Expertos inmobiliarios advierten de que, aunque hayan decaído tras su veto en el Congreso, su mera publicación ya ha provocado la retirada de oferta por la pérdida de confianza, que muchos propietarios tardarán en recuperar
La urgencia de actuar ante el incendio social y político provocado por el desahucio de la octogenaria Maricarmen de su vivienda madrileña en la que llevaba residiendo 70 años ha llevado esta semana a los socios de Gobierno a retomar medio a la carrera la negociación sobre el decreto ley de vivienda que acordaron al inicio de verano. Las frenéticas conversaciones cristalizaron en la publicación de dos decretos ley que incluían una panoplia de medidas que incluyen la prórroga forzosa de los alquileres -y la indemnización del propietario al inquilino en caso de negarse a hacerlo-, la paralización de desahucios en determinadas circunstancias, una nueva limitación de la subida de las rentas o la restricción de las compras de vivienda por parte de fondos de inversión, que uno de los decretos denomina peyorativamente como «buitres» aunque no defina en caso alguno a qué se refiere con este apelativo.. Pero el Ejecutivo se ha topado con la aritmética parlamentaria y ambos decretos decayeron porque no fueron convalidados el viernes en el Congreso por la oposición de Junts a ambas normas.. Su rechazo, sin embargo, no ha evitado el golpe que ha provocado su mera publicación en el mercado del alquiler. Como ha asegurado José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), en un post en Linkedin, «su publicación ya influye en las decisiones de quienes estaban valorando poner una vivienda en alquiler». «Un propietario que aplaza su decisión. Otro que opta por vender. Una vivienda que continúa cerrada. Unos requisitos de solvencia más exigentes para acceder a las que siguen disponibles», lamenta.. Como advierte el presidente de esta asociación, aunque los decretos no se hayan convalidado, «la confianza no se recupera automáticamente. La decisión de retirar una vivienda del alquiler puede durar mucho más que la norma que la motivó», avisa.. Y las retiradas se han producido. El Observatorio del Alquiler de Alquiler Seguro estima que la oferta de alquiler residencial y temporal se sitúa actualmente en torno a 4.290 viviendas por debajo de la trayectoria que cabría esperar atendiendo a su evolución inmediatamente anterior.. «La rápida sucesión de acontecimientos, debate público e iniciativas regulatorias ha introducido un elevado grado de incertidumbre en el mercado del alquiler. Las informaciones recibidas durante los últimos días apuntan a que una parte de los propietarios particulares está adoptando una posición de espera antes de tomar nuevas decisiones sobre sus viviendas», aseguran desde el observatorio.. Mercedes Blanco, consejera delegada de Vecinos Felices y vocal de las pymes catalanas en el Consejo Asesor de Vivienda de la Generalitat, apoya este argumento y afirma que, actualmente, «muchas decisiones están en standby porque existe una falta de claridad sobre cómo se aplicarán las nuevas medidas». «Existe nerviosismo ante la posibilidad de que, incluso tras haber comunicado la finalización del contrato y la voluntad de no renovarlo por una necesidad legítima, se encuentren con dificultades para recuperar el inmueble», sentencia.. El nerviosismo del que habla Blanco nace del temor a que el Gobierno pueda conseguir en algún momento sacar adelante unas reformas que, como denuncian, cargan más sobre sus hombros con una responsabilidad que debería ser de las administraciones como es la de ofrecer vivienda asequible a colectivos vulnerables.. «El escudo social no puede ser el propietario. Un fallo del Estado, que ha sido incapaz de dar un hogar a las familias más vulnerables que lo necesitan, no puede descansar sobre el pequeño propietario particular», han advertido esta misma semana desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), que representa tanto a particulares como a profesionales.. El responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, Carlos Sánchez, abunda en que las medidas que se habían proyectado volvían a centrar buena parte de la respuesta a la emergencia habitacional sobre el propietario, mientras el problema estructural de fondo –la falta de oferta de vivienda en alquiler– sigue sin una respuesta suficiente.. Sobre la inseguridad que genera la mera introducción en el debate público de estas medidas, los agentes inmobiliarios de Cataluña aseguran que si un propietario no está lo suficientemente seguro de cuándo podrá recuperar su casa, «le resulta más difícil decidir alquilarla. Y no podemos permitirnos adoptar medidas que reduzcan aún más la oferta cuando la falta de viviendas disponibles es precisamente uno de los principales problemas que tenemos», explica Montserrat Junyent, presidenta de los API de Cataluña.. La escasez de vivienda en alquiler a la que alude Sánchez se ha agudizado en los últimos años, aunque es difícil cuantificar una cifra exacta de cuánto ha caído. Idealista calcula que entre 2020 y 2025, se desplomó un 61% tomando como referencia los anuncios registrados en el portal. El Observatorio del Alquiler asegura que solo el impacto acumulado tras la aprobación de la Ley de Vivienda (entre 2023 y 2026) ha supuesto la desaparición neta de más de 120.000 viviendas del mercado de arrendamiento habitual.. La consecuencia de esta caída en picado de la oferta ha sido el incremento igual de vertiginoso de los precios. Desde 2018, el incremento ronda el 40%, según los datos de Idealista, aunque en algunas capitales de provincia acumula incrementos de hasta el 70%.. Arantxa Goenaga, abogada experta en derecho inmobiliario del bufete AF Legis, alerta de que incluso medidas como la recogida en el decreto destinado a proteger la «función social de la vivienda» orientada a que las administraciones pagaran a los pequeños propietarios el alquiler hasta que se encontrara una vivienda para una familia vulnerable a la que se suspenda un desahucio «son una chapuza» y endosaban al propietario con «cargas que no le corresponden».. Asval, como todo el sector de forma unánime, insiste una vez más en que lo preciso para solucionar el problema de la vivienda es incrementar la oferta y que las administraciones deben poner su empeño en levantar un parque de vivienda social asequible capaz de dar cobertura a los colectivos en situación de vulnerabilidad en lugar de descargar esta responsabilidad en los propietarios.. En este momento, y a pesar de la cascada de promesas realizadas por el Gobierno, que ha llegado a anunciar la creación de hasta 244.000 viviendas asequibles, la realidad es que este parque está a la cola de Europa. Según los datos ofrecidos por Casa 47, la sociedad pública de vivienda creada por el Gobierno, se han «movilizado» o están «en proceso» 120.000 de las viviendas que prometió Sánchez. Aunque detrás de ese vago concepto de «en proceso» no queda claro cuántas de ellas se han entregado realmente a las familias.. Electomanía ha realizado un cálculo de cuántas viviendas protegidas se han construido desde el año 1981 y el Gobierno de Sánchez, pese al énfasis que ha hecho en sus políticas de vivienda, es el que peor parado sale. Según este análisis, los años asignados a Felipe González suman 1.057.506 viviendas, el 43,5% del total. Le siguen José Luis Rodríguez Zapatero, con 498.982 (20,5%), y José María Aznar, con 477.410 (19,6%). Por detrás quedan Leopoldo Calvo-Sotelo, con 213.709 en solo dos años; Mariano Rajoy, con 105.424, y Pedro Sánchez, con 78.735 hasta 2025.. Los datos del Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda aseguran que el parque español de vivienda asequible apenas alcanza el 3,3% del total, muy lejos del 8% de la media europea.. La fórmula para que la oferta, tanto de vivienda asequible como de alquiler en general, crezca la tienen clara promotores y constructores: más suelo finalista, más agilidad en la tramitación urbanística y de licencias, más seguridad jurídica y una colaboración público-privada efectiva, según detallan desde la patronal de los promotores APCEspaña. Sin olvidar, como añade la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la reforma de la Ley del Suelo, por la que clama todo el sector para desbloquear planes urbanísticos y que el Gobierno prometió a Bruselas para recibir los fondos europeos pero que, finalmente, decidió sustituir en una adenda por la creación de Casa 47.. De todo ello, sin embargo, no hay ni rastro en los dos decretos a los que el Congreso de los Diputados dio luz verde el viernes.
La urgencia de actuar ante el incendio social y político provocado por el desahucio de la octogenaria Maricarmen de su vivienda madrileña en la que llevaba residiendo 70 años ha llevado esta semana a los socios de Gobierno a retomar medio a la carrera la negociación sobre el decreto ley de vivienda que acordaron al inicio de verano. Las frenéticas conversaciones cristalizaron en la publicación de dos decretos ley que incluían una panoplia de medidas que incluyen la prórroga forzosa de los alquileres -y la indemnización del propietario al inquilino en caso de negarse a hacerlo-, la paralización de desahucios en determinadas circunstancias, una nueva limitación de la subida de las rentas o la restricción de las compras de vivienda por parte de fondos de inversión, que uno de los decretos denomina peyorativamente como «buitres» aunque no defina en caso alguno a qué se refiere con este apelativo.. Pero el Ejecutivo se ha topado con la aritmética parlamentaria y ambos decretos decayeron porque no fueron convalidados el viernes en el Congreso por la oposición de Junts a ambas normas.. Su rechazo, sin embargo, no ha evitado el golpe que ha provocado su mera publicación en el mercado del alquiler. Como ha asegurado José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), en un post en Linkedin, «su publicación ya influye en las decisiones de quienes estaban valorando poner una vivienda en alquiler». «Un propietario que aplaza su decisión. Otro que opta por vender. Una vivienda que continúa cerrada. Unos requisitos de solvencia más exigentes para acceder a las que siguen disponibles», lamenta.. Como advierte el presidente de esta asociación, aunque los decretos no se hayan convalidado, «la confianza no se recupera automáticamente. La decisión de retirar una vivienda del alquiler puede durar mucho más que la norma que la motivó», avisa.. Y las retiradas se han producido. El Observatorio del Alquiler de Alquiler Seguro estima que la oferta de alquiler residencial y temporal se sitúa actualmente en torno a 4.290 viviendas por debajo de la trayectoria que cabría esperar atendiendo a su evolución inmediatamente anterior.. «La rápida sucesión de acontecimientos, debate público e iniciativas regulatorias ha introducido un elevado grado de incertidumbre en el mercado del alquiler. Las informaciones recibidas durante los últimos días apuntan a que una parte de los propietarios particulares está adoptando una posición de espera antes de tomar nuevas decisiones sobre sus viviendas», aseguran desde el observatorio.. Mercedes Blanco, consejera delegada de Vecinos Felices y vocal de las pymes catalanas en el Consejo Asesor de Vivienda de la Generalitat, apoya este argumento y afirma que, actualmente, «muchas decisiones están en standby porque existe una falta de claridad sobre cómo se aplicarán las nuevas medidas». «Existe nerviosismo ante la posibilidad de que, incluso tras haber comunicado la finalización del contrato y la voluntad de no renovarlo por una necesidad legítima, se encuentren con dificultades para recuperar el inmueble», sentencia.. El nerviosismo del que habla Blanco nace del temor a que el Gobierno pueda conseguir en algún momento sacar adelante unas reformas que, como denuncian, cargan más sobre sus hombros con una responsabilidad que debería ser de las administraciones como es la de ofrecer vivienda asequible a colectivos vulnerables.. «El escudo social no puede ser el propietario. Un fallo del Estado, que ha sido incapaz de dar un hogar a las familias más vulnerables que lo necesitan, no puede descansar sobre el pequeño propietario particular», han advertido esta misma semana desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), que representa tanto a particulares como a profesionales.. El responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, Carlos Sánchez, abunda en que las medidas que se habían proyectado volvían a centrar buena parte de la respuesta a la emergencia habitacional sobre el propietario, mientras el problema estructural de fondo –la falta de oferta de vivienda en alquiler– sigue sin una respuesta suficiente.. Sobre la inseguridad que genera la mera introducción en el debate público de estas medidas, los agentes inmobiliarios de Cataluña aseguran que si un propietario no está lo suficientemente seguro de cuándo podrá recuperar su casa, «le resulta más difícil decidir alquilarla. Y no podemos permitirnos adoptar medidas que reduzcan aún más la oferta cuando la falta de viviendas disponibles es precisamente uno de los principales problemas que tenemos», explica Montserrat Junyent, presidenta de los API de Cataluña.. La escasez de vivienda en alquiler a la que alude Sánchez se ha agudizado en los últimos años, aunque es difícil cuantificar una cifra exacta de cuánto ha caído. Idealista calcula que entre 2020 y 2025, se desplomó un 61% tomando como referencia los anuncios registrados en el portal. El Observatorio del Alquiler asegura que solo el impacto acumulado tras la aprobación de la Ley de Vivienda (entre 2023 y 2026) ha supuesto la desaparición neta de más de 120.000 viviendas del mercado de arrendamiento habitual.. La consecuencia de esta caída en picado de la oferta ha sido el incremento igual de vertiginoso de los precios. Desde 2018, el incremento ronda el 40%, según los datos de Idealista, aunque en algunas capitales de provincia acumula incrementos de hasta el 70%.. Arantxa Goenaga, abogada experta en derecho inmobiliario del bufete AF Legis, alerta de que incluso medidas como la recogida en el decreto destinado a proteger la «función social de la vivienda» orientada a que las administraciones pagaran a los pequeños propietarios el alquiler hasta que se encontrara una vivienda para una familia vulnerable a la que se suspenda un desahucio «son una chapuza» y endosaban al propietario con «cargas que no le corresponden».. Asval, como todo el sector de forma unánime, insiste una vez más en que lo preciso para solucionar el problema de la vivienda es incrementar la oferta y que las administraciones deben poner su empeño en levantar un parque de vivienda social asequible capaz de dar cobertura a los colectivos en situación de vulnerabilidad en lugar de descargar esta responsabilidad en los propietarios.. En este momento, y a pesar de la cascada de promesas realizadas por el Gobierno, que ha llegado a anunciar la creación de hasta 244.000 viviendas asequibles, la realidad es que este parque está a la cola de Europa. Según los datos ofrecidos por Casa 47, la sociedad pública de vivienda creada por el Gobierno, se han «movilizado» o están «en proceso» 120.000 de las viviendas que prometió Sánchez. Aunque detrás de ese vago concepto de «en proceso» no queda claro cuántas de ellas se han entregado realmente a las familias.. Electomanía ha realizado un cálculo de cuántas viviendas protegidas se han construido desde el año 1981 y el Gobierno de Sánchez, pese al énfasis que ha hecho en sus políticas de vivienda, es el que peor parado sale. Según este análisis, los años asignados a Felipe González suman 1.057.506 viviendas, el 43,5% del total. Le siguen José Luis Rodríguez Zapatero, con 498.982 (20,5%), y José María Aznar, con 477.410 (19,6%). Por detrás quedan Leopoldo Calvo-Sotelo, con 213.709 en solo dos años; Mariano Rajoy, con 105.424, y Pedro Sánchez, con 78.735 hasta 2025.. Los datos del Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda aseguran que el parque español de vivienda asequible apenas alcanza el 3,3% del total, muy lejos del 8% de la media europea.. La fórmula para que la oferta, tanto de vivienda asequible como de alquiler en general, crezca la tienen clara promotores y constructores: más suelo finalista, más agilidad en la tramitación urbanística y de licencias, más seguridad jurídica y una colaboración público-privada efectiva, según detallan desde la patronal de los promotores APCEspaña. Sin olvidar, como añade la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la reforma de la Ley del Suelo, por la que clama todo el sector para desbloquear planes urbanísticos y que el Gobierno prometió a Bruselas para recibir los fondos europeos pero que, finalmente, decidió sustituir en una adenda por la creación de Casa 47.. De todo ello, sin embargo, no hay ni rastro en los dos decretos a los que el Congreso de los Diputados dio luz verde el viernes.
