Con el petróleo en torno a 100 dólares, casi 40 dólares por encima de las previsiones del Gobierno, costaría hasta 18.000 millones al PIB y una subida de la inflación de hasta 1,2 puntos
España es el único país de la Unión Europea que, tras la investidura de 2023, no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos Generales por la debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez, que está funcionando con cuentas prorrogadas durante los tres últimos ejercicios. Esta situación inédita implica la falta de un plan económico actualizado, lo que limita la capacidad de acción del Gobierno al no poder asignar nuevas cantidades económicas a sus políticas ante cualquier imprevisto o crisis económica.. Ya lo advirtió el Banco de España en su último informe de estabilidad financiera, en el que reprochó al Gobierno su inconcreción fiscal, la ausencia de presupuestos y la falta de control del gasto. El regulador criticó las expectativas económicas demasiado optimistas del Gobierno y advertía de que el cohete económico que anuncia en cifras macroeconómicas cada trimestre puede ser «vulnerable», lo que implicaría «correcciones en la medida en que se incorporen expectativas demasiado optimistas de la evolución macroeconómica o de los resultados empresariales». Así, el supervisor señalaba que la economía española continúa mostrando un crecimiento robusto, superior al de las grandes economías del área del euro, pero ya detectaba un evidente «menor dinamismo», pues tanto el consumo público como la demanda externa neta «han mostrado una contribución prácticamente nula», pese a la gran aportación del consumo privado. Una situación de parón que acelerará con el conflicto de Irán si este se alarga en el tiempo.. La Comisión Europea también ha afeado la falta de presupuestos y ha advertido en varias ocasiones del aumento del gasto público neto en España, que en 2026 será superior al techo del 3,5% fijado en la senda de ajuste pactada por el Gobierno con Bruselas, por lo que considera que el país «está en riesgo de incumplir» las reglas de disciplina fiscal europeas. Por ello, Bruselas insta a España a «tomar las medidas necesarias para aprobar su procedimiento presupuestario nacional y asegurar que la política fiscal en 2026 está en línea con las recomendaciones», ante la negativa de presentar un borrador de presupuestos para este año. En este contexto, España es el país de la Unión Europea cuya economía va a verse más afectada por la subida de los precios energéticos provocada por la guerra de Irán, que va a arrastrar a toda la cadena productiva a una inflación que Funcas ya sitúa por encima del 4% antes del verano. ¿Por qué? Pues porque los actuales presupuestos prorrogados están «completamente desactualizados» y serán «incapaces de afrontar un despegue repentino de precios energéticos», al no estar contemplada «ninguna bolsa adicional presupuestaria para afrontar sucesos geopolíticos inesperados, como el actual en Irán».. La razón hay que buscarla simplemente en los datos. Los actuales Presupuestos Generales del Estado se aprobaron en el año 2022 en un escenario macroeconómico completamente distinto, con los efectos nocivos de la pandemia prácticamente superados y sobre una base que valoraba el barril de petróleo Brent –el de referencia en Europa– en torno a 60 dólares. En el Informe Económico y Financiero que acompaña a los presupuestos se fijaban unas hipótesis basadas en una situación geopolítica completamente diferente El Ejecutivo del Partido Socialista y Sumar asumía que, tras la subida de 2021, el precio se moderaría en 2022 para fijarse en el límite de los 60 dólares, pero ya la realidad fue muy distinta. Tras la invasión de Ucrania en febrero de ese año, el petróleo llegó a superar de largo los 100 dólares, muy por encima de esa hipótesis presupuestaria.. En los cuadros macroeconómicos presentados con posterioridad por el Ministerio de Economía, que sirvieron de base para programas de estabilidad y previsiones a medio plazo, la hipótesis del petróleo ya estuvo por encima de la utilizada en 2022, pero nada que ver con lo que finalmente ha acontecido. Para 2026, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presentado una previsión media de 68 dólares por barril de Brent, apenas nueve céntimos más para el próximo ejercicio y 70,2 dólares en 2028. Es decir, que el Ejecutivo sigue trabajando sobre un precio estructural en torno a 68-70 dólares por barril con vista a tres años. Esta semana, el barril ha cerrado de nuevo por encima de los 100 dólares. Esto presenta varios escenarios, y todos negativos. La subida de únicamente 10 dólares en el barril de petróleo tiene un efecto medio sobre la inflación en España de 0,3 a 0,4 puntos porcentuales en el IPC y entre -0,1 a -0,2 puntos porcentuales de crecimiento. Además, el impacto sobre la factura energética será muy importante, con un aumento de entre 5.000 y 6.000 millones de euros al año. ¿Y por qué un golpe tan fuerte? Pues porque España importa más del 99% del petróleo que consume, por lo que cualquier subida se transmite rápidamente al precio de los carburantes y del transporte, y golpea también en parte al coste de la electricidad y a los costes industriales.. Si el barril pasara aproximadamente de 70 a 100 dólares, como ya ha pasado en tres ocasiones en una semana, se traduciría en una subida de 30 dólares y la inflación se incrementaría entre 0,9 y 1,2 puntos con una caída en el crecimiento económico de entre -0,3 y -0,6 puntos, lo que significaría una pérdida de PIB entre 15.000 y 18.000 millones de euros.. Hasta ahora, el Gobierno ha utilizado la cobertura que le han proporcionado los fondos europeos Next Generation para poder gobernar sin necesidad de aprobar los Presupuestos Generales, en lugar de aplicarlos para transformar la economía española y modernizar su tejido productivo, que eran sus fines originarios cuando se aprobaron para paliar los efectos de la pandemia, como ha denunciado en diferentes ocasiones el Partido Popular, que acusa a Pedro Sánchez de aprovechar los márgenes de maniobra que concede el Real Decreto Ley 36/2020 para poder «mover partidas presupuestarias de un lugar a otro sin pasar por el Parlamento» y así atender a las necesidades diarias, algo que podría hacer ahora con la guerra de Irán.. María Jesús Montero ha vuelto a defender esta semana que «la Constitución prevé que no haya presupuestos nuevos y se puedan prorrogar» y se ha escudado en el artículo 134.4, que establece que si la Ley de Presupuestos no se cumpliera antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Pero la ministra de Hacienda ha pasado por alto el resto de artículos referentes a los presupuestos que marca la Carta Magna. Como por ejemplo el artículo 134.3 que obliga al Gobierno a «presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Si se hubieran presentado y aprobado, la economía estaría en una mejor situación de afrontar esta nueva crisis y no como se encuentra en este momento.
España es el único país de la Unión Europea que, tras la investidura de 2023, no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos Generales por la debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez, que está funcionando con cuentas prorrogadas durante los tres últimos ejercicios. Esta situación inédita implica la falta de un plan económico actualizado, lo que limita la capacidad de acción del Gobierno al no poder asignar nuevas cantidades económicas a sus políticas ante cualquier imprevisto o crisis económica.. Ya lo advirtió el Banco de España en su último informe de estabilidad financiera, en el que reprochó al Gobierno su inconcreción fiscal, la ausencia de presupuestos y la falta de control del gasto. El regulador criticó las expectativas económicas demasiado optimistas del Gobierno y advertía de que el cohete económico que anuncia en cifras macroeconómicas cada trimestre puede ser «vulnerable», lo que implicaría «correcciones en la medida en que se incorporen expectativas demasiado optimistas de la evolución macroeconómica o de los resultados empresariales». Así, el supervisor señalaba que la economía española continúa mostrando un crecimiento robusto, superior al de las grandes economías del área del euro, pero ya detectaba un evidente «menor dinamismo», pues tanto el consumo público como la demanda externa neta «han mostrado una contribución prácticamente nula», pese a la gran aportación del consumo privado. Una situación de parón que acelerará con el conflicto de Irán si este se alarga en el tiempo.. La Comisión Europea también ha afeado la falta de presupuestos y ha advertido en varias ocasiones del aumento del gasto público neto en España, que en 2026 será superior al techo del 3,5% fijado en la senda de ajuste pactada por el Gobierno con Bruselas, por lo que considera que el país «está en riesgo de incumplir» las reglas de disciplina fiscal europeas. Por ello, Bruselas insta a España a «tomar las medidas necesarias para aprobar su procedimiento presupuestario nacional y asegurar que la política fiscal en 2026 está en línea con las recomendaciones», ante la negativa de presentar un borrador de presupuestos para este año. En este contexto, España es el país de la Unión Europea cuya economía va a verse más afectada por la subida de los precios energéticos provocada por la guerra de Irán, que va a arrastrar a toda la cadena productiva a una inflación que Funcas ya sitúa por encima del 4% antes del verano. ¿Por qué? Pues porque los actuales presupuestos prorrogados están «completamente desactualizados» y serán «incapaces de afrontar un despegue repentino de precios energéticos», al no estar contemplada «ninguna bolsa adicional presupuestaria para afrontar sucesos geopolíticos inesperados, como el actual en Irán».. La razón hay que buscarla simplemente en los datos. Los actuales Presupuestos Generales del Estado se aprobaron en el año 2022 en un escenario macroeconómico completamente distinto, con los efectos nocivos de la pandemia prácticamente superados y sobre una base que valoraba el barril de petróleo Brent –el de referencia en Europa– en torno a 60 dólares. En el Informe Económico y Financiero que acompaña a los presupuestos se fijaban unas hipótesis basadas en una situación geopolítica completamente diferente El Ejecutivo del Partido Socialista y Sumar asumía que, tras la subida de 2021, el precio se moderaría en 2022 para fijarse en el límite de los 60 dólares, pero ya la realidad fue muy distinta. Tras la invasión de Ucrania en febrero de ese año, el petróleo llegó a superar de largo los 100 dólares, muy por encima de esa hipótesis presupuestaria.. En los cuadros macroeconómicos presentados con posterioridad por el Ministerio de Economía, que sirvieron de base para programas de estabilidad y previsiones a medio plazo, la hipótesis del petróleo ya estuvo por encima de la utilizada en 2022, pero nada que ver con lo que finalmente ha acontecido. Para 2026, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presentado una previsión media de 68 dólares por barril de Brent, apenas nueve céntimos más para el próximo ejercicio y 70,2 dólares en 2028. Es decir, que el Ejecutivo sigue trabajando sobre un precio estructural en torno a 68-70 dólares por barril con vista a tres años. Esta semana, el barril ha cerrado de nuevo por encima de los 100 dólares. Esto presenta varios escenarios, y todos negativos. La subida de únicamente 10 dólares en el barril de petróleo tiene un efecto medio sobre la inflación en España de 0,3 a 0,4 puntos porcentuales en el IPC y entre -0,1 a -0,2 puntos porcentuales de crecimiento. Además, el impacto sobre la factura energética será muy importante, con un aumento de entre 5.000 y 6.000 millones de euros al año. ¿Y por qué un golpe tan fuerte? Pues porque España importa más del 99% del petróleo que consume, por lo que cualquier subida se transmite rápidamente al precio de los carburantes y del transporte, y golpea también en parte al coste de la electricidad y a los costes industriales.. Si el barril pasara aproximadamente de 70 a 100 dólares, como ya ha pasado en tres ocasiones en una semana, se traduciría en una subida de 30 dólares y la inflación se incrementaría entre 0,9 y 1,2 puntos con una caída en el crecimiento económico de entre -0,3 y -0,6 puntos, lo que significaría una pérdida de PIB entre 15.000 y 18.000 millones de euros.. Hasta ahora, el Gobierno ha utilizado la cobertura que le han proporcionado los fondos europeos Next Generation para poder gobernar sin necesidad de aprobar los Presupuestos Generales, en lugar de aplicarlos para transformar la economía española y modernizar su tejido productivo, que eran sus fines originarios cuando se aprobaron para paliar los efectos de la pandemia, como ha denunciado en diferentes ocasiones el Partido Popular, que acusa a Pedro Sánchez de aprovechar los márgenes de maniobra que concede el Real Decreto Ley 36/2020 para poder «mover partidas presupuestarias de un lugar a otro sin pasar por el Parlamento» y así atender a las necesidades diarias, algo que podría hacer ahora con la guerra de Irán.. María Jesús Montero ha vuelto a defender esta semana que «la Constitución prevé que no haya presupuestos nuevos y se puedan prorrogar» y se ha escudado en el artículo 134.4, que establece que si la Ley de Presupuestos no se cumpliera antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Pero la ministra de Hacienda ha pasado por alto el resto de artículos referentes a los presupuestos que marca la Carta Magna. Como por ejemplo el artículo 134.3 que obliga al Gobierno a «presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Si se hubieran presentado y aprobado, la economía estaría en una mejor situación de afrontar esta nueva crisis y no como se encuentra en este momento.
