaña electoral. El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, habló de la crisis en Ceuta durante la reunión, afirmando que 5.037 personas han sido atendidas en Ceuta con recursos estatales, y que el gobierno ha comenzado a desplegar una nueva cerca de 150 metros de largo en la zona de Tarajal. La reunión fue criticada por varios partidos, incluidos Podemos y Vox. Esa diputada del PP, y todas las demás que intervinieron durante la larga sesión, acabó su alocución aventurando la inminente victoria electoral de su líder y su llegada a La Moncloa para gobernar y cambiarlo todo a mejor.. Para defender el segundo decreto con actuaciones para paliar los daños de la dana Adam sobre la cornisa mediterránea los pasados 17 y 19 de octubre, el ministro Torres aludió a que eran medidas «lógicas y sensatas». Esa apelación no impidió que Mikel Legarda, de PNV, Teresa Jordá, de ERC, Alberto Ibáñez, de Compromís, expresaran sus reparos a que pudieran ser también tardías, cortas o recentralizadoras. El PSOE apeló ahí a la necesidad de un pacto de Estado ante la emergencia climática y el PP reclamó que esas promesas se ejecuten.. La ministra de Inclusión Social y portavoz, Elma Saiz, argumentó sus razones para el decreto que cambia aspectos clave de mayor y mejor protección en la Seguridad Social, con más patologías y la prestación para la etapa de la menopausia. Los partidos de izquierda defendieron esa necesidad del tercer pilar social, Vox solo observó fines partidistas y el PP insistió en la falta de urgencia para proponer ahora fuera del Pacto de Toledo tanto decreto dispar (con nueve cambios normativos) en estos momentos políticos.. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, defendió ahora también como ministro de Transportes los dos decretos relacionados con la seguridad ferroviaria y las ayudas a las víctimas del siniestro en Urda. Las posiciones se repitieron y en ese punto entró el portavoz de Junts, Josep Maria Cruxet, para recuperar todas las demandas recurrentes de su formación sobre la discriminación a Cataluña. La secretaria general del grupo popular, Macarena Montesinos, tuvo que admitir ahí que algunas acciones planteadas estaban «bien dirigidas en parte», pero para acribillar los mensajes del argumentario popular sobre que el Gobierno de la corrupción de Ábalos, Cerdán, las prostitutas, el falcón y los muertos de los accidentes.. El ministro de de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a su llegada a la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, este miércoles. Chema Moya (EFE). Los dos últimos decretos los razonó el ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy, para argumentar que las mayores protecciones previstas para las familias numerosas y las monomarentales (80% madres sin pareja a cargo de hijos) deberían ser algo a estas alturas de consenso totalmente transversal porque benefician a 770.000 personas directamente. A Vox le pareció una iniciativa muy contaminada ideológicamente y sin negociar. La diputada abulense del PP, Patricia Rodríguez, la descalificó como «chapuza» y usó su tiempo para despedirse del Parlamento, porque no repite. Bustinduy, en contra de la tónica general de otros ministros, sí quiso ahí entrar al debate cuerpo a cuerpo y le refrescó a la portavoz de Vox que entre las ayudas contempladas estaba el bono eléctrico para las familias numerosas, que Vox ha tildado hasta hace poco como «las paguitas» a suprimir y que en estos días se ha conocido por una información de Infolibre que disfruta la pareja y los cinco hijos del propio Santiago Abascal.. Bustinduy adjetivó como «giro radical e histórico» el aprobado para el sistema de dependencia, con una dotación extra de 6.200 millones, una previsión para 2027 de 7.239 y una aportación del 50% por parte del Estado para acabar con las listas de espera el próximo año. Los socios de izquierda incidieron en la importancia de que esa financiación prometida esta vez llegue. Rocío de Meer, de Vox, no cree nada de un gobierno que entiende que lleva «ocho años robando y despilfarrando». La popular Ana Isabel Alós acabó como había empezado la sesión el PP apelando a se vote el 29-N a Feijóo para que «haga verdad los cheques en blanco» que le deja en herencia el actual Gobierno de coalición de Pedro Sánchez.
La delegación permanente aprueba medidas relativas a Ceuta, asuntos de actualidad, accidentes ferroviarios, hogares monoparentales y otros temas
