Con el veredicto que da vía libre al desahucio de las ocho ex monjas de Belorado, a la espera del recurso que tienen previsto interponer, una de las interrogantes que sobrevuela sobre el convento burgalés es el futuro de las cinco religiosas ancianas. Tienen entre 86 y 100 años y constituirían la auténtica comunidad, en tanto que no habrían secundado oficialmente el cisma de sus hermanas, por lo que tendrían derecho a habitar los tres monasterios vinculados a las clarisas: Belorado, Orduña y Derio.
Mientras el grupo de las mujeres cismáticas aseguran que las monjas mayores las respaldan y no quieren separarse de ellas, tanto los familiares de las consagradas veteranas, así como el Arzobispado de Burgos han puesto en duda a lo largo de este año y medio que esa sea su verdadera voluntad. Incluso, se habla de la incapacidad de las ancianas para dilucidar realmente qué desean hacer, dado su situación de fragilidad por su avanzada edad. De hecho, quienes han tenido la oportunidad de dialogar con ellas recientemente desvelan que, al conversar, desconocen que han dejado de formar parte de la Iglesia fiel a Roma y siguen considerando a Mario Iceta, el arzobispo de Burgos, como su arzobispo.
Es así como se llega al pasado miércoles 30 de julio. La ex abadesa de Belorado, sor Isabel de la Trinidad, desvelaba que la magistrada entró en el convento «de una manera totalmente ilegal, sin ningún poder para hacerlo e interrogar a las cinco mayores». ¿El objetivo? Según ha confirmado LA RAZÓN, la magistrada quería conocer de primera mano el estado de su salud con la vista puesta en aplicar la sentencia del desahucio, puesto que, al ratificar que la propiedad del monasterio es de la Iglesia se requiere adoptar medidas cautelares dentro de un proceso de tutela de personas vulnerables.
Sin previo aviso
Sin embargo, la jueza se topó con la resistencia de la ex abadesa y sus compañeras a que entrara en clausura. Lo cierto es que no querían que la jueza atravesara la celosía para no descubrir que las monjas ancianas ya no estaban en Belorado. Sin previo aviso, el domingo anterior, el 27 de julio, habían sido enviadas al inmueble de Orduña. Al parecer, intentaron llevarlas por la mañana, pero ante la presencia de algunos medios de comunicación, pospusieron la operación a la noche. Algunos testigos de este traslado han compartido con este diario que no se habría hecho de acuerdo con las garantías básicas de seguridad que habría requerido, extremo que niega el grupo cismático.
De la misma manera, estos mismos testimonios comparten que Orduña no contaría con las mínimas condiciones para atender a las cinco hermanas, por ausencia de aseos geriátricos suficientes, una calefacción obsoleta y humedades. Este periódico también ha podido constatar que, al igual que la magistrada, los familiares se han sentido engañados en estos días sobre su ubicación, han tenido dificultades para ponerse en comunicación con ellas y estarían dispuestos a denunciarlas por el trato que les están dispensando.
Con este episodio como precedente, la juez y la fiscal ordenaron sacar a las cinco clarisas para que fueran atendidas por quienes han de tutelarlas, esto es, por el comisario pontificio y arzobispo de Burgos, Mario Iceta, y la Federación de Nuestra Señora de Arantzazu. Así, este viernes se desplegó un operativo, primero en Belorado y después en Orduña, coordinado por la Guardia Civil, con vehículos adaptados y acompañados de cinco monjas de la federación. Sin embargo, ante el estado de ansiedad y nerviosismo que se generó a las monjas mayores, los agentes de la Benemérita suspendieron el procedimiento y levantaron la correspondiente acta judicial.
Evaluación médica
«Se está violando su derecho de querer quedarse con nosotras, se las quieren llevar a la fuerza y quieren quedarse, las están secuestrando», llegó a denunciar sor Paloma, una de las clarisas excomulgadas, que viajó desde Belorado a Orduña al enterarse del suceso. «Nuestros abogados nos han dicho que eso es completamente ilegal y que eso le corresponde a la Fiscalía de Burgos y a unos peritos, pero se lo han saltado todo, tenían prisa por llevárselos», comenta sor Isabel de la Trinidad. A la par, sostiene que hoy por hoy las religiosas mayores «tienen libertad, entendimiento y pueden decidir por sí mismas».
Dando una vuelta de tuerca a este argumentario, los representantes legales de las ocho cismáticas presentaron ante el Juzgado de Briviesca unos escritos en los que las monjas mayores manifestarían su voluntad de quedarse con las excomulgadas y piden la personación de las mismas en el procedimiento de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad abierto en el Juzgado de Briviesca, a instancias de la Fiscalía de Mayores. Recogen además su oposición a cualquier medida cautelar o definitiva que suponga su traslado de Orduña.
A priori, un estudio de incapacitación judicial podría vislumbrarse como la vía legal para determinar si las cinco monjas mayores han perdido la capacidad para tomar decisiones, un proceso que implicaría una evaluación médica y social sobre la autonomía de cada una de ellas. A la par, se pondría sobre la mesa la validez del poder de representación del abogado del grupo cismático que habrían otorgado las ancianas.
Con el veredicto que da vía libre al desahucio de las ocho ex monjas de Belorado, a la espera del recurso que tienen previsto interponer, una de las interrogantes que sobrevuela sobre el convento burgalés es el futuro de las cinco religiosas ancianas. Tienen entre 86 y 100 años y constituirían la auténtica comunidad, en tanto que no habrían secundado oficialmente el cisma de sus hermanas, por lo que tendrían derecho a habitar los tres monasterios vinculados a las clarisas: Belorado, Orduña y Derio.. Mientras el grupo de las mujeres cismáticas aseguran que las monjas mayores las respaldan y no quieren separarse de ellas, tanto los familiares de las consagradas veteranas, así como el Arzobispado de Burgos han puesto en duda a lo largo de este año y medio que esa sea su verdadera voluntad. Incluso, se habla de la incapacidad de las ancianas para dilucidar realmente qué desean hacer, dado su situación de fragilidad por su avanzada edad. De hecho, quienes han tenido la oportunidad de dialogar con ellas recientemente desvelan que, al conversar, desconocen que han dejado de formar parte de la Iglesia fiel a Roma y siguen considerando a Mario Iceta, el arzobispo de Burgos, como su arzobispo.. Es así como se llega al pasado miércoles 30 de julio. La ex abadesa de Belorado, sor Isabel de la Trinidad, desvelaba que la magistrada entró en el convento «de una manera totalmente ilegal, sin ningún poder para hacerlo e interrogar a las cinco mayores». ¿El objetivo? Según ha confirmado LA RAZÓN, la magistrada quería conocer de primera mano el estado de su salud con la vista puesta en aplicar la sentencia del desahucio, puesto que, al ratificar que la propiedad del monasterio es de la Iglesia se requiere adoptar medidas cautelares dentro de un proceso de tutela de personas vulnerables.. Sin previo aviso. Sin embargo, la jueza se topó con la resistencia de la ex abadesa y sus compañeras a que entrara en clausura. Lo cierto es que no querían que la jueza atravesara la celosía para no descubrir que las monjas ancianas ya no estaban en Belorado. Sin previo aviso, el domingo anterior, el 27 de julio, habían sido enviadas al inmueble de Orduña. Al parecer, intentaron llevarlas por la mañana, pero ante la presencia de algunos medios de comunicación, pospusieron la operación a la noche. Algunos testigos de este traslado han compartido con este diario que no se habría hecho de acuerdo con las garantías básicas de seguridad que habría requerido, extremo que niega el grupo cismático.. De la misma manera, estos mismos testimonios comparten que Orduña no contaría con las mínimas condiciones para atender a las cinco hermanas, por ausencia de aseos geriátricos suficientes, una calefacción obsoleta y humedades. Este periódico también ha podido constatar que, al igual que la magistrada, los familiares se han sentido engañados en estos días sobre su ubicación, han tenido dificultades para ponerse en comunicación con ellas y estarían dispuestos a denunciarlas por el trato que les están dispensando.. Con este episodio como precedente, la juez y la fiscal ordenaron sacar a las cinco clarisas para que fueran atendidas por quienes han de tutelarlas, esto es, por el comisario pontificio y arzobispo de Burgos, Mario Iceta, y la Federación de Nuestra Señora de Arantzazu. Así, este viernes se desplegó un operativo, primero en Belorado y después en Orduña, coordinado por la Guardia Civil, con vehículos adaptados y acompañados de cinco monjas de la federación. Sin embargo, ante el estado de ansiedad y nerviosismo que se generó a las monjas mayores, los agentes de la Benemérita suspendieron el procedimiento y levantaron la correspondiente acta judicial.. Evaluación médica. «Se está violando su derecho de querer quedarse con nosotras, se las quieren llevar a la fuerza y quieren quedarse, las están secuestrando», llegó a denunciar sor Paloma, una de las clarisas excomulgadas, que viajó desde Belorado a Orduña al enterarse del suceso. «Nuestros abogados nos han dicho que eso es completamente ilegal y que eso le corresponde a la Fiscalía de Burgos y a unos peritos, pero se lo han saltado todo, tenían prisa por llevárselos», comenta sor Isabel de la Trinidad. A la par, sostiene que hoy por hoy las religiosas mayores «tienen libertad, entendimiento y pueden decidir por sí mismas».. Dando una vuelta de tuerca a este argumentario, los representantes legales de las ocho cismáticas presentaron ante el Juzgado de Briviesca unos escritos en los que las monjas mayores manifestarían su voluntad de quedarse con las excomulgadas y piden la personación de las mismas en el procedimiento de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad abierto en el Juzgado de Briviesca, a instancias de la Fiscalía de Mayores. Recogen además su oposición a cualquier medida cautelar o definitiva que suponga su traslado de Orduña.. A priori, un estudio de incapacitación judicial podría vislumbrarse como la vía legal para determinar si las cinco monjas mayores han perdido la capacidad para tomar decisiones, un proceso que implicaría una evaluación médica y social sobre la autonomía de cada una de ellas. A la par, se pondría sobre la mesa la validez del poder de representación del abogado del grupo cismático que habrían otorgado las ancianas.
La frágil salud de las cinco mayores pone en duda que de verdad quieran seguir viviendo con el grupo cismático
Con el veredicto que da vía libre al desahucio de las ocho ex monjas de Belorado, a la espera del recurso que tienen previsto interponer, una de las interrogantes que sobrevuela sobre el convento burgalés es el futuro de las cinco religiosas ancianas. Tienen entre 86 y 100 años y constituirían la auténtica comunidad, en tanto que no habrían secundado oficialmente el cisma de sus hermanas, por lo que tendrían derecho a habitar los tres monasterios vinculados a las clarisas: Belorado, Orduña y Derio.. Mientras el grupo de las mujeres cismáticas aseguran que las monjas mayores las respaldan y no quieren separarse de ellas, tanto los familiares de las consagradas veteranas, así como el Arzobispado de Burgos han puesto en duda a lo largo de este año y medio que esa sea su verdadera voluntad. Incluso, se habla de la incapacidad de las ancianas para dilucidar realmente qué desean hacer, dado su situación de fragilidad por su avanzada edad. De hecho, quienes han tenido la oportunidad de dialogar con ellas recientemente desvelan que, al conversar, desconocen que han dejado de formar parte de la Iglesia fiel a Roma y siguen considerando a Mario Iceta, el arzobispo de Burgos, como su arzobispo.. Es así como se llega al pasado miércoles 30 de julio. La ex abadesa de Belorado, sor Isabel de la Trinidad, desvelaba que la magistrada entró en el convento «de una manera totalmente ilegal, sin ningún poder para hacerlo e interrogar a las cinco mayores». ¿El objetivo? Según ha confirmado LA RAZÓN, la magistrada quería conocer de primera mano el estado de su salud con la vista puesta en aplicar la sentencia del desahucio, puesto que, al ratificar que la propiedad del monasterio es de la Iglesia se requiere adoptar medidas cautelares dentro de un proceso de tutela de personas vulnerables.. Sin previo aviso. Sin embargo, la jueza se topó con la resistencia de la ex abadesa y sus compañeras a que entrara en clausura. Lo cierto es que no querían que la jueza atravesara la celosía para no descubrir que las monjas ancianas ya no estaban en Belorado. Sin previo aviso, el domingo anterior, el 27 de julio, habían sido enviadas al inmueble de Orduña. Al parecer, intentaron llevarlas por la mañana, pero ante la presencia de algunos medios de comunicación, pospusieron la operación a la noche. Algunos testigos de este traslado han compartido con este diario que no se habría hecho de acuerdo con las garantías básicas de seguridad que habría requerido, extremo que niega el grupo cismático.. De la misma manera, estos mismos testimonios comparten que Orduña no contaría con las mínimas condiciones para atender a las cinco hermanas, por ausencia de aseos geriátricos suficientes, una calefacción obsoleta y humedades. Este periódico también ha podido constatar que, al igual que la magistrada, los familiares se han sentido engañados en estos días sobre su ubicación, han tenido dificultades para ponerse en comunicación con ellas y estarían dispuestos a denunciarlas por el trato que les están dispensando.. Con este episodio como precedente, la juez y la fiscal ordenaron sacar a las cinco clarisas para que fueran atendidas por quienes han de tutelarlas, esto es, por el comisario pontificio y arzobispo de Burgos, Mario Iceta, y la Federación de Nuestra Señora de Arantzazu. Así, este viernes se desplegó un operativo, primero en Belorado y después en Orduña, coordinado por la Guardia Civil, con vehículos adaptados y acompañados de cinco monjas de la federación. Sin embargo, ante el estado de ansiedad y nerviosismo que se generó a las monjas mayores, los agentes de la Benemérita suspendieron el procedimiento y levantaron la correspondiente acta judicial.. Evaluación médica. «Se está violando su derecho de querer quedarse con nosotras, se las quieren llevar a la fuerza y quieren quedarse, las están secuestrando», llegó a denunciar sor Paloma, una de las clarisas excomulgadas, que viajó desde Belorado a Orduña al enterarse del suceso. «Nuestros abogados nos han dicho que eso es completamente ilegal y que eso le corresponde a la Fiscalía de Burgos y a unos peritos, pero se lo han saltado todo, tenían prisa por llevárselos», comenta sor Isabel de la Trinidad. A la par, sostiene que hoy por hoy las religiosas mayores «tienen libertad, entendimiento y pueden decidir por sí mismas».. Dando una vuelta de tuerca a este argumentario, los representantes legales de las ocho cismáticas presentaron ante el Juzgado de Briviesca unos escritos en los que las monjas mayores manifestarían su voluntad de quedarse con las excomulgadas y piden la personación de las mismas en el procedimiento de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad abierto en el Juzgado de Briviesca, a instancias de la Fiscalía de Mayores. Recogen además su oposición a cualquier medida cautelar o definitiva que suponga su traslado de Orduña.. A priori, un estudio de incapacitación judicial podría vislumbrarse como la vía legal para determinar si las cinco monjas mayores han perdido la capacidad para tomar decisiones, un proceso que implicaría una evaluación médica y social sobre la autonomía de cada una de ellas. A la par, se pondría sobre la mesa la validez del poder de representación del abogado del grupo cismático que habrían otorgado las ancianas.
