Las habitualmente largas y en ocasiones algo tensas negociaciones entre las administraciones y la farmacéuticas para financiar en la sanidad pública los medicamentos más innovadores —y con un mayor coste para el sistema— acaba de desembocar en una inusual crisis, con cruce de duros reproches en público, entre el gigante estadounidense Eli Lilly y los responsables del Ministerio de Sanidad. Mientras la compañía ha acusado a Sanidad de dejar a enfermos y médicos sin “las herramientas que necesitan” para hacer frente a la enfermedad, el departamento que dirige Mónica García ha pedido “no engañar” a pacientes y familias con falsas promesas sobre los beneficios del fármaco.Seguir leyendo
El retraso de las negociaciones para introducir los fármacos en la sanidad pública lleva a la firma a criticar que se deje a enfermos y médicos sin “las herramientas que necesitan”. El ministerio pide “no engañar” a las familias
Las habitualmente largas y en ocasiones algo tensas negociaciones entre las administraciones y la farmacéuticas para financiar en la sanidad pública los medicamentos más innovadores —y con un mayor coste para el sistema— acaba de desembocar en una inusual crisis, con cruce de duros reproches en público, entre el gigante estadounidense Eli Lilly y los responsables del Ministerio de Sanidad. Mientras la compañía ha acusado a Sanidad de dejar a enfermos y médicos sin “las herramientas que necesitan” para hacer frente a la enfermedad, el departamento que dirige Mónica García ha pedido “no engañar” a pacientes y familias con falsas promesas sobre los beneficios del fármaco.El origen de la disputa ha sido la falta de avances en las conversaciones en marcha para que lleguen a los hospitales dos nuevos tratamientos frente al alzhéimer. El de Eli Lilly es el Kisunla (donanemab), indicado para adultos con enfermedad de Alzheimer sintomática temprana. El segundo es el Leqembi (lecanemab), comercializado conjuntamente por las farmacéuticas Eisai y Biogen —que han mantenido un perfil más bajo en la disputa— e indicado también para las fases iniciales de la enfermedad. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), en la que participan las comunidades autónomas, rechazó el miércoles financiar públicamente ambos tratamientos al negarse las farmacéuticas a aceptar una cláusula denominada de “techo de gasto”. Esta fórmula, habitual en el sector, pone un tope máximo al dinero que la sanidad pública podrá destinar a un tratamiento y la sanidad pública recurre a ella para evitar que los nuevos fármacos “supongan un escalado que ponga en riesgo seguir invirtiendo en otras áreas también necesarias”, defiende Sanidad.No es algo extraordinario que se produzcan estas discrepancias en las negociaciones para financiar un tratamiento innovador. Las conversaciones, en algunos casos, se prolongan durante más de un año y las propuestas de las farmacéuticas son estudiadas dos e incluso tres veces por la CIPM antes de que las dos partes alcancen un acuerdo de financiación. Lo novedoso en este caso ha sido que, en lugar de seguir negociando, Eli Lilly ha optado por algo así como romper la baraja. En una carta abierta, Julio Gay-Ger —presidente de la farmacéutica en España— se mostró ayer jueves muy crítico y “disgustado” con la CIPM: “La decisión conocida hoy nos sorprende y desilusiona”, afirma, antes de recordar que “detrás de cada expediente administrativo hay personas reales: pacientes que esperan, familias que acompañan y profesionales sanitarios que necesitan herramientas para actuar a tiempo”.Más dura se ha mostrado la asociación de pacientes CEAFA, que no ha tardado en alinearse con las posiciones de Eli Lilly. La entidad ha calificado de “injustificable” la decisión y ha acusado a Sanidad y las comunidades a “condenar a los pacientes de Alzheimer al abandono?
