La crisis por el regreso de la peste porcina africana (PPA) a Cataluña ha reabierto el viejo debate sobre qué papel debe tener la caza. Hastiados por la demonización de su actividad, los cazadores catalanes piden al Govern que reconozca su función ante retos de estas características. Más allá de la ética de esta práctica, el sector lleva años cuestionado por si es o no sostenible, pero el brote de peste porcina ha obligado a la Generalitat a recurrir a la caza de jabalíes en Barcelona para contener la enfermedad. “La caza, actualmente, más que una actividad de ocio, se ha convertido en una obligación. Somos un colectivo muy implicado socialmente y nuestro oficio no está bien valorado”, lamenta Joaquín Zarzoso, presidente de la Federación Catalana de Caza.. Seguir leyendo
La crisis por el regreso de la peste porcina africana (PPA) a Cataluña ha reabierto el viejo debate sobre qué papel debe tener la caza. Hastiados por la demonización de su actividad, los cazadores catalanes piden al Govern que reconozca su función ante retos de estas características. Más allá de la ética de esta práctica, el sector lleva años cuestionado por si es o no sostenible, pero el brote de peste porcina ha obligado a la Generalitat a recurrir a la caza de jabalíes en Barcelona para contener la enfermedad. “La caza, actualmente, más que una actividad de ocio, se ha convertido en una obligación. Somos un colectivo muy implicado socialmente y nuestro oficio no está bien valorado”, lamenta Joaquín Zarzoso, presidente de la Federación Catalana de Caza.. El rechazo social, las presiones de las organizaciones animalistas y el estigma son factores a los que, tanto el sector como la administración, deberán hacer frente para gestionar la crisis. Plataformas como Ecologistas en Acción rechazan que “se criminalice” al jabalí por el brote de peste porcina africana en Cataluña. La organización ha expuesto en un comunicado que se trata de poner “el foco de manera errónea” en la fauna silvestre y una sobrepoblación que considera que no existe, pero está “justificando medidas de mayor presión y sacrificios masivos de estos mamíferos propios de los ecosistemas europeos”.. Desde la federación de cazadores esgrimen su contribución a la recuperación y el mantenimiento de la biodiversidad, pero denuncian que sufren un señalamiento constante. “En los bosques no se respeta la señalización de los cotos de caza, y en ocasiones nos rallan los coches y nos pinchan las ruedas”, dice Zarzoso. “Muchas veces cazamos cuando no queremos cazar, pero si hay un agricultor al que una plaga le está destrozando la cosecha, debemos dar ese servicio”, argumenta.. La práctica genera fisuras en lo social, pero también en lo político. El PP ha cargado duramente contra el Gobierno catalán por lo que considera una “dejación de funciones” en la gestión de la peste porcina africana. A juicio de la portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, la crisis tiene su origen en las “cesiones” para reducir la presencia de la Guardia Civil en Cataluña y en políticas hechas desde el “fanatismo climático” que impiden cazar jabalíes.. El Govern reconoció el martes que “en Cataluña hay demasiados jabalíes”, unas afirmaciones que después convirtió en un llamamiento a “intensificar” la caza del jabalí para frenar la propagación del patógeno. Los cazadores han celebrado el apoyo institucional brindado por Illa al reconocer su función como respuesta a la enfermedad, pero el sector va más allá y exige apoyo económico y garantías de que la recogida de los ejemplares abatidos se haga de forma adecuada.. “Estar en primera línea supone un esfuerzo personal muy importante. Cazar implica más costes que provienen de nuestro propio bolsillo, como los gastos veterinarios, por ejemplo”, explica Zarzoso. En abril, el Departamento de Agricultura abrió nuevas líneas de ayudas por valor de 1,5 millones de euros (un 55% más que en la convocatoria de 2024) orientadas a promover el aprovechamiento de la carne procedente de las piezas capturadas con el fin de introducirla en el circuito de la comercialización. Zarzoso asegura que reciben una bonificación de unos 20 euros por cada pieza capturada destinada a la comercialización, pero la crisis de la peste porcina africana supone un sobreesfuerzo que debe ser compensado.. El primer paso para dar respuesta a la crisis, según Zarzoso, ya está dado. De hecho, el sector se ha reunido este miércoles con el equipo de expertos veterinarios de la Comisión Europea para atender sus recomendaciones. Aunque el papel de los cazadores todavía no está definido, el sector apunta a que está dispuesto a actuar mediante “operaciones quirúrgicas”, como batidas nocturnas con equipos térmicos y visores nocturnos.. La situación de la caza, ya de por sí delicada por la elevada carga burocrática y la falta de relevo generacional que preocupan al colectivo, se ha visto agravada por el brote. Un hecho que expone todavía más al sector porque no hay previsiones de cuanto durará la situación. La enfermedad ha llegado en plena temporada de caza, que va de octubre a febrero en el caso de la caza menor, y de septiembre a marzo en la mayor. Zarzoso asegura que las restricciones a ambas modalidades, excepto en los casos en que se ordene abatir a jabalíes, implicarán importantes pérdidas económicas.. Los cazadores reivindican que son un activo esencial en el equilibrio medioambiental. El jabalí, con una población estimada en Cataluña de 200.000 ejemplares, según los últimos datos de la Mesa del Jabalí, no tiene un depredador natural, por lo que la caza se ha convertido en una importante herramienta de control. “Una muestra de ello es el récord de capturas año tras año. De media anual capturamos unos 80.000. Hemos logrado reducir la población de 17 a 8 jabalíes por kilómetro cuadrado, cifra a partir de la cual se declara la emergencia cinegética”, subraya Zarzoso. En la sierra de Collserola, epicentro del brote y con una población de unos 900 jabalíes, el fenómeno es más sensible. La facilidad con la que el jabalí interactúa con el entorno urbano y accede a alimentos ha llevado a la administración a tomar una serie de medidas para reducir drásticamente su población.
El sector exige menos carga burocrática, más ayudas económicas y reivindican su contribución a la conservación de la biodiversidad
