Sheila ha pasado en unos meses a convertirse en víctima por partida triple: de maltrato por parte de su expareja, de un desahucio de una vivienda pública por una sucesión de trámites administrativos, y de una burbuja del alquiler que, unido a su falta de empleo, le hacen imposible encontrar un hogar para ella y sus tres hijos.
Desde el pasado 8 de julio Sheila se encuentra en una situación límite buscando «casa y trabajo» de forma desesperada, tras ser desahuciada de la vivienda pública en la que residía en Torrejón de Ardoz (Madrid). «Ahora lo principal es la vivienda para poder traer a los niños», afirma en una entrevista con la Agencia EFE. Actualmente, vive en un hostal, separada de sus tres hijos de 16, 14 y 11 años, que están con su padre (no es la persona a la que denunció por violencia de género), a pesar de que ella tiene la custodia legal. «Mis hijos tienen que venir ya», urge.
El desalojo se ejecutó a instancias de la actual Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (antiguo IVIMA) que estaba a nombre de su expareja, a la que denunció por violencia machista. «Yo me moví para que me adjudicaran la vivienda y para regularizar la situación del contrato», explica. Sin embargo, la solicitud le fue denegada por un motivo administrativo de plazos.
Según le comunicó una empleada de la agencia, el requisito era estar empadronada en esa vivienda desde 2015, y ella lo estaba desde 2016. «Por tres meses no te lo han adjudicado», fue la justificación que recibió.
Sheila relata que intentó por todos los medios frenar el desahucio y que incluso logró un compromiso que no se materializó.
«El mismo alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, que es del PP, dijo que lo iban a parar e iban a hablar para ponerme un alquiler social», pero el desalojo se ejecutó en la fecha prevista «sin que mandaran un comunicado para evitarlo».
Tras perder su hogar, el Ayuntamiento de Torrejón le costeó unos días de alojamiento en un hostal, primero con sus hijos (del 8 al 14 de julio) y después para ella sola (hasta el 17 de julio).
Asimismo, el Consistorio de Torrejón le concedió una ayuda de 1.700 euros, que, según Sheila, estaba destinada a cubrir «el mes de fianza y el mes corriente» de un nuevo alquiler.
Sin embargo, la realidad del mercado inmobiliario la ha forzado a destinar ese dinero a pagar el hostal para no dormir en la calle. «Ese dinero que me han dado me lo estoy gastando en el hostal porque no encuentro otra cosa», asegura, mientras entrega puntualmente las facturas a servicios sociales.
Con experiencia como camarera, dependienta y limpiadora, y cobrando únicamente el ingreso mínimo vital (IMV), encontrar un alquiler es una misión casi imposible. Entre los principales escollos para encontrar piso cita los requisitos de solvencia y los altos costes.
«Los precios, en primer lugar, y, en segundo término, los que llamo de Internet te piden una barbaridad», denuncia.
Su objetivo es permanecer en Torrejón o en municipios cercanos para no desarraigar a sus hijos. «No es fácil mover a los niños de institutos y de colegios, en los que llevan muchos años», subraya.
Como víctima de violencia, le han ofrecido recursos como un centro de acogida, pero los rechaza por el bienestar de sus hijos y por una amenaza directa del padre de los menores. «Ahora sabe que no tengo casa y ya les está diciendo a los niños: ‘Le voy a quitar la custodia a tu madre'», cuenta con angustia. Por eso, su negativa es rotunda: «Yo en un centro no me voy a meter con mis hijos».
La presión de la búsqueda de vivienda y trabajo, la burocracia y la atención mediática la han llevado al agotamiento. «Llegó un día en el que dije: ‘No puedo más’.
(Ximena Hessling/Efe)
Sheila se ha convertido en víctima por triple motivo en apenas unos meses: ha sufrido maltrato de su expareja, ha enfrentado un desalojo de su vivienda pública debido a complicaciones administrativas, y se enfrenta a una burbuja del alquiler que, junto con su falta de empleo, le dificulta encontrar un nuevo hogar para ella y sus tres hijos. Desde el 8 de julio, Sheila está en una situación crítica, buscando desesperadamente «casa y trabajo», tras ser desalojada de su vivienda pública en Torrejón de Ardoz (Madrid). «Lo más importante en este momento es conseguir una vivienda para poder traer a los niños», declara en una conversación con la Agencia EFE. En este momento, reside en un albergue, lejos de sus tres hijos de 16, 14 y 11 años, quienes se encuentran con su padre (diferente al hombre al que acusó por violencia de género), aunque ella ostenta la custodia legal. «Mis hijos necesitan venir ya», exhorta. El desalojo fue llevado a cabo por la actual Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (anteriormente conocida como IVIMA), y estaba a nombre de su expareja, a quien denunció por violencia de género. «Me trasladé para que me asignaran la vivienda y para regularizar la situación del contrato», comenta. No obstante, su petición fue rechazada debido a un asunto administrativo relacionado con los tiempos. Una trabajadora de la agencia le informó que se requería estar registrada en esa casa desde 2015, mientras que ella lo estaba desde 2016. «No te lo han adjudicado por tres meses», fue la razón que le dieron. Sheila comenta que intentó de todas las formas detener el desalojo y que incluso llegó a obtener un compromiso que no se cumplió. «El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, del PP, afirmó que iban a detenerlo y que hablarían para ofrecerme un alquiler social», pero el desalojo se llevó a cabo en la fecha prevista «sin enviar un comunicado que lo impidiera». Después de perder su casa, el Ayuntamiento de Torrejón le pagó unos días de hospedaje en un hostal, primero junto a sus hijos (del 8 al 14 de julio) y luego para ella sola (hasta el 17 de julio). Además, el Ayuntamiento le ofreció una ayuda de 1.700 euros, que, según Sheila, iba destinada a cubrir «el mes de fianza y el mes corriente» de un nuevo alquiler. Sin embargo, la situación del mercado de alquiler la ha obligado a utilizar ese dinero para abonar el hostal y evitar dormir en la calle. «El dinero que recibí lo estoy utilizando en el albergue porque no hallo otra alternativa,» dice, mientras presenta puntualmente las facturas a los servicios sociales. Con experiencia como mesera, vendedora y limpiadora, y únicamente percibiendo el ingreso mínimo vital (IMV), encontrar un lugar de alquiler se vuelve una tarea casi inalcanzable.
«Llegó un momento en que exclamé: Ya no puedo seguir.»
Sheila se ha convertido en víctima por triple motivo en apenas unos meses: ha sufrido maltrato de su expareja, ha enfrentado un desalojo de su vivienda pública debido a complicaciones administrativas, y se enfrenta a una burbuja del alquiler que, junto con su falta de empleo, le dificulta encontrar un nuevo hogar para ella y sus tres hijos. Desde el 8 de julio, Sheila está en una situación crítica, buscando desesperadamente «casa y trabajo», tras ser desalojada de su vivienda pública en Torrejón de Ardoz (Madrid). «Lo más importante en este momento es conseguir una vivienda para poder traer a los niños», declara en una conversación con la Agencia EFE. En este momento, reside en un albergue, lejos de sus tres hijos de 16, 14 y 11 años, quienes se encuentran con su padre (diferente al hombre al que acusó por violencia de género), aunque ella ostenta la custodia legal. «Mis hijos necesitan venir ya», exhorta. El desalojo fue llevado a cabo por la actual Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (anteriormente conocida como IVIMA), y estaba a nombre de su expareja, a quien denunció por violencia de género. «Me trasladé para que me asignaran la vivienda y para regularizar la situación del contrato», comenta. No obstante, su petición fue rechazada debido a un asunto administrativo relacionado con los tiempos. Una trabajadora de la agencia le informó que se requería estar registrada en esa casa desde 2015, mientras que ella lo estaba desde 2016. «No te lo han adjudicado por tres meses», fue la razón que le dieron. Sheila comenta que intentó de todas las formas detener el desalojo y que incluso llegó a obtener un compromiso que no se cumplió. «El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, del PP, afirmó que iban a detenerlo y que hablarían para ofrecerme un alquiler social», pero el desalojo se llevó a cabo en la fecha prevista «sin enviar un comunicado que lo impidiera». Después de perder su casa, el Ayuntamiento de Torrejón le pagó unos días de hospedaje en un hostal, primero junto a sus hijos (del 8 al 14 de julio) y luego para ella sola (hasta el 17 de julio). Además, el Ayuntamiento le ofreció una ayuda de 1.700 euros, que, según Sheila, iba destinada a cubrir «el mes de fianza y el mes corriente» de un nuevo alquiler. Sin embargo, la situación del mercado de alquiler la ha obligado a utilizar ese dinero para abonar el hostal y evitar dormir en la calle. «El dinero que recibí lo estoy utilizando en el albergue porque no hallo otra alternativa,» dice, mientras presenta puntualmente las facturas a los servicios sociales. Con experiencia como mesera, vendedora y limpiadora, y únicamente percibiendo el ingreso mínimo vital (IMV), encontrar un lugar de alquiler se vuelve una tarea casi inalcanzable.
