A las diez de la mañana, un aplauso rompe el silencio de la calle de Félix Rodríguez de la Fuente, en el distrito de Moratalaz. Frente al número 51, decenas de vecinos se abrazan y sonríen porque Manuela, una mujer de 53 años cuyo delicado estado de salud la obliga a permanecer conectada a una bombona de oxígeno durante 16 horas al día, finalmente no será desahuciada. En el edificio conocido como El Ruedo, llamado así por su parecido con una plaza de toros, la angustia de los últimos seis días da paso al alivio. La Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid ha suspendido el lanzamiento judicial previsto para este viernes y ha comunicado que regularizará el contrato de alquiler de la mujer después de revisar el expediente y reconocer que tenía derecho a la vivienda desde el principio. La decisión pone fin, al menos de momento, a seis días de incertidumbre en los que la vecina de Moratalaz había preparado incluso las cajas por si finalmente tenía que abandonar la casa en la que ha vivido durante 36 años. Seguir leyendo
A las diez de la mañana, un aplauso rompe el silencio de la calle de Félix Rodríguez de la Fuente, en el distrito de Moratalaz. Frente al número 51, decenas de vecinos se abrazan y sonríen porque Manuela, una mujer de 53 años cuyo delicado estado de salud la obliga a permanecer conectada a una bombona de oxígeno durante 16 horas al día, finalmente no será desahuciada. En el edificio conocido como El Ruedo, llamado así por su parecido con una plaza de toros, la angustia de los últimos seis días da paso al alivio. La Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid ha suspendido el lanzamiento judicial previsto para este viernes y ha comunicado que regularizará el contrato de alquiler de la mujer después de revisar el expediente y reconocer que tenía derecho a la vivienda desde el principio. La decisión pone fin, al menos de momento, a seis días de incertidumbre en los que la vecina de Moratalaz había preparado incluso las cajas por si finalmente tenía que abandonar la casa en la que ha vivido durante 36 años. “Nos han confirmado por teléfono que se suspende el desahucio, que han revisado el expediente, que efectivamente han comprobado que la titular del derecho a la vivienda era Manuela y que van a proceder a regularizar el contrato, que es como se llama técnicamente el procedimiento que corresponde a este tipo de situación”, explica su abogada. La resolución supone un giro de 180 grados respecto a la situación de apenas unas horas antes. Según relata la defensa de Manuela, el jueves a las dos de la tarde les comunicaron que el desahucio seguía adelante. Tres horas más tarde llegó una nueva llamada: la administración había revisado el expediente y cambiaba de criterio. La historia de Manuela se remonta a 1991. Ese año fue realojada desde el asentamiento de El Pozo del Huevo en una vivienda pública del entonces Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), hoy Agencia de Vivienda Social. Sin embargo, el contrato solo reconoció como titular a su pareja, Jonathan, mientras que ella aparecía únicamente como esposa, pese a que ambos figuraban como adjudicatarios durante el proceso de realojo. La paradoja es que el hombre nunca llegó a vivir en la vivienda porque ingresó en prisión antes del traslado. Desde entonces fue Manuela quien residió de forma ininterrumpida en el inmueble, pagó el alquiler durante más de tres décadas, asumió el mantenimiento de la casa e incluso llegó a ser presidenta de la comunidad de vecinos. Manuela se abraza con una de sus vecinas.JUAN BARBOSAEn 2023, una inspección de la Agencia de Vivienda Social constató que el titular del contrato no residía allí. La administración regional rescindió entonces el contrato al considerar incumplida esa condición y abrió el procedimiento de desahucio, sin reconocer el derecho de Manuela a permanecer en la vivienda. Según explica Roberto Borda, de la Asociación Apoyo, la clave del caso estaba precisamente en la documentación
La Agencia de Vivienda Social suspende el lanzamiento judicial después de revisar el expediente y admitir que la mujer es la adjudicataria de la vivienda desde 1991
