El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar esta mañana en segunda vuelta el anteproyecto de la nueva ley del tabaco, una reforma amplia de la normativa de 2005 que endurece las restricciones para fumar y vapear, amplía los espacios sin humo y somete a los nuevos productos -cigarrillos electrónicos, dispositivos calentados, shishas o bolsas de nicotina- al mismo régimen legal que el tabaco convencional. Sanidad quiere que el texto inicie ya su tramitación parlamentaria para intentar que quede aprobado antes de que termine la legislatura, tras incorporar las aportaciones del periodo de consulta pública.
La norma llega a la mesa del Gobierno rodeada de un clima de contestación poco habitual en materia de salud pública. Bruselas, varios Estados miembros, la CNMC y sectores económicos como la hostelería, el ocio nocturno, los estancos y el comercio de vapeo han cuestionado la proporcionalidad, la viabilidad y el impacto económico del proyecto. El Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, defiende que España debe dar «un salto regulatorio para proteger a los menores y reducir la exposición al humo y a los aerosoles», pero las críticas acumuladas dibujan un escenario de fricción que marcará la tramitación parlamentaria.
Uno de los puntos centrales del anteproyecto es la ampliación de los espacios sin humo, que incluye terrazas de hostelería, marquesinas y estaciones de transporte, recintos de espectáculos al aire libre, instalaciones deportivas, parques infantiles, piscinas y vehículos de transporte con conductor. La medida, que Sanidad considera coherente con las recomendaciones europeas, ha sido recibida con preocupación por el sector hostelero, que advierte de un impacto directo en la convivencia urbana y en la competitividad de ciudades como Madrid frente a otras capitales europeas más permisivas. Los empresarios madrileños alertan de que la prohibición en terrazas podría trasladar el consumo a aceras y accesos de los locales, generando molestias y tensiones, además de reducir la actividad económica en un sector que aporta más de 233.000 empleos en la región.
La ley también introduce por primera vez la prohibición expresa del consumo de tabaco y productos relacionados por parte de menores, con multas de 100 euros que deberán asumir los padres o tutores. Hasta ahora, la normativa solo prohibía la venta. El sector del vapeo sostiene que la medida, sin mecanismos de control efectivos, podría tener un efecto contrario al deseado y facilitar el acceso de los menores a productos ilegales o de dudosa seguridad, especialmente en un mercado donde proliferan dispositivos desechables y líquidos con sabores atractivos para jóvenes.
El capítulo de publicidad, promoción y patrocinio se endurece de forma notable. El anteproyecto extiende las restricciones del tabaco convencional a todos los productos relacionados, prohibiendo cualquier forma de comunicación comercial en medios impresos, audiovisuales, digitales o redes sociales, así como la presencia de marcas en mobiliario urbano, equipamientos de hostelería, festivales o eventos culturales y deportivos. También se refuerza la obligación de señalizar los espacios donde está prohibido fumar o vapear y se elevan las sanciones, que podrán alcanzar los 600.000 euros.
Pero las críticas más duras han llegado desde Bruselas y varios Estados miembros, que han advertido de riesgos legales y posibles distorsiones del mercado interior. La Comisión Europea ha señalado que algunas medidas podrían dificultar la libre circulación de mercancías y exceder el marco comunitario. Seis países -Rumanía, Hungría, República Checa, Grecia, Italia y Suecia- han presentado dictámenes razonados contra el proyecto, cuestionando la proporcionalidad de restricciones como la equiparación normativa de productos distintos o los límites a las bolsas de nicotina. Suecia, en una carta formal, llegó a afirmar que la propuesta española “viola los principios de libre mercado de la UE”.
La CNMC también ha emitido informes críticos, alertando de que medidas como la eliminación de sabores o la prohibición de dispositivos de un solo uso carecen de justificación suficiente y podrían restringir la competencia, favorecer a ciertos canales de venta y fomentar el mercado negro. Estanqueros y pequeños comerciantes temen un descenso del consumo legal y un aumento del contrabando, mientras que organizaciones sanitarias respaldan la ampliación de espacios sin humo y la protección de menores.
Ley de los Medicamentos
El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy también el anteproyecto de la ley de los medicamentos y productos farmacéuticos, que permitirá a enfermeros y fisioterapeutas prescribir fármacos y busca acelerar la financiación pública y la entrada de genéricos y biosimilares.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, explicó el pasado 25 de junio en la Comisión de Sanidad del Congreso que el nuevo texto recogerá cambios en el sistema de precios que proponía el primer documento que se aprobó el año pasado y que fue la parte más cuestionada. Adelantó que se incluirá ahora un sistema de precios dinámicos, que permite que el medicamento genérico -que tiene menos margen de beneficio- baje de precio a medida que va aumentando el volumen de dispensación.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar esta mañana en segunda vuelta el anteproyecto de la nueva ley del tabaco, una reforma amplia de la normativa de 2005 que endurece las restricciones para fumar y vapear, amplía los espacios sin humo y somete a los nuevos productos -cigarrillos electrónicos, dispositivos calentados, shishas o bolsas de nicotina- al mismo régimen legal que el tabaco convencional. Sanidad quiere que el texto inicie ya su tramitación parlamentaria para intentar que quede aprobado antes de que termine la legislatura, tras incorporar las aportaciones del periodo de consulta pública. La norma llega a la mesa del Gobierno rodeada de un clima de contestación poco habitual en materia de salud pública. Bruselas, varios Estados miembros, la CNMC y sectores económicos como la hostelería, el ocio nocturno, los estancos y el comercio de vapeo han cuestionado la proporcionalidad, la viabilidad y el impacto económico del proyecto. El Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, defiende que España debe dar «un salto regulatorio para proteger a los menores y reducir la exposición al humo y a los aerosoles», pero las críticas acumuladas dibujan un escenario de fricción que marcará la tramitación parlamentaria. Uno de los puntos centrales del anteproyecto es la ampliación de los espacios sin humo, que incluye terrazas de hostelería, marquesinas y estaciones de transporte, recintos de espectáculos al aire libre, instalaciones deportivas, parques infantiles, piscinas y vehículos de transporte con conductor. La medida, que Sanidad considera coherente con las recomendaciones europeas, ha sido recibida con preocupación por el sector hostelero, que advierte de un impacto directo en la convivencia urbana y en la competitividad de ciudades como Madrid frente a otras capitales europeas más permisivas. Los empresarios madrileños alertan de que la prohibición en terrazas podría trasladar el consumo a aceras y accesos de los locales, generando molestias y tensiones, además de reducir la actividad económica en un sector que aporta más de 233.000 empleos en la región. La ley también introduce por primera vez la prohibición expresa del consumo de tabaco y productos relacionados por parte de menores, con multas de 100 euros que deberán asumir los padres o tutores. Hasta ahora, la normativa solo prohibía la venta. El sector del vapeo sostiene que la medida, sin mecanismos de control efectivos, podría tener un efecto contrario al deseado y facilitar el acceso de los menores a productos ilegales o de dudosa seguridad, especialmente en un mercado donde proliferan dispositivos desechables y líquidos con sabores atractivos para jóvenes. El capítulo de publicidad, promoción y patrocinio se endurece de forma notable. El anteproyecto extiende las restricciones del tabaco convencional a todos los productos relacionados, prohibiendo cualquier forma de comunicación comercial en medios impresos, audiovisuales, digitales
El anteproyecto endurece el consumo en terrazas, estaciones y eventos y equipara vapeo y tabaco convencional
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar esta mañana en segunda vuelta el anteproyecto de la nueva ley del tabaco, una reforma amplia de la normativa de 2005 que endurece las restricciones para fumar y vapear, amplía los espacios sin humo y somete a los nuevos productos -cigarrillos electrónicos, dispositivos calentados, shishas o bolsas de nicotina- al mismo régimen legal que el tabaco convencional. Sanidad quiere que el texto inicie ya su tramitación parlamentaria para intentar que quede aprobado antes de que termine la legislatura, tras incorporar las aportaciones del periodo de consulta pública.La norma llega a la mesa del Gobierno rodeada de un clima de contestación poco habitual en materia de salud pública. Bruselas,varios Estados miembros, la CNMC y sectores económicos como la hostelería, el ocio nocturno, los estancos y el comercio de vapeo han cuestionado la proporcionalidad, la viabilidad y el impacto económico del proyecto. El Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, defiende que España debe dar «un salto regulatorio para proteger a los menores y reducir la exposición al humo y a los aerosoles», pero las críticas acumuladas dibujan un escenario de fricción que marcará la tramitación parlamentaria.Uno de los puntos centrales del anteproyecto es la ampliación de los espacios sin humo, que incluye terrazas de hostelería, marquesinas y estaciones de transporte, recintos de espectáculos al aire libre, instalaciones deportivas, parques infantiles, piscinas y vehículos de transporte con conductor. La medida, que Sanidad considera coherente con las recomendaciones europeas, ha sido recibida con preocupación por el sector hostelero, que advierte de un impacto directo en la convivencia urbana y en la competitividad de ciudades como Madrid frente a otras capitales europeas más permisivas. Los empresarios madrileños alertan de que la prohibición en terrazas podría trasladar el consumo a aceras y accesos de los locales, generando molestias y tensiones, además de reducir la actividad económica en un sector que aporta más de 233.000 empleos en la región.La ley también introduce por primera vez la prohibición expresa del consumo de tabaco y productos relacionados por parte de menores, con multas de 100 euros que deberán asumir los padres o tutores. Hasta ahora, la normativa solo prohibía la venta. El sector del vapeo sostiene que la medida, sin mecanismos de control efectivos, podría tener un efecto contrario al deseado y facilitar el acceso de los menores a productos ilegales o de dudosa seguridad, especialmente en un mercado donde proliferan dispositivos desechables y líquidos con sabores atractivos para jóvenes.El capítulo de publicidad, promoción y patrocinio se endurece de forma notable. El anteproyecto extiende las restricciones del tabaco convencional a todos los productos relacionados, prohibiendo cualquier forma de comunicación comercial en medios impresos, audiovisuales, digitales o red
