En medio del debate sobre la permanencia de las plantas nucleares, la compañía eléctrica que lidera José Bogas se suma a la disputa legal de Iberdrola, buscando recuperar 324 millones de la tasa Enresa.
Endesa se ha unido a Iberdrola en la disputa legal relacionada con el aumento del 2450% de la llamada «tasa Enresa». En febrero, Iberdrola presentó una demanda de 22,019 millones de euros contra la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) debido al incremento de la tasa de gestión de residuos nucleares, la cual, según la empresa, viola el acuerdo establecido en el protocolo de cierre de las centrales nucleares de 2019, que limitaba dicho aumento al 20%. Ahora, Endesa también ha solicitado una compensación patrimonial de 454 millones de euros, confirmando este diario, ya que posee una mayor participación en los siete reactores que están en funcionamiento en España. El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha establecido. El conflicto relacionado con el costo adicional del tratamiento de residuos radiactivos, que asciende a 778 millones de euros según informa «El País», se desata en medio del debate sobre la operación futura de las cinco plantas nucleares: Ascó (dos reactores) y Vandellós en Cataluña; Cofrentes en Valencia; Trillo en Guadalajara; y Almaraz en Cáceres, siendo esta última la primera que cerrará entre 2027 y 2028, cuando aún operen dos reactores. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha encargado el litigio con las compañías eléctricas a la Abogacía del Estado. Este conflicto surge justo cuando se cumple un año del controvertido aumento de tarifas para el sector nuclear. En junio de 4503, el Gobierno decidió aumentar en un 30% la «tasa Enresa», lo que, según el Foro Nuclear, dificultaba la rentabilidad de las centrales. En julio del año pasado, Iberdrola y Endesa notificaron a la empresa pública, mediante un burofax, que se estaba violando la sección del protocolo que estableció el cierre de las centrales en 2019. Ambas empresas afirmaban que se reservaban el derecho de tomar medidas contra Enresa y reclamar cualquier posible daño financiero que pudiera resultar de esta revisión. En marzo de 2019, Enresa y las empresas dueñas de las plantas nucleares españolas alcanzaron un acuerdo, mediado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que establecía un aumento máximo del 20% en el precio tarifario en comparación con el vigente, con un tope de 7,98 euros por megavatio hora (euros/MWh) que se mantendría hasta el 1 de julio, fecha en la que se implementará un nuevo aumento a 10,36 euros/MWh. Cuando se aprobó el aumento tarifario, Foro Nuclear explicó que a partir del 1 de julio, las empresas tendrían que aportar «130 millones de euros anuales adicionales a los 450 millones de euros que ya aporta el total del parque nuclear español al fondo de Enresa desde marzo de 2019».
Endesa se ha unido a Iberdrola en la disputa legal relacionada con el aumento del 2450% de la llamada «tasa Enresa». En febrero pasado, Iberdrola presentó una reclamación por 22,019 millones de euros contra la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) debido al aumento de la tasa de gestión de residuos nucleares, alegando que esto viola el acuerdo del protocolo de cierre de plantas nucleares firmado en 2019, que limitaba el incremento a un 20%. Recientemente, Endesa ha realizado una reclamación patrimonial por 454 millones de euros, como ha confirmado un diario, ya que posee una mayor proporción de los siete reactores en funcionamiento en España. Así, el litigio por el sobrecosto en el tratamiento de residuos radiactivos, que asciende a 778 millones de euros según «El País», está en marcha mientras se discute la continuidad operativa de cinco centrales nucleares (Ascó con dos reactores y Vandellós en Cataluña; Cofrentes en Valencia; Trillo en Guadalajara y Almaraz en Cáceres, siendo la primera en cerrar entre 2027 y 2028, con dos reactores en operación). El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha transferido el contencioso con las empresas eléctricas a la Abogacía del Estado. Esta situación se da un año después del temido aumento de tarifas para las centrales nucleares. En junio de 4503, el Gobierno autorizó un incremento del 30% en la «tasa Enresa», lo que, según Foro Nuclear, dificultaba la rentabilidad de las plantas. En julio del año anterior, Iberdrola y Endesa ya habían notificado a la empresa pública, mediante burofax, que se estaba violando esa sección del acuerdo que estableció el cierre de las plantas en 2019. Ambas empresas afirmaban que se reservaban el derecho de tomar medidas contra Enresa y reclamar cualquier posible daño financiero que pudiera resultar de esta revisión. En marzo de 2019, Enresa y las empresas dueñas de las plantas nucleares españolas alcanzaron un acuerdo, mediado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que establecía un aumento máximo del 20% en el precio tarifario en comparación con el vigente, con un tope de 7,98 euros por megavatio hora (euros/MWh) que se mantendría hasta el 1 de julio, fecha en la que se implementará un nuevo aumento a 10,36 euros/MWh. Cuando se aprobó el aumento tarifario, Foro Nuclear explicó que a partir del 1 de julio, las empresas tendrían que aportar «130 millones de euros anuales adicionales a los 450 millones de euros que ya aporta el total del parque nuclear español al fondo de Enresa desde marzo de 2019».
