María —que pide no dar su apellido— vive en la barriada sevillana de Los Pajaritos, una de las más pobres de España. Ha acudido al centro de Servicios Sociales para preguntar por las ayudas de emergencia social para evitar que le corten el suministro eléctrico. “Vine hace como dos meses y no sé nada; conseguir cita por teléfono es imposible, así que he vuelto”, cuenta. Su marido trabaja esporádicamente y ella limpia en casas, tienen dos hijos y hace tiempo que no saben lo que es llegar a fin de mes. “Cada vez hay más vecinos necesitados, pero no hay suficientes trabajadores en el centro y eso se nota en cuanto a la calidad y la rapidez en la atención, que siempre ha dejado mucho que desear, la verdad, aunque los técnicos se esfuerzan, pero es que no pueden llegar”, sostiene.. Seguir leyendo
El Ayuntamiento defiende que ha contratado técnicos, pero los sindicatos inciden en que la plantilla sigue infradotada, que las listas de espera llegan a los cinco meses y que hay decenas de menores sin valoración de riesgo
María —que pide no dar su apellido— vive en la barriada sevillana de Los Pajaritos, una de las más pobres de España. Ha acudido al centro de Servicios Sociales para preguntar por las ayudas de emergencia social para evitar que le corten el suministro eléctrico. “Vine hace como dos meses y no sé nada; conseguir cita por teléfono es imposible, así que he vuelto”, cuenta. Su marido trabaja esporádicamente y ella limpia en casas, tienen dos hijos y hace tiempo que no saben lo que es llegar a fin de mes. “Cada vez hay más vecinos necesitados, pero no hay suficientes trabajadores en el centro y eso se nota en cuanto a la calidad y la rapidez en la atención, que siempre ha dejado mucho que desear, la verdad, aunque los técnicos se esfuerzan, pero es que no pueden llegar”, sostiene.. La falta de personal en los servicios sociales en Sevilla es una lacra endémica de la capital andaluza, que el incremento de los problemas de la población, unido al mayor número de competencias y de prestaciones cuya tramitación han tenido que ir asumiendo sus profesionales —entre ellas la de la regularización de migrantes en estos últimos meses—, está provocando que, en lugar de intervenciones en las familias, sus funciones queden reducidas a un mero asistencialismo. “La situación en la ciudad se ha ido agravando; cada vez hay más ciudadanos y barrios con dificultades. Aquí siguen estando seis de los 10 más pobres del país; las leyes nos atribuyen la gestión de más servicios… Todo ha ido cambiando, pero los servicios sociales no”, advierte Fran Ruiz, educador social de los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla desde hace 18 años y delegado sindical de CSIF. Su sindicato ha realizado un estudio de las carencias en las plantillas de los 14 centros de la ciudad hispalense que ha trasladado al equipo de Gobierno municipal para reclamar el cumplimiento de la relación de puestos de trabajo que marca la legislación y exigir que se cubran vacantes y bajas, que cada vez son más habituales entre los trabajadores, motivadas por la saturación ante la carga de trabajo, la frustración al ver que no pueden atender a los vecinos y por el incremento de actitudes violentas por parte de unos usuarios, exasperados por la falta de atención profesional.. En la mayoría de los centros de los barrios, de acuerdo con los informes elaborados por CSIF, que se extienden desde el 29 de abril hasta el 6 de junio, se constata, entre otras carencias, que los equipos básicos de menores, encargados de valorar la situación de riesgo de niños y adolescentes, intervenir en situaciones de absentismo escolar, llevar las escuelas de familia, hacer seguimiento de los programas socioeducativos, atender a su salud física y mental o de coordinarse con otras entidades administrativas, no están dotados al 100%. Estas unidades deberían contar con un trabajador social, un psicólogo y dos educadores sociales, pero en el caso del barrio de Sevilla Este-Alcosa (109.919 habitantes), no existe ninguno, y en los de El Cerro del Águila, Tres Barrios -donde están Los Pajaritos- (94.165), La Macarena (78.844) Polígono Norte o San Jerónimo (71.029) solo cuentan con un educador, respectivamente. “Los profesionales nos trasladan que la gravedad del riesgo de los menores atendidos ha aumentado exponencialmente en los últimos años, hasta el punto de que el 90% de los casos estudiados son de grave riesgo, una valoración que le corresponde al servicio de protección de menores, pero que también asumen los servicios sociales”, incide Ruiz.. La falta de personal y la consiguiente saturación en el día a día provoca que en El Cerro haya 40 familias a la espera de la valoración de riesgo de sus hijos, un retraso que en el caso de La Macarena asciende a cinco meses, de acuerdo con los informes remitidos por CSIF al Ayuntamiento. En la mayoría de estos informes, el sindicato reclama al equipo de Gobierno que duplique la plantilla y que se cubran las bajas y las vacantes que, en el caso de La Macarena, ascienden a siete personas.. El Ayuntamiento defiende que en la relación de puestos de trabajo de abril de 2025 se aprobó ampliar la plantilla en 28 nuevas plazas y que el pasado mes de mayo se incorporaron cuatro de las seis trabajadoras sociales previstas en un expediente para reforzar los servicios sociales. El problema, tal y como reconoce el propio consistorio, es que la tasa de reposición impide que esas plazas puedan dotarse, por eso piden al PSOE que exija al Gobierno de la nación que la elimine y recuerdan que cuando los socialistas dirigían el consistorio hispalense había centros que contaban con un solo trabajador.. Ruiz recuerda que el refuerzo de esas seis trabajadoras sociales es temporal y para cubrir las necesidades derivadas de la ley de dependencia y el decreto de regularización “es un parche” y advierte de que, incluso con el incremento de personal, la plantilla, que ya arrastraba un déficit estructural, sigue siendo insuficiente para afrontar las necesidades de una sociedad, como la sevillana, cada vez más demandante del apoyo de los servicios sociales. “La Junta de Andalucía concluyó en un estudio de 2022 que para una ciudad como Sevilla tendría que haber un trabajador social por cada 3.000 habitantes; un psicólogo por cada 19.000 y un educador social por cada 9.500 habitantes”, dice citando un estudio elaborado por la Consejería de Igualdad. Con los nuevos recursos aportados por el ayuntamiento y teniendo en cuenta la RPT y los puestos que deberían estar dotados, de acuerdo con la normativa, quedarían por cubrir 155 plazas, según los cálculos de los sindicatos municipales.. Uno de los centros peor parados, de acuerdo con el análisis de CSIF, el de Tres Barrios, donde a fecha de 29 de abril tenían “centenares de hojas de notificación de posibles menores en riesgo por absentismo escolar sin atención profesional necesaria, algunos con tiempos de espera de hasta un año y medio por falta de profesionales, específicamente educadores sociales”. En el documento se alerta de que no se están cubriendo las bajas de los profesionales con celeridad, ni las vacantes, y se precisa que esta es una de las zonas “con mayor dificultad social de la ciudad y del Estado”.. Fran Ruiz, trabajador de los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla. FOTO: PACO PUENTES (EL PAÍS)PACO PUENTES. “Aquí el problema no es coyuntural, sino estructural, porque los servicios sociales nunca han estado bien dotados”, indica Fernando de Armas, secretario de la Plataforma 3 Barrios-Amate. Reconoce que ahora no están pasando por el peor momento en cuanto a carencia de personal. El problema radica en la movilidad de los profesionales, que, en cuanto pueden, cambian de destino. “Esto dificulta muchísimo la atención a las familias, porque cambian las personas, las familias tienen que volver a contar sus problemas, los expedientes a veces se extravían y la relación de confianza es más difícil de restablecer y, además, los trabajadores que vienen tienen que hacerse a las circunstancias concretas de una zona como esta”, indica. Por eso De Armas, además de más recursos humanos, reclama mayores incentivos para que a los técnicos les compense trabajar en distritos como el suyo.. Mari Carmen Picón, presidenta de la asociación Barrios Ignorados y coordinadora de la plataforma Nosotros también somos Sevilla, considera que el abandono secular de los servicios sociales se debe a una cuestión de “prioridades”, que inciden en “la desigualdad entre la Sevilla de los eventos y la de los barrios, que cada vez va a peor”. “Algo está fallando cuando no hay trabajadores sociales que puedan detectar los problemas globales de una familia”, señala.. La falta de personal deriva en que los profesionales acaben atendiendo las urgencias más esenciales, ayudas al pago de suministro para que no se corte la luz, para alimentos…, sin que se puedan plantear actuar en programas de tipo preventivo que involucren a todo el núcleo familiar de una manera integral. De Armas señala el absentismo escolar. “Es un gran problema, pero si solo hay una persona para toda la zona, se retrasa la tramitación de los protocolos de absentismo, por lo que no se afronta el asunto de forma adecuada, y el trabajo con la familia es muy deficitario”, recalca y apunta a otros trámites que esa sobresaturación dilata, como las valoraciones de dependencia.. “Cuando necesitas ayuda inmediata porque te van a cortar la luz o tienes que pagar el alquiler, y tardas siete meses, los usuarios se desesperan porque se sienten desprotegidos, pero también los trabajadores, que se ven incapaces de ayudar a los vecinos”, advierte Picón. En el Polígono Sur, la dotación de los servicios sociales está al 40%. Esa frustración que ella describe y que conoce de cerca porque muchas de las trabajadoras sociales son del propio barrio, se traduce en bajas por estrés que se suman a las que se ven obligadas a tomar ante el miedo por el incremento de conductas violentas por parte de los usuarios, nerviosos por la falta de atención. “Las plantillas se sienten machacadas y desprotegidas”, advierte Ruiz.. Los sindicatos -CSIF, UGT y CC OO- se reunieron con el alcalde en enero para reclamar mayor dotación de personal. Consideran que no ha cumplido con su compromiso de reforzar la plantilla y por eso, a partir de septiembre, van a convocar movilizaciones. “En 2018 ya hicimos una huelga general por una situación similar”, recuerda Ruiz. Ante las dificultades para ser atendidos a tiempo por el colapso de los servicios sociales, muchas familias acuden a los recursos que ofrecen otras ONG. “Pero el problema es que no hay coordinación entre estos programas y cuando estos se quedan sin financiación, desaparecen y vuelven a quedar a expensas de los servicios públicos infradotados; esta situación de abandono es insostenible”, se lamenta Picón.
