El Partido Popular y la Comunidad de Madrid han cargado contra el nuevo modelo de financiación de la dependencia impulsado por el Gobierno, al que califican de «parche» por considerar que carece de una financiación estructural y de garantías presupuestarias para asegurar su continuidad. Las críticas llegan pese a que los populares han respaldado hoy en el Congreso el real decreto ley, que permitirá incrementar la aportación estatal al sistema con 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027.
Durante el debate parlamentario, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, anunció el voto favorable de su grupo al decreto por considerar que la dependencia necesita más recursos públicos. Sin embargo, dejó claro que ese respaldo no supone avalar la gestión del Ejecutivo. «No vamos a convalidar su forma de gobernar», afirmó.
La dirigente popular sostuvo que «el Gobierno presenta como una inversión de 6.200 millones de euros, una cifra que no aparece reflejada en el decreto». Según explicó, el texto únicamente contempla un suplemento de crédito de 2.218 millones para el ejercicio en curso y mantiene que la financiación estructural seguirá dependiendo de la aprobación anual de los Presupuestos Generales del Estado.
«La dependencia necesita certezas, no parches», resumió Fúnez, quien insistió en que el Ejecutivo continúa sin presentar una memoria económica que garantice la sostenibilidad de los nuevos derechos que incorpora la reforma. También recordó que los propios grupos que apoyan al Gobierno han incorporado una enmienda que concede un plazo de doce meses para estudiar un nuevo sistema de financiación, lo que, a su juicio, evidencia que todavía no existe un modelo definitivo.
La diputada popular acusó además al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de incurrir en una contradicción. Recordó que hace apenas unos meses justificaba la imposibilidad de incrementar la financiación de la dependencia debido a la prórroga presupuestaria y sostuvo que la aprobación del decreto demuestra que «sí podían» aumentar los recursos sin necesidad de unas nuevas cuentas públicas.
Una deuda de 20.000 millones con las autonomías
Fúnez también reprochó al Ejecutivo haber retrasado este incremento pese a que, según afirmó, mantiene una deuda de 20.000 millones de euros con las comunidades autónomas por la financiación del sistema desde 2018. En su intervención reiteró que las autonomías continúan sufragando aproximadamente tres de cada cuatro euros del coste de la dependencia y defendió que el Estado debe asumir el 50% de la financiación, aunque con un calendario y unas reglas estables.
En la misma línea se pronunció la Comunidad de Madrid, que calificó el nuevo modelo de financiación de «parche» por no ir acompañado de «una memoria económica que respalde su viabilidad». El Ejecutivo madrileño advirtió de que existe el riesgo de generar «derechos de papel» que terminen frustrando las expectativas de los ciudadanos si no se garantiza una financiación estable.
El Gobierno regional sostiene, además, de los 20.000 millones de euros que el Estado debe al conjunto de las comunidades autónomas desde 2018 para sufragar el sistema de dependencia, 3.400 millones corresponderían a Madrid. Según sus datos, actualmente la Administración General del Estado financia el 27% del coste de la dependencia en la región, mientras que el resto recae sobre las arcas autonómicas, pese a que la legislación fija un reparto al 50%.
Asimismo, la Comunidad reclama al Ejecutivo que explique de dónde procederán los recursos necesarios para sostener el incremento anunciado y recuerda que lleva tres años reclamando un aumento de la financiación. A su juicio, el Gobierno había defendido hasta ahora que ese incremento era inviable sin nuevos Presupuestos Generales del Estado, una tesis que considera desmentida por la aprobación del decreto.
El Partido Popular y la Comunidad de Madrid han cargado contra el nuevo modelo de financiación de la dependencia impulsado por el Gobierno, al que califican de «parche» por considerar que carece de una financiación estructural y de garantías presupuestarias para asegurar su continuidad. Las críticas llegan pese a que los populares han respaldado hoy en el Congreso el real decreto ley, que permitirá incrementar la aportación estatal al sistema con 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. Durante el debate parlamentario, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, anunció el voto favorable de su grupo al decreto por considerar que la dependencia necesita más recursos públicos. Sin embargo, dejó claro que ese respaldo no supone avalar la gestión del Ejecutivo. «No vamos a convalidar su forma de gobernar», afirmó. La dirigente popular sostuvo que «el Gobierno presenta como una inversión de 6.200 millones de euros, una cifra que no aparece reflejada en el decreto». Según explicó, el texto únicamente contempla un suplemento de crédito de 2.218 millones para el ejercicio en curso y mantiene que la financiación estructural seguirá dependiendo de la aprobación anual de los Presupuestos Generales del Estado. «La dependencia necesita certezas, no parches», resumió Fúnez, quien insistió en que el Ejecutivo continúa sin presentar una memoria económica que garantice la sostenibilidad de los nuevos derechos que incorpora la reforma. También recordó que los propios grupos que apoyan al Gobierno han incorporado una enmienda que concede un plazo de doce meses para estudiar un nuevo sistema de financiación, lo que, a su juicio, evidencia que todavía no existe un modelo definitivo. La diputada popular acusó además al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de incurrir en una contradicción. Recordó que hace apenas unos meses justificaba la imposibilidad de incrementar la financiación de la dependencia debido a la prórroga presupuestaria y sostuvo que la aprobación del decreto demuestra que «sí podían» aumentar los recursos sin necesidad de unas nuevas cuentas públicas. Una deuda de 20.000 millones con las autonomías Fúnez también reprochó al Ejecutivo haber retrasado este incremento pese a que, según afirmó, mantiene una deuda de 20.000 millones de euros con las comunidades autónomas por la financiación del sistema desde 2018. En su intervención reiteró que las autonomías continúan sufragando aproximadamente tres de cada cuatro euros del coste de la dependencia y defendió que el Estado debe asumir el 50% de la financiación, aunque con un calendario y unas reglas estables. En la misma línea se pronunció la Comunidad de Madrid, que calificó el nuevo modelo de financiación de «parche» por no ir acompañado de «una memoria económica que respalde su viabilidad». El Ejecutivo madrileño advirtió de que existe el riesgo de generar «derechos de papel» que terminen frus
Los populares han respaldado el nuevo decreto ley, pero cuestionan la falta de memoria económica y de garantías para sostener el sistema
El Partido Popular y la Comunidad de Madrid han cargado contra el nuevo modelo de financiación de la dependencia impulsado por el Gobierno, al que califican de «parche» por considerar que carece de una financiación estructural y de garantías presupuestarias para asegurar su continuidad. Las críticas llegan pese a que los populares han respaldado hoy en el Congreso el real decreto ley, que permitirá incrementar la aportación estatal al sistema con 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027.Durante el debate parlamentario, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, anunció el voto favorable de su grupo al decreto por considerar que la dependencia necesita más recursos públicos. Sin embargo, dejó claro que ese respaldo no supone avalar la gestión del Ejecutivo. «No vamos a convalidar su forma de gobernar», afirmó.La dirigente popular sostuvo que «el Gobierno presenta como una inversión de 6.200 millones de euros, una cifra que no aparece reflejada en el decreto». Según explicó, el texto únicamente contempla un suplemento de crédito de 2.218 millones para el ejercicio en curso y mantiene que la financiación estructural seguirá dependiendo de la aprobación anual de los Presupuestos Generales del Estado.»La dependencia necesita certezas, no parches», resumió Fúnez, quien insistió en que el Ejecutivo continúa sin presentar una memoria económica que garantice la sostenibilidad de los nuevos derechos que incorpora la reforma. También recordó que los propios grupos que apoyan al Gobierno han incorporado una enmienda que concede un plazo de doce meses para estudiar un nuevo sistema de financiación, lo que, a su juicio, evidencia que todavía no existe un modelo definitivo.La diputada popular acusó además al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de incurrir en una contradicción. Recordó que hace apenas unos meses justificaba la imposibilidad de incrementar la financiación de la dependencia debido a la prórroga presupuestaria y sostuvo que la aprobación del decreto demuestra que «sí podían» aumentar los recursos sin necesidad de unas nuevas cuentas públicas.Fúnez también reprochó al Ejecutivo haber retrasado este incremento pese a que, según afirmó, mantiene una deuda de 20.000 millones de euros con las comunidades autónomas por la financiación del sistema desde 2018. En su intervención reiteró que las autonomías continúan sufragando aproximadamente tres de cada cuatro euros del coste de la dependencia y defendió que el Estado debe asumir el 50% de la financiación, aunque con un calendario y unas reglas estables.En la misma línea se pronunció la Comunidad de Madrid, que calificó el nuevo modelo de financiación de «parche» por no ir acompañado de «una memoria económica que respalde su viabilidad». El Ejecutivo madrileño advirtió de que existe el riesgo de generar «derechos de papel» que terminen frustrando las expectativas de los ciudadanos si no se gara
