El vicepresidente de Vox en Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha anunciado que la Junta va a emprender una “ofensiva jurídica y judicial” contra los delegados del Gobierno y contra el Ministerio del Interior por el reparto de menores migrantes no acompañados, al considerar que el sistema impulsado por el Gobierno central es “injusto” y “discriminatorio” y está llevando al límite los recursos autonómicos de protección.. Seguir leyendo
El vicepresidente de Vox en Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha anunciado que la Junta va a emprender una “ofensiva jurídica y judicial” contra los delegados del Gobierno y contra el Ministerio del Interior por el reparto de menores migrantes no acompañados, al considerar que el sistema impulsado por el Gobierno central es “injusto” y “discriminatorio” y está llevando al límite los recursos autonómicos de protección.. El líder de la ultraderecha en Extremadura ha explicado que la región ha recibido en los últimos días varios menores migrantes y que espera nuevas llegadas en las próximas semanas. Según los datos facilitados por el dirigente autonómico, actualmente hay 106 menores migrantes no acompañados tutelados por la comunidad autónoma y la cifra podría elevarse hasta 113 con los traslados previstos.. Fernández asegura que la situación actual es distinta a la vivida en años anteriores porque, a su juicio, el reparto de menores ya no responde a acuerdos voluntarios entre administraciones, sino a decisiones obligatorias impuestas por el Ejecutivo central. El presidente del socio de gobierno del Partido Popular ha anunciado que la Junta de Extremadura recurrirá por vía administrativa y judicial cada una de las derivaciones que considere contrarias a sus intereses.. Además, ha insistido en la necesidad de incrementar las pruebas de determinación de edad para verificar si algunas de las personas son realmente menores. “Desde 2023, un total de 73 inmigrantes que inicialmente habían sido registrados como mayores de edad en el centro de acogida de Mérida acabaron siendo incorporados al sistema de protección de menores tras acreditar posteriormente su minoría de edad”, ha asegurado en una rueda de prensa. La Junta considera que existe un elevado nivel de fraude en estos procedimientos y sostiene que parte de los recursos públicos destinados a la protección de menores podrían estar siendo utilizados por personas que no cumplen los requisitos legales para acceder a ellos.. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha rechazado las acusaciones formuladas por la Junta y ha defendido el funcionamiento de los mecanismos de identificación y acogida. “Los migrantes que llegan al Centro de Atención de Emergencia y Derivación (CAED) de Mérida son registrados inicialmente como adultos. Solo cuando manifiestan ser menores se activan los protocolos correspondientes y se realizan pruebas para determinar su edad”, ha informado. Según los datos aportados por el representante del Gobierno central, entre 2024 y 2025 un total de 222 personas afirmaron ser menores de edad y, tras los exámenes realizados, únicamente 34 fueron reconocidas como tales y derivadas a la Junta de Extremadura para su tutela.. “El Gobierno de España se ocupa de los mayores de edad y las comunidades autónomas tienen la competencia sobre los menores”, ha señalado Quintana, quien ha calificado la posición de Vox de “estrategia nacional” destinada a convertir la inmigración y los menores extranjeros no acompañados en un eje de confrontación política. El delegado ha subrayado además la tradición solidaria de Extremadura, asegurando que la comunidad ha sido históricamente una región comprometida con la acogida de personas vulnerables. “Si Extremadura deja de ser solidaria, perderá una de sus señas de identidad”, lamentaba.. La acogida de menores migrantes no acompañados ha protagonizado parte del debate de este jueves en la Asamblea de Extremadura. Durante la sesión de control al Gobierno, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha acusado al Ejecutivo autonómico de asumir postulados “racistas” y de criminalizar a menores migrantes que, según ha recordado, han llegado a España en situaciones de extrema vulnerabilidad. La diputada ha cuestionado además que la Junta sostenga que el sistema de protección se encuentra cerca del colapso cuando, en su opinión, el número de menores atendidos es reducido en comparación con otros procesos de acogida afrontados por la región en los últimos años.. “Ustedes están diciendo que, con 104 menores, este sistema está al límite. Es una absoluta sinvergüenzonería; si esto es así, permítanme la expresión, ¿qué mierda de sistema tenemos en Extremadura? Es tan cínico decir eso, cuando hace menos de cinco años hemos acogido a más de 800 personas que venían huyendo de la guerra de Ucrania”, recriminaba De Miguel.. Por su parte, la presidenta de la Junta ha respaldado la actuación de su Gobierno y ha insistido en la necesidad de aplicar estrictamente la legalidad vigente. María Guardiola ha subrayado que Extremadura seguirá acogiendo menores conforme a la ley y recordó que su Ejecutivo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto estatal sobre el reparto de menores migrantes.. La dirigente popular también ha defendido la realización de pruebas de edad cuando existan dudas fundadas. “Por mucho que usted quiera demonizarnos con mentiras, con manipulaciones, utilizando la vulnerabilidad y la indefensión como combustible de su demagogia, le diré que la protección, de verdad, depende de que ninguna plaza que está pensada para un niño la ocupe quien no lo es”, ha afirmado María Guardiola en sede parlamentaria.
El representante del Ejecutivo central en la región defiende el sistema de reparto y denuncia una estrategia política de la ultraderecha a nivel nacional
