España tenía ante sí una oportunidad difícilmente repetible, pero se ha desaprovechado lamentablemente
Los fondos europeos Next Generation EU nacieron como respuesta excepcional a una crisis excepcional. La pandemia exigía medidas extraordinarias y la Unión Europea optó por una fórmula inédita de financiación común para impulsar la recuperación y acelerar la transformación económica de los Estados miembros. Más allá del debate sobre la conveniencia de mutualizar deuda o financiar transferencias directas -una decisión discutible desde el punto de vista económico-, una vez aprobados los fondos la cuestión dejó de ser si eran el mejor instrumento y pasó a ser cómo gestionarlos con la máxima eficiencia.España tenía ante sí una oportunidad difícilmente repetible. Nunca había dispuesto de un volumen semejante de recursos para modernizar su estructura productiva sin aumentar de forma inmediata la presión sobre sus cuentas públicas. El objetivo debía ser impulsar proyectos capaces de elevar la productividad, favorecer la innovación, reforzar la competitividad y estimular la inversión privada. En definitiva, aumentar el crecimiento potencial de la economía. Sin embargo, conforme se acerca el final del programa, todo apunta a que esa oportunidad se ha desaprovechado en buena medida.La Comisión Europea ha mostrado cierta flexibilidad al aceptar que algunos desembolsos puedan computarse aunque determinadas actuaciones no hayan concluido materialmente. Esa interpretación facilita el cumplimiento formal de algunos hitos, pero no resuelve el problema esencial: la capacidad real de ejecutar proyectos útiles dentro de los plazos previstos.El calendario sigue siendo muy exigente. La fecha límite del 31 de agosto permanece inalterada y Bruselas ha reiterado que no contempla nuevas prórrogas. Aunque todavía sea posible avanzar durante el verano, la actividad administrativa y empresarial se ralentiza considerablemente en agosto. Licitaciones, certificaciones y procedimientos de control difícilmente mantienen el mismo ritmo. Lo que no se haya impulsado con suficiente antelación corre el riesgo de no llegar a tiempo.Ahora bien, el verdadero problema no reside únicamente en el calendario. La cuestión de fondo es que España no ha aprovechado plenamente el potencial transformador de estos recursos. El éxito de un programa de inversión pública nunca depende exclusivamente del dinero movilizado, sino de la calidad de los proyectos financiados. Estos fondos debían servir para mejorar infraestructuras estratégicas, acelerar la digitalización,impulsar la innovación empresarial, reforzar el capital humano y crear un entorno favorable para que el sector privado multiplicara el efecto inicial de la inversión pública. Esa era la verdadera finalidad del programa.Sin embargo, en demasiadas ocasiones se ha confundido ejecutar presupuesto con transformar la economía. La selección de proyectos ha estado excesivamente condicionada por criterios políticos y por la necesidad de exhibir resultados inmediatos. Se ha priorizado el anuncio s
Los fondos europeos Next Generation EU nacieron como respuesta excepcional a una crisis excepcional. La pandemia exigía medidas extraordinarias y la Unión Europea optó por una fórmula inédita de financiación común para impulsar la recuperación y acelerar la transformación económica de los Estados miembros. Más allá del debate sobre la conveniencia de mutualizar deuda o financiar transferencias directas -una decisión discutible desde el punto de vista económico-, una vez aprobados los fondos la cuestión dejó de ser si eran el mejor instrumento y pasó a ser cómo gestionarlos con la máxima eficiencia. España tenía ante sí una oportunidad difícilmente repetible. Nunca había dispuesto de un volumen semejante de recursos para modernizar su estructura productiva sin aumentar de forma inmediata la presión sobre sus cuentas públicas. El objetivo debía ser impulsar proyectos capaces de elevar la productividad, favorecer la innovación, reforzar la competitividad y estimular la inversión privada. En definitiva, aumentar el crecimiento potencial de la economía. Sin embargo, conforme se acerca el final del programa, todo apunta a que esa oportunidad se ha desaprovechado en buena medida. La Comisión Europea ha mostrado cierta flexibilidad al aceptar que algunos desembolsos puedan computarse aunque determinadas actuaciones no hayan concluido materialmente. Esa interpretación facilita el cumplimiento formal de algunos hitos, pero no resuelve el problema esencial: la capacidad real de ejecutar proyectos útiles dentro de los plazos previstos. El calendario sigue siendo muy exigente. La fecha límite del 31 de agosto permanece inalterada y Bruselas ha reiterado que no contempla nuevas prórrogas. Aunque todavía sea posible avanzar durante el verano, la actividad administrativa y empresarial se ralentiza considerablemente en agosto. Licitaciones, certificaciones y procedimientos de control difícilmente mantienen el mismo ritmo. Lo que no se haya impulsado con suficiente antelación corre el riesgo de no llegar a tiempo. Ahora bien, el verdadero problema no reside únicamente en el calendario. La cuestión de fondo es que España no ha aprovechado plenamente el potencial transformador de estos recursos. El éxito de un programa de inversión pública nunca depende exclusivamente del dinero movilizado, sino de la calidad de los proyectos financiados. Estos fondos debían servir para mejorar infraestructuras estratégicas, acelerar la digitalización, impulsar la innovación empresarial, reforzar el capital humano y crear un entorno favorable para que el sector privado multiplicara el efecto inicial de la inversión pública. Esa era la verdadera finalidad del programa. Sin embargo, en demasiadas ocasiones se ha confundido ejecutar presupuesto con transformar la economía. La selección de proyectos ha estado excesivamente condicionada por criterios políticos y por la necesidad de exhibir resultados inmediatos. Se ha priorizado el anu
