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―Hay que salvar a la presidenta, hay que salvar a la jefa como sea, hay que dar traslado de esto [a la dirección regional del PP en] Madrid.. La frase que un informe policial le atribuye a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, resume, supuestamente, la respuesta del PP a un problema de primer orden que afecta a la presidenta de la región y del partido, Isabel Díaz Ayuso. Es enero de 2024. La baronesa visita el municipio cervantino, que alberga un Centro de Emergencia, Acogida y Derivación para personas migrantes en el acuartelamiento Primo de Rivera. Con ese telón de fondo, Ayuso insinúa una vinculación entre la presencia de los acogidos y agresiones sexuales bajo investigación en el municipio. “En el centro de acogida ya se han producido varias reyertas graves (…) Se están investigando agresiones sexuales a mujeres del municipio, según han denunciado (…) Se producen peleas dentro y fuera del centro, ha habido un brote de sarna… ”, dice.. Las palabras de la presidenta estallan como una bomba. Aunque luego Díaz Ayuso se excusa diciendo que no se refería a ningún colectivo concreto, el Gobierno de España la acusa de racismo. Y el PP de Madrid se moviliza al completo en su apoyo. Hay que “salvarla”, según la transcripción que Rubén Jiménez, entonces jefe de la policía local, le envía a la Fiscalía de las palabras supuestamente pronunciadas por Piquet en una reunión celebrada horas después de que estalle el escándalo.. En el PP contraponen que esta versión es “falsa” y producto del enfado del policía por haber sido cesado como comisario. Dos concejales presentes en la reunión así lo declararon en la instrucción, según una fuente conocedora del caso. La Fiscalía pide dos años y medio de inhabilitación para cargo y empleo público a la alcaldesa.. Lo que es seguro es que el número dos de Díaz Ayuso en el partido, Alfonso Serrano, acaba publicando al día siguiente de esa reunión en X (antiguo Twitter) un mensaje con un documento policial que describe uno de esos episodios de agresión. Su identificación es 19966/2023. Tras verlo, Javier Rodríguez Palacios, el líder del PSOE alcalaíno, denuncia en febrero la posible comisión de un delito, porque ese documento es confidencial. EL PAÍS reconstruye ahora lo ocurrido con documentos inéditos de la investigación consecuente.. 17 de enero de 2024. El jefe de policía recibe, según su versión, una llamada de la alcaldesa. La regidora solicita la información que tenga sobre las agresiones sexuales, y cita al cargo policial para antes de la junta local de seguridad programada para esa tarde, según un detallado informe aportado a la causa.. “Este jefe de policía local denota nerviosismo y preocupación de la alcaldesa por el asunto”, explica, de su puño y letra, este responsable policial, que imprime el documento 19966/2023 para llevárselo a la regidora, según su relato de los hechos.. Cuando el papel llega a las manos de Piquet, la alcaldesa procede a “realizar con un móvil una foto a la incidencia”, según el jefe policial, que retrata: “La Alcaldesa le muestra la incidencia a Raúl Castillo (director de comunicación del Consistorio), y le dice textualmente que ‘hay que salvar a la presidenta’, en clara referencia a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, insistiéndole en que ‘hay que salvar a la jefa como sea’, y que ‘hay que dar traslado de esto a Madrid’, haciéndole un gesto con el móvil”. Castillo, según el jefe policial, también fotografía el documento.. La publicación del tuit de Serrano es vivida por el policía Jiménez como una puñalada en la espalda. Por ello, incluso empieza a pedir que le firmen recibís cuando proporciona documentación, o graba un par de llamadas sobre la polémica con la concejala encargada de Seguridad que luego envía a la Fiscalía en un pendrive encriptado. “Son grabadas dada la gravedad de los hechos que ya se habían producido”, justifica el policía en un segundo informe aportado a la causa.. Esos audios encriptados no solo pueden llegar a ser la clave del caso. También son el reflejo de una tensa situación de desconfianza mutua dentro del Ayuntamiento, que poco a poco se hace insostenible.. El diputado y secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España).Alejandro Martínez Vélez (Europa Press). “Este jefe de policía le reprocha la filtración del documento, y que ambos saben de dónde viene la filtración”, escribe él mismo sobre su conversación con la concejala delegada de seguridad ciudadana. “Esta jefatura le muestra su rechazo a lo que ha ocurrido, admitiendo la concejala la situación”, añade en su informe de parte sobre una de las conversaciones grabadas y recogidas en el pendrive. “Se quiere volver a significar que, a parte de la alcaldesa y el DIRCOM [acrónimo de director de comunicación], nadie más tuvo acceso ni pudo fotografiar el informe incidencia 19966/2023″, recalca en un escrito remitido a la Fiscalía en abril de 2024.. Y subraya: “A tenor de lo expuesto, este Jefe de Policía Local considera que habría sido la Alcaldesa-Presidenta de Alcalá de Henares (…) quien habría trasladado o autorizado el traslado de fotografía del documento para que fuera difundido a través de la red social X en el marco de la disputa política habida en esos momentos relativa a: CAED de Alcala -migrantes- agresiones sexuales”.. Antes de que todo eso se sepa, la actitud del jefe policial, según su relato, ya provoca el pánico entre los responsables políticos del Ayuntamiento. El 23 de enero, recoge su informe oficial, la alcaldesa le transmite que conoce su enfado por la filtración. Y el jefe policial contesta que es algo que puede acabar en una denuncia. “Entonces”, le replica Piquet, según el relato de su subordinado; “habrá que inventarse algo”. La idea, siempre según el relato de Jiménez, es decir que algún periodista habría hecho una foto durante la Junta Local de Seguridad “sin que [ella] se diera cuenta, y que ese periodista lo filtró”. Pero el funcionario, según su versión, se niega a participar en un cambalache.. Así describe en tercera persona la reacción de la regidora a su negativa: “La Alcaldesa le mira muy seriamente, le dice que entonces va a tener problemas”. Y, luego, añade: “A partir de los hechos indicados, la relación con la Alcaldesa, la Concejala y este Jefe de Policía cambia totalmente (…)”.. ADOLFO BARROSO. Esto es lo que ha pasado desde que supuestamente ocurriera esa escena, que el PP niega. Jiménez ya no es el responsable de la policía de Alcalá. Esta primavera, Serrano acudió como testigo al juzgado. Allí aseguró, según una fuente conocedora del caso, que la información por él publicada en redes sociales no se la había proporcionado nadie del Ayuntamiento, sino que le había llegado a través de un email que había borrado y desde una dirección desconocida. Finalmente, este septiembre la Fiscalía ha solicitado más de dos años de inhabilitación para cargo o empleo público para la alcaldesa Piquet, y a su colaborador Castillo, además de multa, pues los considera responsables de la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.. En contraste, la defensa de la alcaldesa solicita el archivo de la causa por la ausencia de indicios y de pruebas. Dos testigos presenciales de la reunión en la que Piquet habría hecho la foto del documento policial, concejales ambos del PP, negaron que eso sucediera durante la instrucción, poniendo en entredicho la versión del jefe policial.. “Todo está basado en la declaración falsa de un excomisario enfadado porque se le cesó de comisario. Pruebas cero. Ni WhatsApps, ni correos, ni nada… pura invención”, explica una fuente conocedora del caso, que pide el anonimato dado que el proceso judicial sigue abierto.. De hecho, tras escuchar la testifical de Serrano (“Ya es increíble sostener que un email puede ser anónimo”, ironiza un interlocutor con un importante bagaje en política) el PSOE ha solicitado que se reclamen a Serrano los emails de sus cuentas del Senado, el PP o la Comunidad. Por si allí estuviera la prueba de una supuesta operación para “salvar” a Ayuso.
EL PAÍS reconstruye el caso que ha llevado a la Fiscalía a pedir dos años y medio de inhabilitación a la alcaldesa de Alcalá, en el que la baronesa insinuó un vínculo entre agresiones sexuales y los migrantes de un centro de acogida
