Ayer fue el día del dolor y la solidaridad, y así lo entendimos todos ante el dramático balance mortal de este nuevo accidente en nuestra alta velocidad ferroviaria, que deja maltrecho el nombre de España. También era el momento de la indignación contenida, porque a medida que asumimos como irremediable la tragedia, crecía en muchos de nosotros una amarga impotencia cargada de desconsuelo por ver cómo 68 de los nuestros se van después de que hace apenas diez meses murieran otros 46 en el accidente de Adamuz. Si ayer fue el día del dolor, de la solidaridad con las familias de los fallecidos y los heridos, hoy ya ha llegado el momento de exigir que se depuren las responsabilidades que procedan por lo ocurrido. La responsabilidad penal la decidirán los tribunales de acuerdo con un procedimiento que ya está en marcha, pero hay una responsabilidad que va mucho más allá de lo penal y de los fallos humanos o técnicos. Esa es la responsabilidad política, que recae en los dirigentes máximos de la estructura administrativa encargada de la Alta Velocidad Española, y que soporta directamente el ministro de Transportes, por mucho que no conduzca los trenes ni suelde él directamente las vías ni ejerza tarea alguna en los sistemas de seguridad. El ministro no hace ninguna de esas tareas, porque no es su función, pero si se producen fallos tan graves con consecuencias tan enormes como en Adamuz el pasado enero y ayer en Urda, la responsabilidad política se ha de depurar, aunque sea por solidaridad compensatoria con el dolor que sufren todas las familias que han perdido a sus seres más queridos. No hacerlo es impropio de quien asume una cartera ministerial, con los compromisos de entrega al servicio público que eso conlleva. Si, amén de no hacerlo, el responsable político procede atribuyendo autorías a la tecnología o a errores de terceros, se deteriora aún más su imagen, ya minada por una manera poco edificante de gobernar el ministerio. Hecho multiplicado en gravedad por esa manera tan reiterada como innecesaria de asomarse a las redes sociales, calificando indebidamente a los adversarios, mofándose de quienes, según él, no estuvieron a la altura en la dana o en los incendios.. Óscar Puente no dirige el Centro de Control de Atocha ni estuvo realizando la soldadura de las deterioradas vías de Adamuz, pero la responsabilidad política de lo que sucedió entonces y también ayer en Urda, es enteramente suya. Y cuando ocurre algo tan grave, además de manera repetida, lo que procede es dimitir.
Hoy ya ha llegado el momento de exigir que se depuren las responsabilidades que procedan por lo ocurrido
Ayer fue el día del dolor y la solidaridad, y así lo entendimos todos ante el dramático balance mortal de este nuevo accidente en nuestra alta velocidad ferroviaria, que deja maltrecho el nombre de España. También era el momento de la indignación contenida, porque a medida que asumimos como irremediable la tragedia, crecía en muchos de nosotros una amarga impotencia cargada de desconsuelo por ver cómo 68 de los nuestros se van después de que hace apenas diez meses murieran otros 46 en el accidente de Adamuz. Si ayer fue el día del dolor, de la solidaridad con las familias de los fallecidos y los heridos, hoy ya ha llegado el momento de exigir que se depuren las responsabilidades que procedan por lo ocurrido. La responsabilidad penal la decidirán los tribunales de acuerdo con un procedimiento que ya está en marcha, pero hay una responsabilidad que va mucho más allá de lo penal y de los fallos humanos o técnicos. Esa es la responsabilidad política, que recae en los dirigentes máximos de la estructura administrativa encargada de la Alta Velocidad Española, y que soporta directamente el ministro de Transportes, por mucho que no conduzca los trenes ni suelde él directamente las vías ni ejerza tarea alguna en los sistemas de seguridad. El ministro no hace ninguna de esas tareas, porque no es su función, pero si se producen fallos tan graves con consecuencias tan enormes como en Adamuz el pasado enero y ayer en Urda, la responsabilidad política se ha de depurar, aunque sea por solidaridad compensatoria con el dolor que sufren todas las familias que han perdido a sus seres más queridos. No hacerlo es impropio de quien asume una cartera ministerial, con los compromisos de entrega al servicio público que eso conlleva. Si, amén de no hacerlo, el responsable político procede atribuyendo autorías a la tecnología o a errores de terceros, se deteriora aún más su imagen, ya minada por una manera poco edificante de gobernar el ministerio. Hecho multiplicado en gravedad por esa manera tan reiterada como innecesaria de asomarse a las redes sociales, calificando indebidamente a los adversarios, mofándose de quienes, según él, no estuvieron a la altura en la dana o en los incendios.. Óscar Puente no dirige el Centro de Control de Atocha ni estuvo realizando la soldadura de las deterioradas vías de Adamuz, pero la responsabilidad política de lo que sucedió entonces y también ayer en Urda, es enteramente suya. Y cuando ocurre algo tan grave, además de manera repetida, lo que procede es dimitir.
