Sánchez sabía que sus decretos iban a empeorar la vivienda, pero el socialismo buitre solo busca expropiar
No se puede hacer peor. Tras el anuncio del decreto anti-vivienda del sanchismo y la ultraizquierda, decenas de miles de anuncios de pisos en alquiler se han eliminado de las plataformas inmobiliarias. Usted pensará que es la demostración de la incompetencia del gobierno.. Sin embargo, se equivoca. Ellos sabían perfectamente que sus anuncios intervencionistas iban a empeorar el mercado de la vivienda. Lo que ocurre es que su objetivo es enfrentar, crear una crisis y hacer que los ciudadanos culpen a los propietarios. El socialismo buitre solo busca expoliar, no mejorar el acceso a la vivienda.. Las nuevas medidas pactadas por PSOE y Sumar no atacan la raíz de la crisis de vivienda, que es el desplome de la oferta. Al contrario, premian a la ocupación y la morosidad, disparan la inseguridad jurídica y convierten los contratos en papel mojado. Ellos saben que fracasa, pero lo que quieren es justificar la expropiación. Castigan al pequeño propietario, no construyen ni una de las viviendas prometidas y condenan a inquilinos y jóvenes a competir por un parque cada vez más escaso.. La crisis de vivienda española no se explica por una supuesta falta de intervención estatal, sino por el exceso de esta. Se explica, precisamente, por años de políticas que restringen el suelo, encarecen la construcción, retrasan las licencias, elevan la presión fiscal y deterioran la seguridad jurídica de quien debe poner una vivienda en el mercado. Los llamados «decretos Maricarmen», pactados por PSOE y Sumar tras el caso que les da nombre, doblan la apuesta. Crear escasez en vez de corregirla.. Las medidas que se anuncian como protección al inquilino terminan reduciendo las viviendas disponibles para alquilar, elevando las barreras de entrada y perjudicando con especial intensidad a jóvenes, familias con menor renta y nuevos demandantes.. El primer decreto extiende hasta 2030 la protección frente a determinados lanzamientos de personas vulnerables sin alternativa habitacional, establece una prórroga extraordinaria de dos años para contratos que concluyan antes del 31 de diciembre de 2028, regula el alquiler de temporada y por habitaciones y veta hasta 2028 ciertas compras de vivienda por fondos de inversión.. El segundo plantea la renovación automática de alquileres, con una configuración que, en la práctica, convertiría los contratos en papel mojado. Además, se contemplan límites de actualización de renta y nuevas obligaciones y controles para propietarios.. Proteger a las personas vulnerables es una obligación social. Sin embargo, la política social no se hace con la propiedad y los ingresos de los propietarios y contribuyentes. Para eso ya pagamos unos impuestos confiscatorios.. Convertir al propietario en asegurador forzoso de una política social que corresponde financiar, gestionar y ejecutar a las administraciones no es un error de incompetentes, es una estrategia de control y expropiación encubierta y sin indemnización.. Si la Administración decide suspender un lanzamiento por vulnerabilidad, debe aportar con rapidez una solución habitacional y asumir el coste. Trasladar indefinidamente el riesgo al titular del inmueble no crea una sola vivienda adicional, solo reduce el incentivo a alquilar y encarece el riesgo de hacerlo.. La seguridad jurídica no es una concesión al propietario. Es una condición previa para que exista oferta y asequibilidad. Un hogar no accede a una vivienda porque se anuncie un derecho en un decreto, sino porque alguien la construye, la rehabilita, la compra o la mantiene en alquiler. Lo único que ha hecho el sanchismo es hundir la oferta, prometer viviendas que no construye y empeorar la situación.. El informe «Un país sin casas», del Instituto Juan de Mariana, cuantifica la magnitud del desastre. Desde 2021 se habrían creado 1,16 millones de hogares, mientras solo se terminaron 465.000 viviendas libres. El desfase acumulado ascendería así a unas 696.000 viviendas. No es una crisis que pueda resolverse decretando prórrogas, prohibiciones o topes. Es una crisis de falta de casas.. El análisis es brutal. El 95,7% del territorio está clasificado como no urbanizable y transformar suelo en un solar edificable puede requerir entre diez y quince años de trámites. La demora en las licencias añade, según el estudio, alrededor de 13.000 euros al coste de cada vivienda, antes siquiera de incorporar el coste de otros permisos, requisitos y retrasos administrativos. A ello se suma una presión fiscal que el informe cifra en 52.200 millones de euros anuales vinculados a la vivienda. En una vivienda nueva, casi una cuarta parte del precio correspondería a impuestos.. Son esos cuellos de botella, y no la ausencia de controles, los que expulsan oferta y encarecen el acceso. La política pública debería concentrarse en acortar plazos, ampliar suelo finalista, coordinar ayuntamientos y comunidades autónomas, reducir costes fiscales y facilitar la promoción de vivienda en alquiler. Sin embargo, cada nueva restricción actúa como un impuesto adicional sobre la vivienda disponible.. La realidad de los jóvenes revela el fracaso de una política que se presenta como social. El dossier del Instituto Juan de Mariana señala que el alquiler mediano alcanza 1.080 euros, por encima del salario mediano joven, situado en 1.048 euros, y que solo el 15% de los jóvenes vive emancipado. El parque existente está más intervenido y los precios inflados por la escasez.. Los datos que recoge el informe apuntan en la misma dirección. Desde 2021, los contratos de alquiler habrían caído un 43% en Barcelona; en zonas tensionadas de Navarra, un 44%; y en La Coruña, un 51% en cinco meses. La ley de vivienda intervencionista que impide ajustar precio, plazo y riesgo, lleva a una gran parte de los propietarios a vender o retirar el inmueble, exigir mayores garantías o busca modalidades no sometidas al mismo marco. La oferta visible se contrae y la competencia por cada anuncio se dispara.. España necesita abandonar el espejismo de que la intervención sobre el stock existente equivale a una política de vivienda. Congelar, prorrogar y prohibir puede producir un titular inmediato, pero no reemplaza la construcción de nuevas viviendas. Cada decreto que amplía la discrecionalidad y la incertidumbre aleja inversión, oferta y competencia; y eso perjudica precisamente a quienes no tienen vivienda en propiedad ni capacidad para esperar años.. La protección social debe ser responsabilidad del Estado, no una carga imprevisible impuesta a un propietario concreto.. La vivienda no mejora interviniendo un parque insuficiente mediante decretos. Solo mejora cuando se recupera la confianza, se reducen los costes y se permite que se construyan muchas más casas. Los «decretos Maricarmen» son propaganda y mentira. Si se consolidan, harán más difícil que los jóvenes y las familias a las que dicen defender encuentren un hogar. Lo triste es que ese es el objetivo del sanchismo y la ultraizquierda. Crear una crisis histórica, destruir vivienda y culpar a los propietarios del fracaso gubernamental. Todo para crear una sociedad pobre, sumisa, amedrentada y dependiente. Socialismo de siempre.
No se puede hacer peor. Tras el anuncio del decreto anti-vivienda del sanchismo y la ultraizquierda, decenas de miles de anuncios de pisos en alquiler se han eliminado de las plataformas inmobiliarias. Usted pensará que es la demostración de la incompetencia del gobierno.. Sin embargo, se equivoca. Ellos sabían perfectamente que sus anuncios intervencionistas iban a empeorar el mercado de la vivienda. Lo que ocurre es que su objetivo es enfrentar, crear una crisis y hacer que los ciudadanos culpen a los propietarios. El socialismo buitre solo busca expoliar, no mejorar el acceso a la vivienda.. Las nuevas medidas pactadas por PSOE y Sumar no atacan la raíz de la crisis de vivienda, que es el desplome de la oferta. Al contrario, premian a la ocupación y la morosidad, disparan la inseguridad jurídica y convierten los contratos en papel mojado. Ellos saben que fracasa, pero lo que quieren es justificar la expropiación. Castigan al pequeño propietario, no construyen ni una de las viviendas prometidas y condenan a inquilinos y jóvenes a competir por un parque cada vez más escaso.. La crisis de vivienda española no se explica por una supuesta falta de intervención estatal, sino por el exceso de esta. Se explica, precisamente, por años de políticas que restringen el suelo, encarecen la construcción, retrasan las licencias, elevan la presión fiscal y deterioran la seguridad jurídica de quien debe poner una vivienda en el mercado. Los llamados «decretos Maricarmen», pactados por PSOE y Sumar tras el caso que les da nombre, doblan la apuesta. Crear escasez en vez de corregirla.. Las medidas que se anuncian como protección al inquilino terminan reduciendo las viviendas disponibles para alquilar, elevando las barreras de entrada y perjudicando con especial intensidad a jóvenes, familias con menor renta y nuevos demandantes.. El primer decreto extiende hasta 2030 la protección frente a determinados lanzamientos de personas vulnerables sin alternativa habitacional, establece una prórroga extraordinaria de dos años para contratos que concluyan antes del 31 de diciembre de 2028, regula el alquiler de temporada y por habitaciones y veta hasta 2028 ciertas compras de vivienda por fondos de inversión.. El segundo plantea la renovación automática de alquileres, con una configuración que, en la práctica, convertiría los contratos en papel mojado. Además, se contemplan límites de actualización de renta y nuevas obligaciones y controles para propietarios.. Proteger a las personas vulnerables es una obligación social. Sin embargo, la política social no se hace con la propiedad y los ingresos de los propietarios y contribuyentes. Para eso ya pagamos unos impuestos confiscatorios.. Convertir al propietario en asegurador forzoso de una política social que corresponde financiar, gestionar y ejecutar a las administraciones no es un error de incompetentes, es una estrategia de control y expropiación encubierta y sin indemnización.. Si la Administración decide suspender un lanzamiento por vulnerabilidad, debe aportar con rapidez una solución habitacional y asumir el coste. Trasladar indefinidamente el riesgo al titular del inmueble no crea una sola vivienda adicional, solo reduce el incentivo a alquilar y encarece el riesgo de hacerlo.. La seguridad jurídica no es una concesión al propietario. Es una condición previa para que exista oferta y asequibilidad. Un hogar no accede a una vivienda porque se anuncie un derecho en un decreto, sino porque alguien la construye, la rehabilita, la compra o la mantiene en alquiler. Lo único que ha hecho el sanchismo es hundir la oferta, prometer viviendas que no construye y empeorar la situación.. El informe «Un país sin casas», del Instituto Juan de Mariana, cuantifica la magnitud del desastre. Desde 2021 se habrían creado 1,16 millones de hogares, mientras solo se terminaron 465.000 viviendas libres. El desfase acumulado ascendería así a unas 696.000 viviendas. No es una crisis que pueda resolverse decretando prórrogas, prohibiciones o topes. Es una crisis de falta de casas.. El análisis es brutal. El 95,7% del territorio está clasificado como no urbanizable y transformar suelo en un solar edificable puede requerir entre diez y quince años de trámites. La demora en las licencias añade, según el estudio, alrededor de 13.000 euros al coste de cada vivienda, antes siquiera de incorporar el coste de otros permisos, requisitos y retrasos administrativos. A ello se suma una presión fiscal que el informe cifra en 52.200 millones de euros anuales vinculados a la vivienda. En una vivienda nueva, casi una cuarta parte del precio correspondería a impuestos.. Son esos cuellos de botella, y no la ausencia de controles, los que expulsan oferta y encarecen el acceso. La política pública debería concentrarse en acortar plazos, ampliar suelo finalista, coordinar ayuntamientos y comunidades autónomas, reducir costes fiscales y facilitar la promoción de vivienda en alquiler. Sin embargo, cada nueva restricción actúa como un impuesto adicional sobre la vivienda disponible.. La realidad de los jóvenes revela el fracaso de una política que se presenta como social. El dossier del Instituto Juan de Mariana señala que el alquiler mediano alcanza 1.080 euros, por encima del salario mediano joven, situado en 1.048 euros, y que solo el 15% de los jóvenes vive emancipado. El parque existente está más intervenido y los precios inflados por la escasez.. Los datos que recoge el informe apuntan en la misma dirección. Desde 2021, los contratos de alquiler habrían caído un 43% en Barcelona; en zonas tensionadas de Navarra, un 44%; y en La Coruña, un 51% en cinco meses. La ley de vivienda intervencionista que impide ajustar precio, plazo y riesgo, lleva a una gran parte de los propietarios a vender o retirar el inmueble, exigir mayores garantías o busca modalidades no sometidas al mismo marco. La oferta visible se contrae y la competencia por cada anuncio se dispara.. España necesita abandonar el espejismo de que la intervención sobre el stock existente equivale a una política de vivienda. Congelar, prorrogar y prohibir puede producir un titular inmediato, pero no reemplaza la construcción de nuevas viviendas. Cada decreto que amplía la discrecionalidad y la incertidumbre aleja inversión, oferta y competencia; y eso perjudica precisamente a quienes no tienen vivienda en propiedad ni capacidad para esperar años.. La protección social debe ser responsabilidad del Estado, no una carga imprevisible impuesta a un propietario concreto.. La vivienda no mejora interviniendo un parque insuficiente mediante decretos. Solo mejora cuando se recupera la confianza, se reducen los costes y se permite que se construyan muchas más casas. Los «decretos Maricarmen» son propaganda y mentira. Si se consolidan, harán más difícil que los jóvenes y las familias a las que dicen defender encuentren un hogar. Lo triste es que ese es el objetivo del sanchismo y la ultraizquierda. Crear una crisis histórica, destruir vivienda y culpar a los propietarios del fracaso gubernamental. Todo para crear una sociedad pobre, sumisa, amedrentada y dependiente. Socialismo de siempre.
