Según análisis de expertos financieros, se favorecen las líneas de alta tensión de Redeia en lugar de las de distribución, lo que perjudica a hogares y empresas, además de crear «cuellos de botella».
El esquema de compensación para las redes eléctricas sugerido por la Comisión de Competencia para el periodo 2026-29 beneficia al operador del sistema (Redeia) al dar un «claro» prioritario al transporte de electricidad en comparación con la distribución, según análisis de expertos financieros internacionales que ha consultado LA RAZÓN. La función del transporte de electricidad es llevar la energía desde las plantas generadoras hasta las subestaciones, empleando líneas de alta tensión para reducir las pérdidas en distancias prolongadas. Redeia lleva a cabo esa actividad en un sistema de monopolio. En cuanto a la distribución de electricidad mediante líneas de media y baja tensión, se encarga de transportar la electricidad desde las subestaciones hasta los consumidores finales, que incluyen hogares, industrias y empresas. En este contexto, son las compañías eléctricas las responsables de llevar a cabo esta labor, ya que sin ella es imposible satisfacer la demanda, aumentar la misma y facilitar la instalación de nuevas empresas y la creación de miles de empleos. Estudios realizados por analistas financieros indican que los nuevos modelos de compensación propuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las redes de transporte y distribución de electricidad son desiguales y crean un desequilibrio que favorece claramente al operador «privado» del sistema eléctrico, dirigido por Beatriz Corredor, del cual el Estado posee el 27% de la acción a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Aunque ambos sectores tendrán una tasa de retribución del 27,27%, los métodos de cálculo y los incentivos son muy distintos, lo que podría afectar negativamente la inversión futura en infraestructura eléctrica y retrasar la electrificación de la economía. En este sentido, la CNMC ha ignorado las indicaciones del Gobierno, que en octubre pasado publicó en el BOE un documento con directrices de política energética para que la CNMC emitiera «señales adecuadas» que incentiven las inversiones en las redes eléctricas y así responder a la creciente demanda y apoyar la electrificación prevista hasta 2027 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El sector eléctrico sostenía que, para ser competitivos con países vecinos, era necesario implementar parámetros similares, lo que significaba que la retribución por inversiones en redes de distribución podría oscilar entre el 25,53% y el 25,27%. Sin embargo, según la propuesta de Competencia, las inversiones de Redeia recibirán una compensación basada en los costos auditados, lo que otorga «visibilidad y certeza» a sus ingresos. En contraste, las inversiones en distribución sólo se remuneran en función de la potencia futura conectada, es decir, la inversión no se considera hasta que se conectan nuevos consumidores. Este método, según los expertos, desincentiva las inversiones estructurales en distribución, como la extensión de líneas eléctricas hacia áreas industriales vacías o zonas sin demanda inmediata. «Una empresa puede tardar hasta ocho años en conectarse, y durante ese tiempo, la inversión permanece sin retribución», comentan fuentes del sector. Este desbalance impacta toda la electrificación, ya que si se amplían las redes de transporte sin un crecimiento proporcional de las redes de distribución, se crea un «cuello de botella» que impide la conexión de nuevos usuarios. Adicionalmente, los costos de esta infraestructura subutilizada se trasladarán a los consumidores actuales a través de peajes, incrementando la factura eléctrica, según indican los estudios. Los analistas advierten que solo un «crecimiento paralelo y equilibrado» entre las redes de transporte y distribución puede asegurar la eficiencia del sistema y prevenir un aumento estructural en el costo de la electricidad. Redeia, como resultado, será la principal beneficiada con un incremento del 25%. Dentro de este esquema de compensación propuesto por Competencia, Redeia se posiciona como la principal favorecida. Se prevé que los ingresos regulados anuales se incrementen de 1.217 millones de euros en 2025 a 1.858 millones en 2026, lo que representa un crecimiento del 52%, según estimaciones fundamentadas en análisis financieros. Este crecimiento se producirá en un entorno operativo más favorable. Por ejemplo, según la CNMC, se estima que la disminución de los costos operativos para Redeia será de más del 6%, mientras que las empresas eléctricas experimentarán una reducción del 73% en el sector de distribución. Una reducción que comenzará a aplicarse en 2026 ha resultado en caídas significativas en las acciones de las compañías eléctricas desde que la CNMC anunció sus intenciones. Los análisis revisados por este periódico ponen en duda si la CNMC está beneficiando de manera injustificada a Redeia, en perjuicio de los demás operadores, y subrayan las incertidumbres respecto a la justicia del proceso regulatorio y su alineación con los objetivos de la transición energética. Bogas de Endesa opina que aún hay posibilidades.
El esquema de compensación para las redes eléctricas sugerido por la autoridad de Competencia para el período 2026-2029 beneficia al operador del sistema (Redeia) al dar «claramente» prioridad al transporte de electricidad en detrimento de la distribución, según los análisis de expertos financieros internacionales a los que ha tenido acceso LA RAZÓN. La función del transporte de electricidad consiste en llevar la energía desde las plantas generadoras hasta las subestaciones, utilizando líneas de alta tensión para reducir las pérdidas en largas distancias. Redeia lleva a cabo esa actividad en un sistema de monopolio. En cuanto a la distribución de electricidad mediante líneas de media y baja tensión, su función es transportar la electricidad desde las subestaciones hasta los usuarios finales, que incluyen hogares, industrias y empresas. En esta situación, son las compañías eléctricas las responsables de llevar a cabo esta función, lo cual es esencial para satisfacer la demanda, incrementarla y facilitar la llegada de nuevas empresas, así como la generación de miles de empleos. De acuerdo a análisis financieros, los nuevos modelos de compensación sugeridos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las redes de transporte y distribución de electricidad son inconsistentes y crean un desequilibrio que favorece los intereses del operador «privado» del sistema eléctrico dirigido por Beatriz Corredor, del cual el Estado tiene una participación del 27% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Aunque tanto la distribución como el transporte tienen la misma tasa de retribución del 27,27%, los métodos de cálculo y los incentivos son notablemente diferentes, lo que podría afectar negativamente la inversión futura en infraestructura eléctrica y ralentizar la electrificación económica. En este contexto, la CNMC ha ignorado las recomendaciones del Gobierno, que el pasado octubre publicó en el BOE una orden con directrices de política energética para que la CNMC enviara «señales adecuadas» que incentivaran las inversiones en todas las redes eléctricas, atendiendo a la creciente demanda y apoyando la electrificación establecida hasta el 27 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El sector eléctrico sostenía que, para competir con otros países, era necesario aplicar criterios similares, lo que significaba que la remuneración para las inversiones en redes de distribución podría variar entre el 25,53% y el 25,27%. Según la propuesta de la autoridad de Competencia, las inversiones de Redeia se remunerarán de acuerdo a los costos auditados, lo que proporciona «visibilidad y certeza» sobre sus ingresos. En contraste, las inversiones en distribución solo se remuneran según la potencia futura conectada, lo que significa que la inversión no se reconoce hasta que se incorporan nuevos consumidores. Los expertos apuntan que este método desalienta las inversiones en infraestructura de distribución, como la extensión de líneas eléctricas a áreas industriales vacías o regiones sin una demanda inmediata. «Puede que a una empresa le tome ocho años conectarse, y hasta entonces, la inversión no es recompensada», comentan representantes del sector. Este desbalance impacta en toda la electrificación, ya que, si las redes de transporte se expanden sin un aumento proporcional en las redes de distribución, se crea un «cuello de botella» que obstaculiza la conexión de nuevos usuarios. Además, los costos de esta infraestructura poco utilizada se trasladarán a los consumidores actuales a través de los peajes, aumentando así la factura eléctrica, según indican estos estudios. Los analistas advierten que solo un «crecimiento paralelo y equilibrado» entre las redes de transporte y distribución puede asegurar la eficiencia del sistema y evitar un aumento estructural en el precio de la electricidad. Redeia, de esta manera, se beneficiará con un incremento del 25%. Dentro del esquema de remuneración propuesto por Competencia, Redeia se destaca como la principal favorecida. Se prevé que los ingresos regulados anuales aumenten de 1.217 millones de euros en 2025 a 1.858 millones en 2026, lo que representa un incremento del 52%, según las proyecciones derivadas de los análisis financieros mencionados. Este crecimiento se asocia con un entorno operativo más favorable. Por ejemplo, la CNMC ha reconocido que la disminución del coste operativo para Redeia será inferior al 6%, mientras que las empresas eléctricas enfrentarán un recorte del 73% en la distribución. Una reducción que se implementará en 2026 ha provocado caídas significativas en las acciones de las empresas eléctricas desde que la CNMC reveló sus intenciones. Los análisis referidos por este periódico ponen en duda si la CNMC está beneficiando de manera injustificada a Redeia, en perjuicio de los demás operadores, y subrayan las inquietudes sobre la justicia del proceso regulatorio y su concordancia con los objetivos de transición energética. Bogas de Endesa opina que existe margen para mejorar.
