La Asociación de Los Pueblos más Bonitos de España ha reclamado un plan coordinado y financiado para eliminar el cableado aéreo de los cascos históricos de los municipios rurales, al denunciar que más del 90 % de las localidades que integran la red siguen teniendo tendidos visibles pese a que la normativa autonómica de patrimonio prohíbe este tipo de instalaciones en espacios protegidos.
La entidad, que agrupa a 126 municipios, ha presentado este martes un manifiesto en el que asegura que el principal problema no es la falta de legislación, sino la ausencia de mecanismos que permitan hacerla efectiva. Según explica, muchos ayuntamientos invierten progresivamente en la construcción de canalizaciones subterráneas para soterrar el cableado, pero, una vez finalizadas esas obras, las compañías eléctricas y de telecomunicaciones no trasladan sus redes, de modo que los cables permanecen en las fachadas y sobre las calles durante meses o incluso años, dejando las actuaciones incompletas.
La asociación recuerda que comunidades, entre ellas Cataluña, Castilla y León, Andalucía o Canarias, ya prohíben expresamente los tendidos aéreos en los conjuntos históricos y obligan a su soterramiento. Además, destaca que la legislación canaria atribuye a las empresas suministradoras el coste del soterramiento y recuerda que la ley estatal de telecomunicaciones también limita los despliegues aéreos en inmuebles del patrimonio histórico-artístico.
Como ejemplo, compara la situación española con la de otros países europeos, donde existen programas públicos que coordinan y cofinancian el soterramiento conjunto de las redes. Según la asociación, Francia tiene cerca del 50 % de su red eléctrica enterrada, Alemania alrededor del 70 % y el Reino Unido supera el 60 %, y la práctica totalidad de las nuevas instalaciones se ejecutan bajo tierra. Frente a ello, lamenta que en España no exista un programa específico que facilite este tipo de actuaciones en los pequeños municipios rurales.
El presidente de la asociación, Francisco Mestre, asegura que «el problema no es técnico ni legal, sino de voluntad y de organización», y defiende que los pueblos con mayor valor patrimonial «merecen el mismo cuidado que cualquier ciudad o cualquier pueblo bonito de Europa».
El manifiesto destaca que algunos de los pueblos que integran la red ya han logrado eliminar el cableado aéreo de sus cascos históricos, lo que, a juicio de la asociación, demuestra que el soterramiento es posible cuando existe coordinación entre administraciones y compañías suministradoras. Asimismo, alerta de la presencia de cableado en desuso que permanece instalado pese a no prestar servicio y afea la imagen de estos conjuntos históricos.
[[H2 Principales reclamaciones]]
Entre sus principales reivindicaciones, la asociación reclama la creación de un vehículo de financiación específico para los conjuntos históricos rurales similar al modelo europeo; el cumplimiento efectivo de las leyes autonómicas de patrimonio; la asunción de responsabilidades por parte de las compañías suministradoras, empezando por los municipios que ya tienen construida la canalización subterránea; la retirada del cableado en desuso que ya no presta servicio a nadie; y que ningún pueblo tenga que pagar dos veces por recuperar su propio cielo.
Asimismo, anuncia que documentará la situación de los 126 municipios que integran la red para trasladarla a las administraciones competentes y a los grupos parlamentarios, e invita a otros ayuntamientos a aportar información sobre casos similares mediante un formulario habilitado junto al manifiesto.
La Asociación de Los Pueblos más Bonitos de España ha reclamado un plan coordinado y financiado para eliminar el cableado aéreo de los cascos históricos de los municipios rurales, al denunciar que más del 90 % de las localidades que integran la red siguen teniendo tendidos visibles pese a que la normativa autonómica de patrimonio prohíbe este tipo de instalaciones en espacios protegidos. La entidad, que agrupa a 126 municipios, ha presentado este martes un manifiesto en el que asegura que el principal problema no es la falta de legislación, sino la ausencia de mecanismos que permitan hacerla efectiva. Según explica, muchos ayuntamientos invierten progresivamente en la construcción de canalizaciones subterráneas para soterrar el cableado, pero, una vez finalizadas esas obras, las compañías eléctricas y de telecomunicaciones no trasladan sus redes, de modo que los cables permanecen en las fachadas y sobre las calles durante meses o incluso años, dejando las actuaciones incompletas. La asociación recuerda que comunidades, entre ellas Cataluña, Castilla y León, Andalucía o Canarias, ya prohíben expresamente los tendidos aéreos en los conjuntos históricos y obligan a su soterramiento. Además, destaca que la legislación canaria atribuye a las empresas suministradoras el coste del soterramiento y recuerda que la ley estatal de telecomunicaciones también limita los despliegues aéreos en inmuebles del patrimonio histórico-artístico. Como ejemplo, compara la situación española con la de otros países europeos, donde existen programas públicos que coordinan y cofinancian el soterramiento conjunto de las redes. Según la asociación, Francia tiene cerca del 50 % de su red eléctrica enterrada, Alemania alrededor del 70 % y el Reino Unido supera el 60 %, y la práctica totalidad de las nuevas instalaciones se ejecutan bajo tierra. Frente a ello, lamenta que en España no exista un programa específico que facilite este tipo de actuaciones en los pequeños municipios rurales. El presidente de la asociación, Francisco Mestre, asegura que «el problema no es técnico ni legal, sino de voluntad y de organización», y defiende que los pueblos con mayor valor patrimonial «merecen el mismo cuidado que cualquier ciudad o cualquier pueblo bonito de Europa». El manifiesto destaca que algunos de los pueblos que integran la red ya han logrado eliminar el cableado aéreo de sus cascos históricos, lo que, a juicio de la asociación, demuestra que el soterramiento es posible cuando existe coordinación entre administraciones y compañías suministradoras. Asimismo, alerta de la presencia de cableado en desuso que permanece instalado pese a no prestar servicio y afea la imagen de estos conjuntos históricos. [[H2 Principales reclamaciones]] Entre sus principales reivindicaciones, la asociación reclama la creación de un vehículo de financiación específico para los conjuntos históricos rurales similar al modelo europeo; el cumplimiento ef
«En Europa el paisaje histórico se cuida. Aquí llevamos años esperando que alguien se haga cargo», denuncia la asociación al reclamar un plan para soterrar el cableado aéreo
La Asociación de Los Pueblos más Bonitos de España ha reclamado un plan coordinado y financiado para eliminar el cableado aéreo de los cascos históricos de los municipios rurales, al denunciar que más del 90 % de las localidades que integran la red siguen teniendo tendidos visibles pese a que la normativa autonómica de patrimonio prohíbe este tipo de instalaciones en espacios protegidos.La entidad, que agrupa a 126 municipios, ha presentado este martes un manifiesto en el que asegura que el principal problema no es la falta de legislación, sino la ausencia de mecanismos que permitan hacerla efectiva. Según explica, muchos ayuntamientos invierten progresivamente en la construcción de canalizaciones subterráneas para soterrar el cableado, pero, una vez finalizadas esas obras, las compañías eléctricas y de telecomunicaciones no trasladan sus redes, de modo que los cables permanecen en las fachadas y sobre las calles durante meses o incluso años, dejando las actuaciones incompletas.La asociación recuerda que comunidades, entre ellas Cataluña, Castilla y León, Andalucía o Canarias, ya prohíben expresamente los tendidos aéreos en los conjuntos históricos y obligan a su soterramiento. Además, destaca que la legislación canaria atribuye a las empresas suministradoras el coste del soterramiento y recuerda que la ley estatal de telecomunicaciones también limita los despliegues aéreos en inmuebles del patrimonio histórico-artístico. Como ejemplo, compara la situación española con la de otros países europeos, donde existen programas públicos que coordinan y cofinancian el soterramiento conjunto de las redes. Según la asociación, Francia tiene cerca del 50 % de su red eléctrica enterrada, Alemania alrededor del 70 % y el Reino Unido supera el 60 %, y la práctica totalidad de las nuevas instalaciones se ejecutan bajo tierra. Frente a ello, lamenta que en España no exista un programa específico que facilite este tipo de actuaciones en los pequeños municipios rurales.El presidente de la asociación, Francisco Mestre, asegura que «el problema no es técnico ni legal, sino de voluntad y de organización», y defiende que los pueblos con mayor valor patrimonial «merecen el mismo cuidado que cualquier ciudad o cualquier pueblo bonito de Europa».El manifiesto destaca que algunos de los pueblos que integran la red ya han logrado eliminar el cableado aéreo de sus cascos históricos, lo que, a juicio de la asociación, demuestra que el soterramiento es posible cuando existe coordinación entre administraciones y compañías suministradoras. Asimismo, alerta de la presencia de cableado en desuso que permanece instalado pese a no prestar servicio y afea la imagen de estos conjuntos históricos. [[H2 Principales reclamaciones]]Entre sus principales reivindicaciones, la asociación reclama la creación de un vehículo de financiación específico para los conjuntos históricos rurales similar al modelo europ
