Los Gestores Administrativos reclaman al Gobierno una regulación proporcional e inteligente para evitar que las nuevas obligaciones tecnológicas asfixien a los pequeños negocios antes de su implantación definitiva
El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha solicitado al Gobierno una revisión urgente de la implantación de VERI*FACTU y de la futura factura electrónica obligatoria. El colectivo pide adaptar estas normas al tamaño real de autónomos y micropymes mediante criterios de proporcionalidad y riesgo fiscal. De este modo, se evitará que los pequeños negocios asuman obligaciones tecnológicas desproporcionadas y ajenas a su actividad diaria. El calendario de implantación de Veri*factu establece dos fechas límite obligatorias para adaptar los sistemas de facturación en España: el 1 de enero de 2027 para quienes declaran el Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para autónomos y el resto de obligados. El «café para todos» en un tejido de micropymesLos Gestores Administrativos recuerdan que el 99,8 % del tejido empresarial español está constituido por pequeñas y medianas empresas. En estos negocios, la estructura es extremadamente reducida y, por lo general, es el propio empresario quien asume simultáneamente la dirección, la gestión económica, la contratación de personal y el cumplimiento normativo. Cada nueva exigencia regulatoria les resta un tiempo valioso que dejan de dedicar a producir, vender, atender clientes o generar puestos de trabajo.“La tecnología permite hoy conocer mucho mejor la realidad de cada contribuyente. Si la Administración dispone de información suficiente para identificar niveles de riesgo diferentes, resulta difícil justificar que un pequeño bar, una peluquería, un autónomo o una multinacional soporten prácticamente las mismas obligaciones administrativas”, señala Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General. El colectivo aclara que no cuestiona la digitalización ni las medidas contra el fraude fiscal. Al contrario, considera que la inteligencia artificial y el potencial tecnológico de la Administración Tributaria ofrecen una oportunidad única para mejorar la eficacia del control. Por ello, defienden sustituir el modelo rígido del «café para todos» por una regulación inteligente que diferencie con claridad entre perfiles con riesgos muy distintos. Casos cotidianos: obligaciones permanentes por operaciones excepcionalesPara demostrar esta falta de proporcionalidad, los Gestores Administrativos señalan que basta con seguir el propio Informador de la Agencia Tributaria para comprobar cómo un pequeño establecimiento puede verse obligado a asumir pesadas obligaciones tecnológicas permanentes por un hecho totalmente excepcional. El itinerario que la propia Administración ofrece a los contribuyentes muestra situaciones cotidianas muy claras:El caso de un bar: Un pequeño bar que habitualmente solo emite tickets sencillos a sus clientes particulares puede verse obligado a adaptar de manera definitiva todo su sistema informático de facturación simplemente porque una empresa celebra una comida de trabajo y solicita una factura completa.
El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha solicitado al Gobierno una revisión urgente de la implantación de VERI*FACTU y de la futura factura electrónica obligatoria. El colectivo pide adaptar estas normas al tamaño real de autónomos y micropymes mediante criterios de proporcionalidad y riesgo fiscal. De este modo, se evitará que los pequeños negocios asuman obligaciones tecnológicas desproporcionadas y ajenas a su actividad diaria. El calendario de implantación de Veri*factu establece dos fechas límite obligatorias para adaptar los sistemas de facturación en España: el 1 de enero de 2027 para quienes declaran el Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para autónomos y el resto de obligados. El «café para todos» en un tejido de micropymes Los Gestores Administrativos recuerdan que el 99,8 % del tejido empresarial español está constituido por pequeñas y medianas empresas. En estos negocios, la estructura es extremadamente reducida y, por lo general, es el propio empresario quien asume simultáneamente la dirección, la gestión económica, la contratación de personal y el cumplimiento normativo. Cada nueva exigencia regulatoria les resta un tiempo valioso que dejan de dedicar a producir, vender, atender clientes o generar puestos de trabajo. “La tecnología permite hoy conocer mucho mejor la realidad de cada contribuyente. Si la Administración dispone de información suficiente para identificar niveles de riesgo diferentes, resulta difícil justificar que un pequeño bar, una peluquería, un autónomo o una multinacional soporten prácticamente las mismas obligaciones administrativas”, señala Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General. El colectivo aclara que no cuestiona la digitalización ni las medidas contra el fraude fiscal. Al contrario, considera que la inteligencia artificial y el potencial tecnológico de la Administración Tributaria ofrecen una oportunidad única para mejorar la eficacia del control. Por ello, defienden sustituir el modelo rígido del «café para todos» por una regulación inteligente que diferencie con claridad entre perfiles con riesgos muy distintos. Casos cotidianos: obligaciones permanentes por operaciones excepcionales Para demostrar esta falta de proporcionalidad, los Gestores Administrativos señalan que basta con seguir el propio Informador de la Agencia Tributaria para comprobar cómo un pequeño establecimiento puede verse obligado a asumir pesadas obligaciones tecnológicas permanentes por un hecho totalmente excepcional. El itinerario que la propia Administración ofrece a los contribuyentes muestra situaciones cotidianas muy claras: El caso de un bar: Un pequeño bar que habitualmente solo emite tickets sencillos a sus clientes particulares puede verse obligado a adaptar de manera definitiva todo su sistema informático de facturación simplemente porque una empresa celebra una comida de trabajo y solicita una factura comple
