El Congreso aprueba la esperada pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una reforma que permitirá trasladar las aportaciones realizadas durante años a las mutualidades profesionales al sistema público. La norma corrige una reivindicación histórica de abogados, procuradores y arquitectos
Más de 100.000 profesionales acaban de ganar una nueva oportunidad para mejorar su futura jubilación. Otros 47.000 la han perdido en el mismo pleno del Congreso.Pocas reformas sobre pensiones habían generado tanta expectación entre un colectivo tan concreto y, al mismo tiempo, tan numeroso. Tras años de movilizaciones, negociaciones y sucesivos cambios parlamentarios, las Cortes Generales han aprobado definitivamente la ley que regula la denominada pasarela de los mutualistas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una medida llamada a transformar el futuro de miles de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales colegiados.La reforma responde a una reivindicación que llevaba años creciendo silenciosamente hasta convertirse en uno de los principales conflictos del sistema español de previsión social.Durante décadas, miles de profesionales desarrollaron toda su carrera laboral cotizando en mutualidades alternativas a la Seguridad Social convencidos de que ese modelo garantizaría una jubilación suficiente.La realidad terminó siendo muy distinta. Al acercarse el retiro, muchos descubrieron que las prestaciones acumuladas apenas alcanzaban los 400 o 500 euros mensuales, muy lejos de las pensiones públicas que habrían obtenido de haber cotizado al RETA.La nueva ley intenta corregir parte de ese desequilibrio. Permitirá que los mutualistas en activo puedan trasladar voluntariamente los derechos económicos acumulados en sus mutualidades al sistema público para que computen como cotizaciones en la Seguridad Social y mejoren así su futura pensión.Sin embargo, la solución no será universal. Los mutualistas que ya perciben una pensión de jubilación quedan finalmente excluidos de la pasarela, una decisión que ha abierto un nuevo frente político y social.Una anomalía que se arrastraba desde hace décadasPara entender el alcance de la reforma hay que remontarse varias décadas atrás.Hasta hace relativamente poco, numerosos colegios profesionales obligaban a sus miembros a integrarse en mutualidades alternativas como sistema de previsión social. Aquellas entidades actuaban como sustitutas del RETA y ofrecían cobertura para la jubilación mediante un sistema propio de aportaciones.Posteriormente, la legislación permitió que estos profesionales optaran por incorporarse al sistema público de Seguridad Social. Sin embargo, aquella posibilidad escondía un problema de enorme trascendencia: cambiar de régimen suponía, en la práctica, dejar atrás todas las aportaciones realizadas durante años en la mutualidad.Los fondos acumulados no se transformaban en cotizaciones válidas para la Seguridad Social y los años trabajados tampoco computaban para calcular la futura pensión pública.Miles de profesionales permanecieron así atrapados entre dos sistemas incompatibles. Cambiar significaba empezar prácticamente desde cero; permanecer implicaba confiar en unas mutualidades que, en numerosos casos, terminar
Más de 100.000 profesionales acaban de ganar una nueva oportunidad para mejorar su futura jubilación. Otros 47.000 la han perdido en el mismo pleno del Congreso. Pocas reformas sobre pensiones habían generado tanta expectación entre un colectivo tan concreto y, al mismo tiempo, tan numeroso. Tras años de movilizaciones, negociaciones y sucesivos cambios parlamentarios, las Cortes Generales han aprobado definitivamente la ley que regula la denominada pasarela de los mutualistas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una medida llamada a transformar el futuro de miles de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales colegiados. La reforma responde a una reivindicación que llevaba años creciendo silenciosamente hasta convertirse en uno de los principales conflictos del sistema español de previsión social. Durante décadas, miles de profesionales desarrollaron toda su carrera laboral cotizando en mutualidades alternativas a la Seguridad Social convencidos de que ese modelo garantizaría una jubilación suficiente. La realidad terminó siendo muy distinta. Al acercarse el retiro, muchos descubrieron que las prestaciones acumuladas apenas alcanzaban los 400 o 500 euros mensuales, muy lejos de las pensiones públicas que habrían obtenido de haber cotizado al RETA. La nueva ley intenta corregir parte de ese desequilibrio. Permitirá que los mutualistas en activo puedan trasladar voluntariamente los derechos económicos acumulados en sus mutualidades al sistema público para que computen como cotizaciones en la Seguridad Social y mejoren así su futura pensión. Sin embargo, la solución no será universal. Los mutualistas que ya perciben una pensión de jubilación quedan finalmente excluidos de la pasarela, una decisión que ha abierto un nuevo frente político y social. Una anomalía que se arrastraba desde hace décadas Para entender el alcance de la reforma hay que remontarse varias décadas atrás. Hasta hace relativamente poco, numerosos colegios profesionales obligaban a sus miembros a integrarse en mutualidades alternativas como sistema de previsión social. Aquellas entidades actuaban como sustitutas del RETA y ofrecían cobertura para la jubilación mediante un sistema propio de aportaciones. Posteriormente, la legislación permitió que estos profesionales optaran por incorporarse al sistema público de Seguridad Social. Sin embargo, aquella posibilidad escondía un problema de enorme trascendencia: cambiar de régimen suponía, en la práctica, dejar atrás todas las aportaciones realizadas durante años en la mutualidad. Los fondos acumulados no se transformaban en cotizaciones válidas para la Seguridad Social y los años trabajados tampoco computaban para calcular la futura pensión pública. Miles de profesionales permanecieron así atrapados entre dos sistemas incompatibles. Cambiar significaba empezar prácticamente desde cero; permanecer implicaba confiar en unas mutualidades que, en numerosos cas
