La cárceles españolas tienen cubierto solo el 25% de las plazas de médicos, una situación que ha dado lugar a que haya prisiones sin ningún facultativo y que los internos no tengan una atención sanitaria equivalente a la de la demás población, según ha indicado a la agencia Efe el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), José Joaquín Antón.
Esta situación «crítica» está vulnerando el derecho fundamental a la salud, según Antón, que ha recordado que «el único derecho que se le priva a un preso es el de la libertad. El resto los tienen en las mismas condiciones que los demás, pero en el ámbito de la sanidad no se está cumpliendo».
Este es un problema que se está analizando en el XVI Congreso Nacional de SEPS, que se celebra hasta este sábado en Granada.
El déficit de facultativos tiene consecuencias directas sobre la asistencia sanitaria. En los centros que no cuentan con médicos, los internos pueden solicitar atención en la enfermería y, en función de la gravedad, se les puede trasladar al servicio de urgencias de un hospital.
Sin embargo, este sistema retrasa la derivación a los especialistas y no permite sustituir el seguimiento médico ordinario, el diagnóstico precoz ni el control de enfermedades crónicas.
Una ley que no se cumple
El presidente de la SESP ha recordado que la Ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud de 2003 estableció que la sanidad penitenciaria debía transferirse a los correspondientes sistemas autonómicos de salud.
Sin embargo, 23 años después, esa transferencia solo se ha llevado a cabo en Cataluña, el País Vasco y Navarra. En el resto de España, este mandato sigue sin cumplirse y la sanidad penitenciaria continúa dependiendo del Ministerio del Interior.
Esta situación, ha señalado, ha ido acompañada de un deterioro de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios respecto a las de los servicios autonómicos de salud, tanto en términos salariales como de carrera profesional.
Consumo de drogas
En cuanto a las adicciones, ha detallado que el 75% de los internos había consumido drogas ilegales alguna vez en su vida y que cerca del 60% había consumido alguna en el mes anterior.
Aunque el cannabis, la cocaína y la heroína continúan entre las sustancias más frecuentes, ha señalado la aparición de nuevas sustancias psicoactivas, como los cannabinoides sintéticos y las catinonas, que están entrando en las cárceles por vías que los profesionales sanitarios no tienen controladas y pueden provocar episodios de sobredosis.
«Van más rápido ellos metiendo las drogas dentro de las prisiones que nosotros detectándolas», ha afirmado Antón, quien ha explicado que no disponen de pruebas adecuadas para identificar algunas de estas sustancias y determinar qué droga ha provocado una sobredosis.
La cárceles españolas tienen cubierto solo el 25% de las plazas de médicos, una situación que ha dado lugar a que haya prisiones sin ningún facultativo y que los internos no tengan una atención sanitaria equivalente a la de la demás población, según ha indicado a la agencia Efe el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), José Joaquín Antón.
Esta situación «crítica» está vulnerando el derecho fundamental a la salud, según Antón, que ha recordado que «el único derecho que se le priva a un preso es el de la libertad. El resto los tienen en las mismas condiciones que los demás, pero en el ámbito de la sanidad no se está cumpliendo».
Este es un problema que se está analizando en el XVI Congreso Nacional de SEPS, que se celebra hasta este sábado en Granada.
El déficit de facultativos tiene consecuencias directas sobre la asistencia sanitaria. En los centros que no cuentan con médicos, los internos pueden solicitar atención en la enfermería y, en función de la gravedad, se les puede trasladar al servicio de urgencias de un hospital.
Sin embargo, este sistema retrasa la derivación a los especialistas y no permite sustituir el seguimiento médico ordinario, el diagnóstico precoz ni el control de enfermedades crónicas.
Una ley que no se cumple
El presidente de la SESP ha recordado que la Ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud de 2003 estableció que la sanidad penitenciaria debía transferirse a los correspondientes sistemas autonómicos de salud.
Sin embargo, 23 años después, esa transferencia solo se ha llevado a cabo en Cataluña, el País Vasco y Navarra. En el resto de España, este mandato sigue sin cumplirse y la sanidad penitenciaria continúa dependiendo del Ministerio del Interior.
Esta situación, ha señalado, ha ido acompañada de un deterioro de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios respecto a las de los servicios autonómicos de salud, tanto en términos salariales como de carrera profesional.
Consumo de drogas
En cuanto a las adicciones, ha detallado que el 75% de los internos había consumido drogas ilegales alguna vez en su vida y que cerca del 60% había consumido alguna en el mes anterior.
Aunque el cannabis, la cocaína y la heroína continúan entre las sustancias más frecuentes, ha señalado la aparición de nuevas sustancias psicoactivas, como los cannabinoides sintéticos y las catinonas, que están entrando en las cárceles por vías que los profesionales sanitarios no tienen controladas y pueden provocar episodios de sobredosis.
«Van más rápido ellos metiendo las drogas dentro de las prisiones que nosotros detectándolas», ha afirmado Antón, quien ha explicado que no disponen de pruebas adecuadas para identificar algunas de estas sustancias y determinar qué droga ha provocado una sobredosis.
Esta situación «crítica» vulnera el derecho fundamental a la salud, denuncia el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP)
La cárceles españolas tienen cubierto solo el 25% de las plazas de médicos, una situación que ha dado lugar a que haya prisiones sin ningún facultativo y que los internos no tengan una atención sanitaria equivalente a la de la demás población, según ha indicado a la agencia Efe el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), José Joaquín Antón.. Esta situación «crítica» está vulnerando el derecho fundamental a la salud, según Antón, que ha recordado que «el único derecho que se le priva a un preso es el de la libertad. El resto los tienen en las mismas condiciones que los demás, pero en el ámbito de la sanidad no se está cumpliendo».. Este es un problema que se está analizando en el XVI Congreso Nacional de SEPS, que se celebra hasta este sábado en Granada.. El déficit de facultativos tiene consecuencias directas sobre la asistencia sanitaria. En los centros que no cuentan con médicos, los internos pueden solicitar atención en la enfermería y, en función de la gravedad, se les puede trasladar al servicio de urgencias de un hospital.. Sin embargo, este sistema retrasa la derivación a los especialistas y no permite sustituir el seguimiento médico ordinario, el diagnóstico precoz ni el control de enfermedades crónicas.. Una ley que no se cumple. El presidente de la SESP ha recordado que la Ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud de 2003 estableció que la sanidad penitenciaria debía transferirse a los correspondientes sistemas autonómicos de salud.. Sin embargo, 23 años después, esa transferencia solo se ha llevado a cabo en Cataluña, el País Vasco y Navarra. En el resto de España, este mandato sigue sin cumplirse y la sanidad penitenciaria continúa dependiendo del Ministerio del Interior.. Esta situación, ha señalado, ha ido acompañada de un deterioro de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios respecto a las de los servicios autonómicos de salud, tanto en términos salariales como de carrera profesional.. Consumo de drogas. En cuanto a las adicciones, ha detallado que el 75% de los internos había consumido drogas ilegales alguna vez en su vida y que cerca del 60% había consumido alguna en el mes anterior.. Aunque el cannabis, la cocaína y la heroína continúan entre las sustancias más frecuentes, ha señalado la aparición de nuevas sustancias psicoactivas, como los cannabinoides sintéticos y las catinonas, que están entrando en las cárceles por vías que los profesionales sanitarios no tienen controladas y pueden provocar episodios de sobredosis.. «Van más rápido ellos metiendo las drogas dentro de las prisiones que nosotros detectándolas», ha afirmado Antón, quien ha explicado que no disponen de pruebas adecuadas para identificar algunas de estas sustancias y determinar qué droga ha provocado una sobredosis.
