El decreto «antiapagones» es el instrumento que protegerá la competitividad al aprovechar el beneficio de una energía económica y limpia.
A lo largo de su historia, España ha aprendido lecciones valiosas de sus momentos más complicados para forjar un futuro más exitoso. El apagón del 28 de abril, que nos dejó sin electricidad durante varias horas, no es la excepción y ha revelado una oportunidad: mejorar nuestra infraestructura eléctrica, permitiendo que la energía solar fotovoltaica regule la tensión, mientras se protege nuestra competitividad empresarial al aprovechar las ventajas de esta fuente de energía limpia y económica. Según las organizaciones empresariales, el costo del apagón asciende a 73 millones de euros, equivalente al 0,1% del PIB, una carga inaceptable que no podemos volver a soportar. Sin embargo, más allá del gasto inmediato, la interrupción del servicio nos hizo reflexionar sobre una realidad incómoda: en un mundo interconectado, la capacidad de recuperación energética no es un lujo, sino una necesidad estratégica. El sector de la hostelería, el turismo, la industria automotriz y las empresas con alto consumo energético no deben estar en riesgo de sufrir problemas sistémicos que pongan en peligro su existencia. Aquí se presenta una importante oportunidad: el Real Decreto-ley 7/2025, el cual busca reforzar el sistema eléctrico y que se someterá a votación en el Congreso de los Diputados el próximo 22 de julio para su aprobación. Este decreto no solo aborda de manera técnica un problema estructural para mitigar estos riesgos, sino que también actúa como una herramienta para mejorar la competitividad empresarial. Este momento es decisivo, no solo debido al apagón, sino también a las recientes lecciones de la guerra en Ucrania, que ha evidenciado el grave problema de la dependencia energética. Recordemos que España tuvo que solicitar la «excepción ibérica» en Bruselas para poder mantener su competitividad. Es absurdo depender de otros para gestionar nuestra energía nacional cuando contamos con los recursos para ser autosuficientes. Es momento de transformar el concepto de geoestrategia en tecnoestrategia: ya no se trata de controlar territorios por la presencia de carbón o petróleo, sino de dominar la tecnología. En este escenario, la energía fotovoltaica se ha establecido como un motor económico en esta nueva revolución industrial, aportando 12.389 millones de euros al PIB. La razón es evidente: contamos con el doble de horas de sol que naciones como Alemania, lo que duplica la rentabilidad de nuestros proyectos. Sin embargo, también contamos con un sector fotovoltaico altamente profesionalizado, que se distingue en toda la cadena de valor, aportando 12.389 millones al PIB y sustentando a 162.396 familias en España, mayormente en áreas rurales, lo que favorece la cohesión territorial. Hemos sabido aprovechar nuestra ventaja solar para establecer un liderazgo tecnológico a nivel mundial, triplicando la inversión promedio en I+D con más de 610 millones de euros y alcanzando récords en exportaciones. Más de 400 empresas fotovoltaicas en España, lo que representa más del 60%, son pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas. Esta situación económica tiene consecuencias sociales y económicas que exceden las meras cifras macroeconómicas. Las investigaciones han evidenciado que los parques solares contribuyen a varias mejoras en los municipios, como el aumento del empleo, el crecimiento poblacional, el incremento en la recaudación municipal, el aumento de la renta y el valor de las propiedades, sobre todo en áreas rurales. Además, el Real Decreto-Ley fortalece la fiabilidad del suministro eléctrico, lo cual es esencial para mantener la estabilidad energética y prevenir cuellos de botella en regiones con alta demanda o redes eléctricas insuficientes, asegurando un suministro adecuado en zonas industriales y rurales de poblaciones dispersas.
A lo largo de su historia, España ha aprendido lecciones valiosas de sus momentos más complicados para forjar un futuro más exitoso. El apagón del 28 de abril, que nos dejó sin electricidad durante varias horas, no es la excepción y ha revelado una oportunidad: mejorar nuestra infraestructura eléctrica, permitiendo que la energía solar fotovoltaica regule la tensión, mientras se protege nuestra competitividad empresarial al aprovechar las ventajas de esta fuente de energía limpia y económica. Según las organizaciones empresariales, el costo del apagón asciende a 73 millones de euros, equivalente al 0,1% del PIB, una carga inaceptable que no podemos volver a soportar. Sin embargo, más allá del gasto inmediato, la interrupción del servicio nos hizo reflexionar sobre una realidad incómoda: en un mundo interconectado, la capacidad de recuperación energética no es un lujo, sino una necesidad estratégica. El sector de la hostelería, el turismo, la industria automotriz y las empresas con alto consumo energético no deben estar en riesgo de sufrir problemas sistémicos que pongan en peligro su existencia. Aquí se presenta una importante oportunidad: el Real Decreto-ley 7/2025, el cual busca reforzar el sistema eléctrico y que se someterá a votación en el Congreso de los Diputados el próximo 22 de julio para su aprobación. Este decreto no solo aborda de manera técnica un problema estructural para mitigar estos riesgos, sino que también actúa como una herramienta para mejorar la competitividad empresarial. Este momento es decisivo, no solo debido al apagón, sino también a las recientes lecciones de la guerra en Ucrania, que ha evidenciado el grave problema de la dependencia energética. Recordemos que España tuvo que solicitar la «excepción ibérica» en Bruselas para poder mantener su competitividad. Es absurdo depender de otros para gestionar nuestra energía nacional cuando contamos con los recursos para ser autosuficientes. Es momento de transformar el concepto de geoestrategia en tecnoestrategia: ya no se trata de controlar territorios por la presencia de carbón o petróleo, sino de dominar la tecnología. En este escenario, la energía fotovoltaica se ha establecido como un motor económico en esta nueva revolución industrial, aportando 12.389 millones de euros al PIB. La razón es evidente: contamos con el doble de horas de sol que naciones como Alemania, lo que duplica la rentabilidad de nuestros proyectos. Sin embargo, también contamos con un sector fotovoltaico altamente profesionalizado, que se distingue en toda la cadena de valor, aportando 12.389 millones al PIB y sustentando a 162.396 familias en España, mayormente en áreas rurales, lo que favorece la cohesión territorial. Hemos sabido aprovechar nuestra ventaja solar para establecer un liderazgo tecnológico a nivel mundial, triplicando la inversión promedio en I+D con más de 610 millones de euros y alcanzando récords en exportaciones. Más de 400 empresas fotovoltaicas en España, lo que representa más del 60%, son pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas. Esta situación económica tiene consecuencias sociales y económicas que exceden las meras cifras macroeconómicas. Las investigaciones han evidenciado que los parques solares contribuyen a varias mejoras en los municipios, como el aumento del empleo, el crecimiento poblacional, el incremento en la recaudación municipal, el aumento de la renta y el valor de las propiedades, sobre todo en áreas rurales. Además, el Real Decreto-Ley fortalece la fiabilidad del suministro eléctrico, lo cual es esencial para mantener la estabilidad energética y prevenir cuellos de botella en regiones con alta demanda o redes eléctricas insuficientes, asegurando un suministro adecuado en zonas industriales y rurales de poblaciones dispersas.
