Pedro Sánchez utilizó su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Dubái, para anunciar la intención del Ejecutivo de vetar el uso de las redes sociales a los menores de 16 años. Durante su discurso, el presidente del Gobierno alertó de los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes en el entorno digital: “Nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca debieron transitar solos… Ya no lo aceptaremos”. Junto a esta medida, avanzó un paquete de cinco iniciativas legislativas destinadas a frenar los abusos de las plataformas digitales, así como la difusión de contenidos ilegales y mensajes de odio.
La propuesta española no es una iniciativa aislada. Australia fue el primer país en aplicar una prohibición de este tipo en diciembre de 2025, y posteriormente Francia se sumó a la regulación el mes pasado, convirtiéndose en el primer Estado europeo en aprobar una normativa de estas características. Además, países como Irlanda, Dinamarca, Grecia, Italia o el Reino Unido estudian actualmente la posibilidad de adoptar leyes similares.
Así funciona la restricción de redes sociales para menores
Las limitaciones varían según el país. Mientras Australia y España sitúan la edad mínima en los 16 años, Francia ha fijado el umbral en los 15. En el caso francés, los menores no podrán abrir nuevas cuentas y las ya existentes deberán cerrarse antes de que finalice diciembre de 2026. En Australia, por su parte, se han puesto en marcha mecanismos de verificación de edad especialmente estrictos, que obligan a las plataformas a comprobar la edad real de los usuarios antes de permitir el registro.
El objetivo central de estas leyes es trasladar la responsabilidad a las empresas tecnológicas. En Australia, las plataformas que no impidan el acceso a menores se enfrentan a multas de gran cuantía. Si los tribunales consideran que no han aplicado las medidas necesarias, pueden imponer sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 30 millones de euros) por cada incumplimiento.
La futura prohibición en España
Entre las iniciativas anunciadas por Pedro Sánchez destaca el fin de la “impunidad de los directivos”, que pasarán a responder legalmente por las infracciones cometidas en las plataformas que gestionan. También se contempla tipificar como delito la manipulación de algoritmos y establecer la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, obligando a las empresas digitales a implantar sistemas eficaces de verificación de edad.
El plan del Gobierno incluye además la puesta en marcha de un sistema de rastreo, medición y trazabilidad para crear una denominada Huella de Odio y Polarización, así como la colaboración con la fiscalía para analizar posibles vulneraciones legales por parte de Grok, TikTok e Instagram.
Pedro Sánchez utilizó su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Dubái, para anunciar la intención del Ejecutivo de vetar el uso de las redes sociales a los menores de 16 años. Durante su discurso, el presidente del Gobierno alertó de los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes en el entorno digital: “Nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca debieron transitar solos… Ya no lo aceptaremos”. Junto a esta medida, avanzó un paquete de cinco iniciativas legislativas destinadas a frenar los abusos de las plataformas digitales, así como la difusión de contenidos ilegales y mensajes de odio.. La propuesta española no es una iniciativa aislada. Australia fue el primer país en aplicar una prohibición de este tipo en diciembre de 2025, y posteriormente Francia se sumó a la regulación el mes pasado, convirtiéndose en el primer Estado europeo en aprobar una normativa de estas características. Además, países como Irlanda, Dinamarca, Grecia, Italia o el Reino Unido estudian actualmente la posibilidad de adoptar leyes similares.. Así funciona la restricción de redes sociales para menores. Las limitaciones varían según el país. Mientras Australia y España sitúan la edad mínima en los 16 años, Francia ha fijado el umbral en los 15. En el caso francés, los menores no podrán abrir nuevas cuentas y las ya existentes deberán cerrarse antes de que finalice diciembre de 2026. En Australia, por su parte, se han puesto en marcha mecanismos de verificación de edad especialmente estrictos, que obligan a las plataformas a comprobar la edad real de los usuarios antes de permitir el registro.. El objetivo central de estas leyes es trasladar la responsabilidad a las empresas tecnológicas. En Australia, las plataformas que no impidan el acceso a menores se enfrentan a multas de gran cuantía. Si los tribunales consideran que no han aplicado las medidas necesarias, pueden imponer sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 30 millones de euros) por cada incumplimiento.. La futura prohibición en España. Entre las iniciativas anunciadas por Pedro Sánchez destaca el fin de la “impunidad de los directivos”, que pasarán a responder legalmente por las infracciones cometidas en las plataformas que gestionan. También se contempla tipificar como delito la manipulación de algoritmos y establecer la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, obligando a las empresas digitales a implantar sistemas eficaces de verificación de edad.. El plan del Gobierno incluye además la puesta en marcha de un sistema de rastreo, medición y trazabilidad para crear una denominada Huella de Odio y Polarización, así como la colaboración con la fiscalía para analizar posibles vulneraciones legales por parte de Grok, TikTok e Instagram.
La propuesta española no es una iniciativa aislada
Pedro Sánchez utilizó su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Dubái, para anunciar la intención del Ejecutivo de vetar el uso de las redes sociales a los menores de 16 años. Durante su discurso, el presidente del Gobierno alertó de los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes en el entorno digital: “Nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca debieron transitar solos… Ya no lo aceptaremos”. Junto a esta medida, avanzó un paquete de cinco iniciativas legislativas destinadas a frenar los abusos de las plataformas digitales, así como la difusión de contenidos ilegales y mensajes de odio.. La propuesta española no es una iniciativa aislada. Australia fue el primer país en aplicar una prohibición de este tipo en diciembre de 2025, y posteriormente Francia se sumó a la regulación el mes pasado, convirtiéndose en el primer Estado europeo en aprobar una normativa de estas características. Además, países como Irlanda, Dinamarca, Grecia, Italia o el Reino Unido estudian actualmente la posibilidad de adoptar leyes similares.. Así funciona la restricción de redes sociales para menores. Las limitaciones varían según el país. Mientras Australia y España sitúan la edad mínima en los 16 años, Francia ha fijado el umbral en los 15. En el caso francés, los menores no podrán abrir nuevas cuentas y las ya existentes deberán cerrarse antes de que finalice diciembre de 2026. En Australia, por su parte, se han puesto en marcha mecanismos de verificación de edad especialmente estrictos, que obligan a las plataformas a comprobar la edad real de los usuarios antes de permitir el registro.. El objetivo central de estas leyes es trasladar la responsabilidad a las empresas tecnológicas. En Australia, las plataformas que no impidan el acceso a menores se enfrentan a multas de gran cuantía. Si los tribunales consideran que no han aplicado las medidas necesarias, pueden imponer sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 30 millones de euros) por cada incumplimiento.. La futura prohibición en España. Entre las iniciativas anunciadas por Pedro Sánchez destaca el fin de la “impunidad de los directivos”, que pasarán a responder legalmente por las infracciones cometidas en las plataformas que gestionan. También se contempla tipificar como delito la manipulación de algoritmos y establecer la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, obligando a las empresas digitales a implantar sistemas eficaces de verificación de edad.. El plan del Gobierno incluye además la puesta en marcha de un sistema de rastreo, medición y trazabilidad para crear una denominada Huella de Odio y Polarización, así como la colaboración con la fiscalía para analizar posibles vulneraciones legales por parte de Grok, TikTok e Instagram.
