Las dos principales compañías eléctricas que son las dueñas mayoritarias de las plantas nucleares en España—Endesa e Iberdrola—han iniciado una disputa legal contra el Estado relacionada con estas instalaciones. Mientras solicitan al Gobierno que se lleve a cabo una negociación para extender el tiempo de operación de las cinco plantas a nivel nacional —aunque no han presentado una propuesta específica que cuente con el consenso de todas las empresas propietarias—, estas dos compañías han comenzado a utilizar sus abogados en litigios contra el Gobierno, la empresa estatal encargada de la gestión de residuos radiactivos (Enresa) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que es el organismo responsable de supervisar las actividades de estas centrales.
Las compañías eléctricas también están litigando contra el Consejo de Seguridad debido a la normativa que establece la desconexión de los reactores por motivos de mercado.
Las dos principales compañías eléctricas que son las dueñas mayoritarias de las plantas nucleares en España—Endesa e Iberdrola—han iniciado una disputa legal contra el Estado relacionada con estas instalaciones. Mientras buscan negociar con el Gobierno para extender el período de operación de las cinco plantas del país —sin embargo, sin haber presentado una propuesta concreta consensuada entre todas las empresas propietarias—, estas dos compañías han activado a sus abogados para tomar acciones legales contra el Gobierno, la empresa pública encargada de gestionar residuos radiactivos (Enresa) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que supervisa las actividades de estas centrales. El conflicto comenzó a finales de febrero, cuando Iberdrola interpuso una demanda contencioso-administrativa contra Enresa por el aumento de las tarifas para la gestión de residuos radiactivos. Según informó EL PAÍS, exigía 324 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. A finales de junio, Endesa se ha unido a esta estrategia, reivindicando otros 454 millones por razones similares. Un total de 778 millones. No obstante, Endesa no ha recurrido directamente al sistema judicial. Sus representantes legales han optado por interponer una reclamación patrimonial ante el Ministerio para la Transición Ecológica, que es responsable en materia energética, así como contra Enresa. Los portavoces del departamento liderado por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesem, indican que se ha recibido una «reclamación patrimonial de Endesa», la cual ya está siendo gestionada por la Abogacía del Estado. Según fuentes con conocimiento de esta reclamación, su presentación dará lugar a un informe del Consejo de Estado. Si se deniega, como suele suceder en la mayoría de las situaciones, la empresa eléctrica podría iniciar acciones legales, algo que también es común en estos tipos de litigios.
