La confianza en las instituciones es una de las claves del sistema democrático. Y la corrupción deteriora muy intensamente ese imprescindible hilo de conexión entre la ciudadanía y los poderes públicos. No podía bastar con pedir perdón, ante la enorme trascendencia del caso Koldo y la imputación por graves delitos de los dos últimos secretarios de organización del PSOE. Recuperar la credibilidad implicaba de forma urgente un anuncio gubernamental sobre impulso democrático.. Seguir leyendo
La confianza en las instituciones es una de las claves del sistema democrático. Y la corrupción deteriora muy intensamente ese imprescindible hilo de conexión entre la ciudadanía y los poderes públicos. No podía bastar con pedir perdón, ante la enorme trascendencia del caso Koldo y la imputación por graves delitos de los dos últimos secretarios de organización del PSOE. Recuperar la credibilidad implicaba de forma urgente un anuncio gubernamental sobre impulso democrático.. Los gobiernos de Pedro Sánchez han conseguido logros valiosos en los últimos años, en el ámbito del crecimiento económico, de la protección social o de la profundización en las libertades. Sin embargo, en materias como la lucha contra la corrupción, la gestión ha sido exigua o casi nula. La muestra más evidente ha sido la retahíla de reproches a España, emitidos en informes anuales muy duros, por parte de los órganos europeos y de otras entidades internacionales, ante la falta de aplicación de medidas de integridad institucional que eran completamente necesarias.. Sin duda, toda gestión política puede presentar insuficiencias en algunas áreas. En todo caso, una vez se han detectado indudablemente los efectos devastadores de esas carencias, habría llegado el momento de articular un plan de choque de regeneración democrática efectiva.. Sin embargo, aunque se han incorporado recomendaciones de entidades internacionales, en el plan anticorrupción vuelven a omitirse algunas de las mejoras más relevantes que nos reclaman con razón el Consejo de Europa y otros organismos. Entre ellas, en dicho plan no hay una apuesta por introducir más objetividad en la contratación pública, por reducir drásticamente los aforamientos, por reforzar nuestros endebles contrapesos institucionales, por limitar al máximo las puertas giratorias, por acabar con las densas redes clientelares con las que los principales partidos sitúan sin pudor a militantes en lugares en los que debía haber técnicos independientes que vigilaran las irregularidades fraudulentas. En este sentido, se ha desaprovechado una oportunidad muy singular para acometer una reforma de envergadura proporcional a la magnitud del problema.. Al mismo tiempo, el plan propuesto incluye medidas positivas, aunque bastante más modestas. Resulta encomiable diseñar más mecanismos de transparencia en los organismos públicos, más controles en la actividad de las formaciones políticas, más espacios de protección para los denunciantes de corrupción y más instrumentos que promuevan la ética pública. Puede ser un notable avance la creación de una agencia estatal de integridad pública, aunque debería ejercer sus funciones con absoluta independencia, lo cual implica excluir ahí los acostumbrados repartos por cuotas entre los principales partidos.. Es obligatorio poner el foco en la persecución de los corruptores, como hace la letra de la propuesta del Gobierno, porque hay redes empresariales indecentes, bastante poderosas, que siempre han circulado con sorprendente desenvoltura por todo tipo de despachos ministeriales; no obstante, sin una ejecución legal más precisa, esa declaración de intenciones quedará en papel mojado. También resulta loable el incremento de los plazos de prescripción, así como el compromiso de aportar más recursos y estructuras más funcionales en todos los ámbitos de lucha contra esta forma de delincuencia. El plan no es especialmente ambicioso, pero por fin en este país se expone una estrategia política de conjunto contra las prácticas corruptas.. Nos jugamos bastante. Los países con índices bajos de corrupción disponen de los mejores servicios públicos y de la más elevada calidad de vida económica para su ciudadanía. Todo su potencial está al servicio del bien común. En España es perfectamente posible actuar con eficacia contra estas dinámicas delictivas, si implementamos las soluciones adecuadas. Por muy largo que sea cualquier camino, siempre empieza con unos primeros pasos. Ojalá las medidas de este plan anticorrupción sean los primeros pasos para progresar hacia una democracia más avanzada y con altos niveles de integridad institucional.. JOAQUIM BOSCH es magistrado y autor del libro “La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España”
En la iniciativa vuelven a omitirse algunas de las mejoras más relevantes que nos reclama el Consejo de Europa
