La Junta de Andalucía, a través de su Dirección General de Políticas Migratorias, ha iniciado un procedimiento sancionador contra la empresa Inserta. Esto ocurrió tras el informe de la Inspección General de Servicios Sociales, que el 19 de febrero constató que en los hogares para jóvenes extutelados que Inserta gestionaba en Málaga y Granada no había suministros básicos ni alimentos. Además, se comprobó que la empresa estaba incumpliendo la proporción de personal y otras mejoras que debía brindar según su contrato. Según fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el expediente permanece abierto. No obstante, esto no ha impedido que dicho departamento extienda por un año el contrato cuyas condiciones supuestamente se han violado.
El Gobierno de Moreno, que ha comenzado un proceso sancionador, argumenta que la extensión del contrato es esencial para asegurar que los jóvenes no queden desprotegidos.
La Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía inició un procedimiento sancionador contra la empresa Inserta, ya que la Inspección General de Servicios Sociales constató el 29 de febrero que en los alojamientos para jóvenes extutelados que gestionaba en Málaga y Granada faltaban alimentos y elementos básicos, además de que la entidad no cumplía con el número de personal requerido y otras condiciones estipuladas en su contrato. Según fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el expediente permanece abierto, pero esto no ha impedido que el departamento renueve por un año un contrato cuyas condiciones se dice que han sido violadas. El pasado 14 de julio, la Consejería anunció la extensión del contrato de manera urgente para gestionar 225 plazas destinadas a jóvenes inmigrantes que han estado bajo el sistema de protección de menores de la Junta de Andalucía o que se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad, en el marco de un régimen de concierto social. Se trata de un contrato atribuido en 2023, dividido en ocho lotes, uno para cada provincia. Inserta se encargó de gestionar los lotes de Málaga y Granada, que brindan atención a un total de 90 jóvenes extutelados (42 en Málaga y 48 en Granada) con un presupuesto total de 2,6 millones de euros, de los cuales 143,21 millones son para Málaga y 1,38 para Granada. M., un joven extutelado de 20 años, comentó a este periódico sobre la falta de alimentos en uno de los hogares de Inserta en Málaga, indicando que «no teníamos lo básico y las tarjetas de compra que nos daban no tenían saldo suficiente para alimentar a seis personas». Este testimonio también fue compartido ante el servicio de menores. Inclusión argumenta que la prórroga del contrato, a pesar de las quejas sobre la escasez de alimentos para los jóvenes en tutela, «era indispensable» y que debía aplicarse a todos los lotes en conjunto para evitar que, al final de agosto, al concluir el contrato, los 300 jóvenes se quedaran sin hogar y sin completar sus programas de inserción. «Todas las entidades adjudicatarias solicitaron esta prórroga de manera escrita y, dado que se trata de un contrato dividido en lotes, la extensión debía aplicarse a todos». Así lo han indicado las fuentes consultadas, que añaden que la ampliación del contrato está contemplada en las bases y que, en todo caso, «de acuerdo con el principio de prudencia y prevención», esta prórroga se ha limitado a 12 meses en lugar de los dos años máximos que se estipulaban en el pliego. Fue Pedro González, un exempleado de Inserta en uno de esos centros residenciales, quien primero denunció la escasez de alimentos. Se presentó ante la empresa y otros altos funcionarios de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en octubre de 2023, aunque no fue sino hasta un año más tarde, después de una reunión entre el técnico y la consejera Loles López, que la Junta de Andalucía decidió iniciar una investigación. El informe de la Inspección confirmaba las irregularidades y concluía que representaban «una infracción grave» de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. «Se han respaldado las reclamaciones hechas por el denunciante contra la organización por el incumplimiento de la proporción de personal y las mejoras del contrato, así como por la falta de alimentación y suministros básicos en los recursos residenciales.» González, quien fue despedido en mayo de 2024, había informado a la entidad misma, a altos funcionarios de la Consejería, al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía sobre diversos problemas, incluidos los retrasos en la entrega de comida, que podían alcanzar hasta dos meses, y la falta de personal, ya que de los ocho empleados encargados de los siete edificios en Málaga, seis estaban de baja y no habían sido reemplazados. Según las fuentes consultadas de la Consejería, el procedimiento sancionador iniciado tras el informe de la Inspección «continúa su proceso». Además, se ha presentado otra denuncia en los tribunales.
