La demora en el despliegue completo de la ley de amnistía puede acarrear un coste económico para las finanzas de España. Así lo sostiene Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, y así lo plantea en la denuncia que ha elevado a la Comisión Europea para impugnar lo que califica de “argucia obstructiva impropia” por parte del Tribunal de Cuentas, con el fin de bloquear el perdón judicial a Puigdemont y a otros ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos el expresidente Artur Mas, que fueron inculpados por los gastos del procés. El “incumplimiento deliberado” de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro “afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta”, recoge el escrito presentado por el letrado, y advierte que tiene a su favor la opción de reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Fundamenta la pretensión en “la responsabilidad patrimonial del Estado” frente a los particulares “por las violaciones del Derecho de la Unión imputables a sus órganos jurisdiccionales”. Seguir leyendo
La demora en el despliegue completo de la ley de amnistía puede acarrear un coste económico para las finanzas de España. Así lo sostiene Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, y así lo plantea en la denuncia que ha elevado a la Comisión Europea para impugnar lo que califica de “argucia obstructiva impropia” por parte del Tribunal de Cuentas, con el fin de bloquear el perdón judicial a Puigdemont y a otros ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos el expresidente Artur Mas, que fueron inculpados por los gastos del procés. El “incumplimiento deliberado” de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro “afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta”, recoge el escrito presentado por el letrado, y advierte que tiene a su favor la opción de reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Fundamenta la pretensión en “la responsabilidad patrimonial del Estado” frente a los particulares “por las violaciones del Derecho de la Unión imputables a sus órganos jurisdiccionales”. Puigdemont ha reaccionado en las redes sociales con un escrito donde indica que “al españolismo, la idea de Europa le repugna” y acusa al Tribunal de Cuentas de “desobedecer conscientemente”. Un portavoz de la Comisión Europea se limitó este miércoles a confirmar a este diario la recepción de la denuncia de los políticos independentistas catalanes. Según recuerda, la demanda seguirá el “procedimiento habitual” en estos casos: las reclamaciones “se examinan, se registran y se evalúan antes de tomar una decisión”, para lo que no se ha definido al menos por el momento un calendario, si bien el tiempo máximo establecido para tomar una decisión es “el plazo de un año a partir del registro” de la denuncia, según las normas internasEl TJUE, tribunal con sede en Luxemburgo, falló el pasado jueves que la ley de amnistía, aprobada en el Congreso de los Diputados en mayo de 2024, es acorde al derecho comunitario porque ni choca contra los intereses financieros de la Unión Europea ni tampoco es contraria a la directiva en materia de terrorismo. La decisión parecía marcar un punto y aparte en el largo debate jurídico que ha generado la amnistía y, sobre el papel, allana el regreso de Puigdemont, también de los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, así como el archivo de la causa abierta en el Tribunal de Cuentas contra 33 ex cargos de la Generalitat por un gasto de casi 4 millones de euros relacionados con el procés y con el intento de referéndum independentista del 1-O de 2017. Pero, este tribunal decidió activar una nueva fase de alegaciones, lo que sigue retrasando el carpetazo de la causa. “Básicamente este órgano al que nos estamos dirigiendo se ha declarado en abierta rebeldía frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, mantiene el escrito de denuncia presentado por Gonzalo Boye, en representaci
En su denuncia elevada a la Comisión Europea se recoge que el “incumplimiento deliberado” de una sentencia del TJUE faculta exigir “la responsabilidad patrimonial del Estado”
