En siete años de sanchismo los españoles han salido a la calle en protestas multitudinarias en cada ocasión que han sido convocados. Nunca han sido esquivos a la hora de manifestar su disconformidad o indignación con el devenir de una administración que llegó al poder a lomos de una moción de censura trucada y un discurso -ahora ya se sabe- huero contra la corrupción y con el trampantojo de la ejemplaridad y la transparencia. Ayer se repitió la escena en el centro de la capital como colofón de una de las semanas más funestas para el presidente, su gabinete y su partido, que ha requerido inconmensurables esfuerzos de su aparato de propaganda y de sus terminales mediáticas para contener los daños de los ingresos en prisión, las mordidas, las cloacas y los preámbulos a una probable imputación al PSOE por financiación irregular. Los españoles respondieron con un ejercicio noble de su derecho de manifestación sin más banderas que su legítimo deseo a ser escuchados en unas elecciones generales y de poner fin al peor gobierno de la historia de la democracia. Por supuesto, ni los reunidos ni quienes compartían con los congregados sus aspiraciones han pensado ni por lo más remoto que Moncloa los escuchará, recapacitará sobre la insostenible crisis institucional y responderá como lo haría cualquier mandatario con mínimas convicciones democráticas para que el pueblo soberano decida en las urnas el futuro de la nación. Sánchez se ha encargado de hacer añicos todas las convenciones de un régimen liberal y de derecho. Él nunca se ha guiado por el interés general ni por responsabilidad pública ni por la Constitución, sino exclusivamente por su conveniencia vinculada desde hace tiempo a las urgencias sobrevenidas por la corrupción que anega su entorno. Obviamente, y a las pruebas nos remitimos, el presente y el futuro del estado de derecho está en peligro, con una degradación rampante en todos los órdenes de la vida nacional que resulta indisimulable salvo para los leales al sanchismo y quienes desde los más oscuros rincones de la nación se aprovechan del escenario de descomposición. La alarma y la excepcionalidad no son creaciones de la fachosfera ni de los medios o tribunales presuntamente conspiradores, sino convicciones del común de los españoles. Hoy publicamos una encuesta al respecto con conclusiones rotundas. La mayoría cree que nuestra democracia es peor que la de hace una década, que se ha degradado. El sanchismo ha socavado los derechos y las libertades y los ciudadanos han percibido los estragos provocados por un poder descontrolado. La libertad no está garantizada ni es eterna si no se la protege de peligros y enemigos. Es un legado histórico que hay que defender siempre. Movilizarse contra un Gobierno que ha causado un daño a España del que aún no somos conscientes es un deber moral y cívico.
La mayoría de los españoles cree que nuestra democracia es peor que la de hace una década, que se ha degradado
En siete años de sanchismo los españoles han salido a la calle en protestas multitudinarias en cada ocasión que han sido convocados. Nunca han sido esquivos a la hora de manifestar su disconformidad o indignación con el devenir de una administración que llegó al poder a lomos de una moción de censura trucada y un discurso -ahora ya se sabe- huero contra la corrupción y con el trampantojo de la ejemplaridad y la transparencia. Ayer se repitió la escena en el centro de la capital como colofón de una de las semanas más funestas para el presidente, su gabinete y su partido, que ha requerido inconmensurables esfuerzos de su aparato de propaganda y de sus terminales mediáticas para contener los daños de los ingresos en prisión, las mordidas, las cloacas y los preámbulos a una probable imputación al PSOE por financiación irregular. Los españoles respondieron con un ejercicio noble de su derecho de manifestación sin más banderas que su legítimo deseo a ser escuchados en unas elecciones generales y de poner fin al peor gobierno de la historia de la democracia. Por supuesto, ni los reunidos ni quienes compartían con los congregados sus aspiraciones han pensado ni por lo más remoto que Moncloa los escuchará, recapacitará sobre la insostenible crisis institucional y responderá como lo haría cualquier mandatario con mínimas convicciones democráticas para que el pueblo soberano decida en las urnas el futuro de la nación. Sánchez se ha encargado de hacer añicos todas las convenciones de un régimen liberal y de derecho. Él nunca se ha guiado por el interés general ni por responsabilidad pública ni por la Constitución, sino exclusivamente por su conveniencia vinculada desde hace tiempo a las urgencias sobrevenidas por la corrupción que anega su entorno. Obviamente, y a las pruebas nos remitimos, el presente y el futuro del estado de derecho está en peligro, con una degradación rampante en todos los órdenes de la vida nacional que resulta indisimulable salvo para los leales al sanchismo y quienes desde los más oscuros rincones de la nación se aprovechan del escenario de descomposición. La alarma y la excepcionalidad no son creaciones de la fachosfera ni de los medios o tribunales presuntamente conspiradores, sino convicciones del común de los españoles. Hoy publicamos una encuesta al respecto con conclusiones rotundas. La mayoría cree que nuestra democracia es peor que la de hace una década, que se ha degradado. El sanchismo ha socavado los derechos y las libertades y los ciudadanos han percibido los estragos provocados por un poder descontrolado. La libertad no está garantizada ni es eterna si no se la protege de peligros y enemigos. Es un legado histórico que hay que defender siempre. Movilizarse contra un Gobierno que ha causado un daño a España del que aún no somos conscientes es un deber moral y cívico.
