El Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía le suprimió la pensión y la obligó a devolver todo el dinero después de observar que no había indicios de incapacidad
Durante 16 años, una mujer logró recibir una pensión por incapacidad permanente por fingir quedarse muda después de ser atacada por una clienta. El ataque, producido en el supermercado en el que trabajaba, fue el desencadenante de un cuadro de estrés postraumático por el que la Seguridad Social le concedió dicha prestación.. Después del ataque, la mujer, de Cádiz, se quedó sin habla. Una consecuencia que, según el tribunal médico que la evaluó, fue fruto de un cuadro psicótico. Una conclusión que sirvió para que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) le otorgara la incapacidad permanente absoluta (IPA), con su consiguiente pensión.. Este hecho ocurrió en 2003 y permaneció recibiendo la pensión durante años, hasta que un detective privado, contratado por la mutua de la empresa, decidió seguirla para comprobar que, efectivamente, la mujer continuaba sin poder hablar debido al trauma. Una decisión que surgió ante la falta de pruebas solicitadas por parte de la Seguridad Social para reevaluar su caso.. La pregunta que lo reveló todo. Sin embargo, este no fue el único origen de sus sospechas. Ya en 2019, los médicos de la mutua observaron que no hacía ningún intento de comunicarse. Además, desde 2009, sus historiales médicos no presentaban ninguna dificultad en el habla, aunque acudía frecuentemente a diferentes especialistas. Fue entonces cuando el detective comenzó a vigilarla.. Su sorpresa fue mayor cuando la observó acompañando a su hija al colegio y hablando con las otras madres, como bien explica Manuel Espinosa Ortiz, CEO y abogado principal en EOM Equipo Jurídico. Para confirmar sus sospechas, el detective decidió acercarse a la trabajadora y hacerle una simple pregunta: «Oye, ¿dónde está El Corte Inglés?» Y ella, en vez de demostrar que no podía hablar, respondió con total naturalidad.. Habiendo observado su comportamiento y sin muestras aparentes de la supuesta incapacidad en el habla, la mutua de la empresa presentó una denuncia contra la trabajadora. Esta, a pesar de haber sido pillada ‘in fraganti’, alegó que las pruebas recogidas por el detective no debían ser consideradas en un juicio, pues suponían una «clara vulneración de sus derechos constitucionales».. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia. A pesar de ello, el Tribunal Superior de Justicia consideró que la información recopilada por la mutua tenía validez y que el informe presentado no suponía una vulneración de su derecho de defensa, de intimidad ni de honor. Un informe que fue elaborado por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) del INSS y con el que se declaró que no había indicios de «menoscabo alguno en las limitaciones orgánicas y/o funcionales» de la trabajadora.. Teniendo en cuenta lo observado por el EVI y las pruebas presentadas por el detective, el tribunal declaró que había quedado acreditado que «se trataba de una simulación del cuadro de pseudomutismo o, al menos, una evolución muy favorable de tal cuadro, ya que ha desaparecido la sintomatología inhibida».. La sentencia final emitida por el TSJ de Andalucía fue clara. Según explica el letrado, terminaron «suprimiendo esa pensión y le obligaron a devolver todo el dinero y pagar las costas del juicio». Sin embargo, según afirmó Daniel Fontanals, detective, en el programa «Espejo Público» este tipo de comportamientos suele ser bastante habitual: «Es un entorno en el que nos movemos mucho y todas las semanas. Personas que no pueden caminar y las encontramos haciendo deporte, jugando al fútbol…».. Debido a la frecuencia de este tipo de casos y sumado al enorme gasto público que supone el aumento de los casos de absentismo en España, el Gobierno ha decidido reforzar la vigilancia de aquellos empleados que se encuentren de baja por incapacidad temporal durante dos o más veces en el mismo año.
Durante 16 años, una mujer logró recibir una pensión por incapacidad permanente por fingir quedarse muda después de ser atacada por una clienta. El ataque, producido en el supermercado en el que trabajaba, fue el desencadenante de un cuadro de estrés postraumático por el que la Seguridad Social le concedió dicha prestación.. Después del ataque, la mujer, de Cádiz, se quedó sin habla. Una consecuencia que, según el tribunal médico que la evaluó, fue fruto de un cuadro psicótico. Una conclusión que sirvió para que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) le otorgara la incapacidad permanente absoluta (IPA), con su consiguiente pensión.. Este hecho ocurrió en 2003 y permaneció recibiendo la pensión durante años, hasta que un detective privado, contratado por la mutua de la empresa, decidió seguirla para comprobar que, efectivamente, la mujer continuaba sin poder hablar debido al trauma. Una decisión que surgió ante la falta de pruebas solicitadas por parte de la Seguridad Social para reevaluar su caso.. La pregunta que lo reveló todo. Sin embargo, este no fue el único origen de sus sospechas. Ya en 2019, los médicos de la mutua observaron que no hacía ningún intento de comunicarse. Además, desde 2009, sus historiales médicos no presentaban ninguna dificultad en el habla, aunque acudía frecuentemente a diferentes especialistas. Fue entonces cuando el detective comenzó a vigilarla.. Su sorpresa fue mayor cuando la observó acompañando a su hija al colegio y hablando con las otras madres, como bien explica Manuel Espinosa Ortiz, CEO y abogado principal en EOM Equipo Jurídico. Para confirmar sus sospechas, el detective decidió acercarse a la trabajadora y hacerle una simple pregunta: «Oye, ¿dónde está El Corte Inglés?» Y ella, en vez de demostrar que no podía hablar, respondió con total naturalidad.. Habiendo observado su comportamiento y sin muestras aparentes de la supuesta incapacidad en el habla, la mutua de la empresa presentó una denuncia contra la trabajadora. Esta, a pesar de haber sido pillada ‘in fraganti’, alegó que las pruebas recogidas por el detective no debían ser consideradas en un juicio, pues suponían una «clara vulneración de sus derechos constitucionales».. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia. A pesar de ello, el Tribunal Superior de Justicia consideró que la información recopilada por la mutua tenía validez y que el informe presentado no suponía una vulneración de su derecho de defensa, de intimidad ni de honor. Un informe que fue elaborado por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) del INSS y con el que se declaró que no había indicios de «menoscabo alguno en las limitaciones orgánicas y/o funcionales» de la trabajadora.. Teniendo en cuenta lo observado por el EVI y las pruebas presentadas por el detective, el tribunal declaró que había quedado acreditado que «se trataba de una simulación del cuadro de pseudomutismo o, al menos, una evolución muy favorable de tal cuadro, ya que ha desaparecido la sintomatología inhibida».. La sentencia final emitida por el TSJ de Andalucía fue clara. Según explica el letrado, terminaron «suprimiendo esa pensión y le obligaron a devolver todo el dinero y pagar las costas del juicio». Sin embargo, según afirmó Daniel Fontanals, detective, en el programa «Espejo Público» este tipo de comportamientos suele ser bastante habitual: «Es un entorno en el que nos movemos mucho y todas las semanas. Personas que no pueden caminar y las encontramos haciendo deporte, jugando al fútbol…».. Debido a la frecuencia de este tipo de casos y sumado al enorme gasto público que supone el aumento de los casos de absentismo en España, el Gobierno ha decidido reforzar la vigilancia de aquellos empleados que se encuentren de baja por incapacidad temporal durante dos o más veces en el mismo año.
