Que un grupo de inmigrantes irregulares embosquen y lapiden a una patrulla militar y causen varios heridos entre la tropa entraría en la categoría de lo inverosímil en cualquier país europeo que no sufriera a un gobierno en plena parálisis, incapaz de cumplir con sus deberes para con una parte de la sociedad española, la ceutí, que es la más expuesta a las amenazas exteriores. El problema mayor es que la impotencia de los gubernamentales, reducidos a convertir la ciudad autónoma invadida el pasado 30 de julio en un inmenso campamento de refugiados, con desprecio absoluto a los intereses, sentimientos y temores de sus 80.000 habitantes, alimenta la sensación de abandono y crea el caldo de cultivo para un estallido social, que puede desembocar en una revuelta popular, como respuesta a la demolición de la normalidad ciudadana y de una convivencia que era ejemplar. Negar el riesgo del surgimiento de grupos de personas dispuestas a llevar a cabo lo que no puede, no sabe o no quiere hacer el Gobierno es una actitud tan posibilista como arriesgada, una vez que ya se han desatado los primeros incidentes, con disparos al aire de la Policía para disolver a una multitud indignada que pretendía recuperar una playa, patrimonio de la ciudad y lugar de esparcimiento de sus vecinos, ocupada por unos inmigrantes cada vez más nerviosos y frustrados. Que desde algunos sectores del Ejecutivo sanchista se intente extender al resto de España la imagen de los habitantes de Ceuta como de una población infectada de xenofobia y racismo es una indignidad con pocos precedentes, incluso, en su larga experiencia calumniadora. La realidad es que los ceutíes son ejemplo de convivencia pacífica y de buen trato entre gentes distintas, con religiones y orígenes sociales y culturales diferentes, y no merecen que se les carguen de estigmas. Ceuta era, hasta la invasión de los marroquíes, una ciudad en la que reinaba la calma, con una seguridad ciudadana de las mejores de España, reflejo de la manera de entender la vida de sus habitantes, y en la que, por ejemplo, las agresiones sexuales eran anecdóticas. Hoy, los ceutíes se encuentran en medio de ese enorme campo de refugiados en el que, hay que insistir en ello, la desorientación del Ejecutivo, con los ministros dando palos de ciego y enfrentados entre sí, ha convertido la ciudad. Hoy, sus habitantes se ven impelidos a vivir encerrados en sus casas, las mujeres temen por su seguridad, los casos de delincuencia no dejan de crecer, hay dudas sobre la apertura y el desarrollo del curso escolar; los servicios sanitarios amenazan con colapsar y quien tiene familiares o amigos en otras ciudades y pueblos de España envía allí a sus hijos para evitar males mayores. No hay justificación alguna para el desastre de la actuación gubernamental ante la crisis de Ceuta, que amenaza con convertirse en algo mucho más turbador que una emergencia migratoria. No hay justificación ante tanta estulticia.
La respuesta inadecuada del gobierno a la crisis de Ceuta no puede ser excusada, ya que tiene el potencial de convertirse en un problema mayor que una emergencia migratoria. No hay razón para tal locura
Que un grupo de inmigrantes irregulares embosquen y lapiden a una patrulla militar y causen varios heridos entre la tropa entraría en la categoría de lo inverosímil en cualquier país europeo que no sufriera a un gobierno en plena parálisis, incapaz de cumplir con sus deberes para con una parte de la sociedad española, la ceutí, que es la más expuesta a las amenazas exteriores. El problema mayor es que la impotencia de los gubernamentales, reducidos a convertir la ciudad autónoma invadida el pasado 30 de julio en un inmenso campamento de refugiados, con desprecio absoluto a los intereses, sentimientos y temores de sus 80.000 habitantes, alimenta la sensación de abandono y crea el caldo de cultivo para un estallido social, que puede desembocar en una revuelta popular, como respuesta a la demolición de la normalidad ciudadana y de una convivencia que era ejemplar. Negar el riesgo del surgimiento de grupos de personas dispuestas a llevar a cabo lo que no puede, no sabe o no quiere hacer el Gobierno es una actitud tan posibilista como arriesgada, una vez que ya se han desatado los primeros incidentes, con disparos al aire de la Policía para disolver a una multitud indignada que pretendía recuperar una playa, patrimonio de la ciudad y lugar de esparcimiento de sus vecinos, ocupada por unos inmigrantes cada vez más nerviosos y frustrados. Que desde algunos sectores del Ejecutivo sanchista se intente extender al resto de España la imagen de los habitantes de Ceuta como de una población infectada de xenofobia y racismo es una indignidad con pocos precedentes, incluso, en su larga experiencia calumniadora. La realidad es que los ceutíes son ejemplo de convivencia pacífica y de buen trato entre gentes distintas, con religiones y orígenes sociales y culturales diferentes, y no merecen que se les carguen de estigmas. Ceuta era, hasta la invasión de los marroquíes, una ciudad en la que reinaba la calma, con una seguridad ciudadana de las mejores de España, reflejo de la manera de entender la vida de sus habitantes, y en la que, por ejemplo, las agresiones sexuales eran anecdóticas. Hoy, los ceutíes se encuentran en medio de ese enorme campo de refugiados en el que, hay que insistir en ello, la desorientación del Ejecutivo, con los ministros dando palos de ciego y enfrentados entre sí, ha convertido la ciudad. Hoy, sus habitantes se ven impelidos a vivir encerrados en sus casas, las mujeres temen por su seguridad, los casos de delincuencia no dejan de crecer, hay dudas sobre la apertura y el desarrollo del curso escolar; los servicios sanitarios amenazan con colapsar y quien tiene familiares o amigos en otras ciudades y pueblos de España envía allí a sus hijos para evitar males mayores. No hay justificación alguna para el desastre de la actuación gubernamental ante la crisis de Ceuta, que amenaza con convertirse en algo mucho más turbador que una emergencia migratoria. No hay justificación ante tanta estulticia.
