Los abogados de los inversores afectados están examinando estrategias legales para detener el acuerdo de defensa o confiscar el avión de Pedro Sánchez para recuperar los fondos adeudados por España.
Los inversores afectados por los recortes retroactivos de las primas a las renovables ejecutados por España continúan estudiando fórmulas para cobrar las indemnizaciones que, según interpretan, tienen derecho a percibir por diferentes laudos dictados por organismos internacionales. Y, ante la negativa del Estado a pagar, barajan diferentes fórmulas para ingresar esos fondos entre las que se encuentran el embargo del avión oficial de Pedro Sánchez, el Falcon, o de un contrato de misiles Patriot suscrito por el Ministerio de Defensa con la empresa estadounidense Raytheon.
Los acreedores han intensificado sus actuaciones judiciales en Estados Unidos para ejecutar las que consideran obligaciones de pago derivadas de los arbitrajes internacionales. Hasta la fecha, los tribunales estadounidenses han reconocido siete resoluciones favorables a los inversores afectados, con obligaciones de pago cercanas a los 688 millones de euros.
Según explican los representantes legales de estas compañías, las actuaciones desplegadas en EE UU incluyen nuevas órdenes de «discovery» dirigidas a rastrear activos, pagos, transferencias y operaciones financieras relacionadas con organismos públicos, empresas estatales y entidades vinculadas al Reino de España. Los requerimientos judiciales alcanzan infraestructuras centrales del sistema financiero internacional, incluyendo la Reserva Federal (FED), sistemas de pagos como Fedwire o SWIFT, y transacciones canalizadas a través de The Clearing House Payments Company, operadora del sistema CHIPS.
Según la documentación judicial vinculada a estos procedimientos, los acreedores buscan acceder mediante estos requerimientos a información relativa a cuentas, depósitos, transferencias y flujos financieros de España procesados a través del sistema bancario estadounidense desde noviembre de 2021, momento en que comenzaron a producirse los primeros reconocimientos judiciales de deuda en EE UU. Los acreedores creen que esta información podría facilitar futuros procedimientos de embargo, localización de activos o intervención de pagos internacionales vinculados al Estado español.
En paralelo, los acreedores han iniciado distintas actuaciones relacionadas con operaciones comerciales y financieras vinculadas a España en territorio estadounidense. Entre ellas figura el análisis de posibles medidas cautelares o actuaciones judiciales relacionadas con el contrato de defensa firmado por España con Raytheon para la adquisición de cuatro sistemas Patriot valorados en más de 1.700 millones de dólares. Fuentes jurídicas vinculadas al proceso explican que los equipos legales estudian fórmulas para intervenir pagos adelantados, garantías o transferencias financieras asociadas a dicha operación, especialmente si parte de la operativa se desarrolla mediante entidades sometidas a jurisdicción federal estadounidense.
El abogado Matthew McGill, socio del bufete King & Spalding y principal representante legal de buena parte de los inversores afectados, ha señalado en una reciente visita a Madrid que los acreedores consideran que la negativa de España a ejecutar los laudos internacionales está obligando a desplegar una estrategia internacional de localización y embargo de activos. McGill ha explicado que los tribunales estadounidenses han autorizado las actuaciones de «discovery» en distintos estados de Estados Unidos, permitiendo reclamar información financiera y contractual vinculada al Reino de España.
Según aseguró, determinados activos utilizados por las instituciones españolas durante desplazamientos oficiales en territorio norteamericano podrían quedar potencialmente sujetos a actuaciones judiciales. Entre los ejemplos mencionados figura el avión oficial Falcon empleado habitualmente por el Gobierno de España. Según detalló McGill, una eventual presencia de dicha aeronave en territorio estadounidense -por ejemplo, durante desplazamientos relacionados con el Mundial de Fútbol de 2026- podría abrir la puerta a solicitudes judiciales de embargo o inmovilización cautelar por parte de los acreedores.
El abogado recuerda que la que fuera presidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, ya se vio obligada en una situación similar a utilizar vuelos «charter» en sus desplazamientos a Estados Unidos para evitar el posible embargo de su avión oficial Tango 1.
Los acreedores también han iniciado actuaciones vinculadas a la participación de España en el Mundial de 2026, incluyendo requerimientos judiciales dirigidos a proveedores, patrocinadores y entidades relacionadas con la organización del torneo.
A pesar de la batería de iniciativas desplegadas por los acreedores en Estados Unidos para cobrar el dinero que consideran les corresponde recibir en virtud de los laudos, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguran que las sentencias dictadas en primera instancia reconociendo laudos «son susceptibles de recurso y todas ellas han sido apeladas». De hecho, España tiene pendiente un recurso ante el Tribunal Supremo de EE UU que, en principio, debería resolver sobre el asunto antes de finales de junio. De prosperar, añaden desde el Miteco, significaría que los laudos «no pueden ser ni reconocidos ni ejecutados en Estados Unidos». No obstante, los equipos jurídicos de los acreedores aseguran que se espera que el próximo 21 de mayo, la Fiscalía General de Estados Unidos emita un dictamen que podría ser definitivo y favorable a sus intereses.
Los inversores afectados por los recortes retroactivos de las primas a las renovables ejecutados por España continúan estudiando fórmulas para cobrar las indemnizaciones que, según interpretan, tienen derecho a percibir por diferentes laudos dictados por organismos internacionales. Y, ante la negativa del Estado a pagar, barajan diferentes fórmulas para ingresar esos fondos entre las que se encuentran el embargo del avión oficial de Pedro Sánchez, el Falcon, o de un contrato de misiles Patriot suscrito por el Ministerio de Defensa con la empresa estadounidense Raytheon.
Los acreedores han intensificado sus
actuaciones judiciales en Estados Unidos para ejecutar las que consideran obligaciones de pago derivadas de
los arbitrajes internacionales.
Hasta la fecha, los tribunales estadounidenses han reconocido siete resoluciones
favorables a los inversores afectados, con obligaciones de pago cercanas a los 688 millones
de euros.
Según explican los representantes legales de estas compañías, las actuaciones desplegadas en EE UU incluyen nuevas órdenes de «discovery» dirigidas a
rastrear activos, pagos, transferencias y operaciones financieras relacionadas con organismos
públicos, empresas estatales y entidades vinculadas al Reino de España. Los requerimientos
judiciales alcanzan infraestructuras centrales del sistema financiero internacional, incluyendo
la Reserva Federal (FED), sistemas de pagos como Fedwire o SWIFT, y
transacciones canalizadas a través de The Clearing House Payments Company, operadora del sistema
CHIPS.
Según la documentación judicial vinculada a estos procedimientos, los acreedores buscan
acceder mediante estos requerimientos a información relativa a cuentas, depósitos, transferencias y flujos financieros de España procesados a través del sistema bancario estadounidense desde noviembre de 2021,
momento en que comenzaron a producirse los primeros reconocimientos judiciales de deuda en EE UU.
Los acreedores creen que esta información
podría facilitar futuros procedimientos de embargo, localización de activos o intervención de
pagos internacionales vinculados al Estado español.
En paralelo, los acreedores han iniciado distintas actuaciones relacionadas con operaciones
comerciales y financieras vinculadas a España en territorio estadounidense. Entre ellas figura
el análisis de posibles medidas cautelares o actuaciones judiciales relacionadas con el contrato
de defensa firmado por España con Raytheon para la adquisición de cuatro sistemas Patriot
valorados en más de 1.700 millones de dólares.
Fuentes jurídicas vinculadas al proceso explican que los equipos legales estudian fórmulas
para intervenir pagos adelantados, garantías o transferencias financieras asociadas a dicha
operación, especialmente si parte de la operativa se desarrolla mediante entidades sometidas
a jurisdicción federal estadounidense.
El abogado Matthew McGill, socio del bufete King & Spalding y principal representante legal
de buena parte de los inversores afectados, ha señalado en una reciente visita a Madrid que los acreedores
consideran que la negativa de España a ejecutar los laudos internacionales está obligando a
desplegar una estrategia internacional de localización y embargo de activos.
McGill ha explicado que los tribunales estadounidenses han autorizado las actuaciones de «discovery» en distintos estados de Estados Unidos, permitiendo reclamar información financiera y
contractual vinculada al Reino de España.
Según aseguró, determinados activos utilizados por
las instituciones españolas durante desplazamientos oficiales en territorio norteamericano
podrían quedar potencialmente sujetos a actuaciones judiciales.
Entre los ejemplos mencionados figura el avión oficial Falcon empleado habitualmente por
el Gobierno de España. Según detalló McGill, una eventual presencia de dicha
aeronave en territorio estadounidense -por ejemplo, durante desplazamientos relacionados
con el Mundial de Fútbol de 2026- podría abrir la puerta a solicitudes judiciales de embargo
o inmovilización cautelar por parte de los acreedores.
El abogado recuerda que la que fuera presidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, ya se vio obligada en una situación similar a utilizar vuelos «charter» en sus desplazamientos a Estados Unidos para evitar el posible embargo de su avión oficial Tango 1.
Mundial de fútbol
Los acreedores también han iniciado actuaciones vinculadas a la participación de España en el Mundial de 2026, incluyendo requerimientos judiciales dirigidos a proveedores,
patrocinadores y entidades relacionadas con la organización del torneo.
A pesar de la batería de iniciativas desplegadas por los acreedores en Estados Unidos para cobrar el dinero que consideran les corresponde recibir en virtud de los laudos, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguran que las sentencias dictadas en primera instancia reconociendo laudos «son susceptibles de recurso y todas ellas han sido apeladas». De hecho, España tiene pendiente un recurso ante el Tribunal Supremo de EE UU que, en principio, debería resolver sobre el asunto antes de finales de junio. De prosperar, añaden desde el Miteco, significaría que los laudos «no pueden ser ni reconocidos ni ejecutados en Estados Unidos». No obstante, los equipos jurídicos de los acreedores aseguran que se espera que el próximo 21 de mayo, la Fiscalía General de Estados Unidos emita un dictamen que podría ser definitivo y favorable a sus intereses.
