Antes de negociar con los Estados miembros y el Parlamento Europeo la mayor reforma del mercado de carbono de la última década, la Comisión Europea ha optado por rebajar el ritmo de exigencia a la industria. Tras semanas de discrepancias y complejas negociaciones, Bruselas presentó este viernes una propuesta que flexibiliza el funcionamiento del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), la principal herramienta climática de la Unión, con el argumento de proteger la competitividad de las empresas sin renunciar a los objetivos de descarbonización.
La medida más importante será ralentizar la reducción del número de permisos de emisión disponibles para las compañías. El mecanismo, vigente desde 2005 y responsable de fijar el precio del carbono en cerca del 40% de las emisiones comunitarias, estaba diseñado para endurecer progresivamente las condiciones hasta agotar los derechos en 2039.
En cambio, la Comisión propone ahora recortar el ritmo de ese ajuste. El denominado factor de reducción lineal pasará al 3,7% anual entre 2031 y 2035 y caerá al 1,7% a partir de 2036, lo que permitirá que las industrias dispongan de más asignaciones durante más tiempo.
La reforma incorpora además nuevas concesiones para los sectores más intensivos en emisiones. Los permisos gratuitos para industrias como el acero o el cemento se mantendrán hasta 2038, cuatro años más de lo previsto inicialmente.
Bruselas pretende, no obstante, compensar esa ayuda con la inversión en tecnologías limpias: las empresas que presenten planes de descarbonización recibirán por adelantado el 80% de sus asignaciones y obtendrán el resto cuando acrediten la ejecución de las inversiones.
Las instalaciones con mejor desempeño ambiental disfrutarán de un trato más favorable y quedarán exentas de parte de esos requisitos.
Además, a partir de 2036, las compañías podrán compensar parte de sus emisiones comprando créditos de carbono generados por proyectos de reducción o absorción de CO2 fuera de la Unión.
La Comisión también plantea modificar el mecanismo que regula la cantidad de permisos de emisión disponibles en el mercado. En la práctica, habrá más derechos de emisión en circulación, lo que dará más margen a las empresas para contaminar y podría contribuir a recortar el precio del carbono.
Con todo, Bruselas sostiene que esta mayor flexibilidad irá acompañada de más apoyo económico para acelerar la transición de la industria hacia tecnologías menos contaminantes. Para ello, propone que los gobiernos destinen al menos el 50% de los ingresos obtenidos por la venta de derechos de emisión a ayudar a las empresas a reducir sus emisiones.
La vicepresidenta para una Transición Limpia, Teresa Ribera, defendió que la propuesta mantiene «una fuerte señal de precios» para seguir impulsando las inversiones destinadas a abandonar los combustibles fósiles y desarrollar productos limpios en Europa.
Por su parte, el comisario de acción por el clima, Wopke Hoekstra, defendió ayer ante los medios que las modificaciones mantienen intacta la meta de rebajar un 90% las emisiones netas en 2040, sin embargo, la propuesta abre un nuevo frente político.
Antes de negociar con los Estados miembros y el Parlamento Europeo la mayor reforma del mercado de carbono de la última década, la Comisión Europea ha optado por rebajar el ritmo de exigencia a la industria. Tras semanas de discrepancias y complejas negociaciones, Bruselas presentó este viernes una propuesta que flexibiliza el funcionamiento del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), la principal herramienta climática de la Unión, con el argumento de proteger la competitividad de las empresas sin renunciar a los objetivos de descarbonización. La medida más importante será ralentizar la reducción del número de permisos de emisión disponibles para las compañías. El mecanismo, vigente desde 2005 y responsable de fijar el precio del carbono en cerca del 40% de las emisiones comunitarias, estaba diseñado para endurecer progresivamente las condiciones hasta agotar los derechos en 2039. En cambio, la Comisión propone ahora recortar el ritmo de ese ajuste. El denominado factor de reducción lineal pasará al 3,7% anual entre 2031 y 2035 y caerá al 1,7% a partir de 2036, lo que permitirá que las industrias dispongan de más asignaciones durante más tiempo. La reforma incorpora además nuevas concesiones para los sectores más intensivos en emisiones. Los permisos gratuitos para industrias como el acero o el cemento se mantendrán hasta 2038, cuatro años más de lo previsto inicialmente. Bruselas pretende, no obstante, compensar esa ayuda con la inversión en tecnologías limpias: las empresas que presenten planes de descarbonización recibirán por adelantado el 80% de sus asignaciones y obtendrán el resto cuando acrediten la ejecución de las inversiones. Las instalaciones con mejor desempeño ambiental disfrutarán de un trato más favorable y quedarán exentas de parte de esos requisitos. Además, a partir de 2036, las compañías podrán compensar parte de sus emisiones comprando créditos de carbono generados por proyectos de reducción o absorción de CO2 fuera de la Unión. La Comisión también plantea modificar el mecanismo que regula la cantidad de permisos de emisión disponibles en el mercado. En la práctica, habrá más derechos de emisión en circulación, lo que dará más margen a las empresas para contaminar y podría contribuir a recortar el precio del carbono. Con todo, Bruselas sostiene que esta mayor flexibilidad irá acompañada de más apoyo económico para acelerar la transición de la industria hacia tecnologías menos contaminantes. Para ello, propone que los gobiernos destinen al menos el 50% de los ingresos obtenidos por la venta de derechos de emisión a ayudar a las empresas a reducir sus emisiones. La vicepresidenta para una Transición Limpia, Teresa Ribera, defendió que la propuesta mantiene «una fuerte señal de precios» para seguir impulsando las inversiones destinadas a abandonar los combustibles fósiles y desarrollar productos limpios en Europa. Por su parte, el c
La Comisión ralentiza la reforma del mercado de carbono
Antes de negociar con los Estados miembros y el Parlamento Europeo la mayor reforma del mercado de carbono de la última década, la Comisión Europea ha optado por rebajar el ritmo de exigencia a la industria. Tras semanas de discrepancias y complejas negociaciones, Bruselas presentó este viernes una propuesta que flexibiliza el funcionamiento del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), la principal herramienta climática de la Unión, con el argumento de proteger la competitividad de las empresas sin renunciar a los objetivos de descarbonización.La medida más importante será ralentizar la reducción del número de permisos de emisión disponibles para las compañías. El mecanismo, vigente desde 2005 y responsable de fijar el precio del carbono en cerca del 40% de las emisiones comunitarias, estaba diseñado para endurecer progresivamente las condiciones hasta agotar los derechos en 2039. En cambio, la Comisión propone ahora recortar el ritmo de ese ajuste. El denominado factor de reducción lineal pasará al 3,7% anual entre 2031 y 2035 y caerá al 1,7% a partir de 2036, lo que permitirá que las industrias dispongan de más asignaciones durante más tiempo.La reforma incorpora además nuevas concesiones para los sectores más intensivos en emisiones. Los permisos gratuitos para industrias como el acero o el cemento se mantendrán hasta 2038, cuatro años más de lo previsto inicialmente.Bruselas pretende, no obstante, compensar esa ayuda con la inversión en tecnologías limpias: las empresas que presenten planes de descarbonización recibirán por adelantado el 80% de sus asignaciones y obtendrán el resto cuando acrediten la ejecución de las inversiones.Las instalaciones con mejor desempeño ambiental disfrutarán de un trato más favorable y quedarán exentas de parte de esos requisitos.Además, a partir de 2036, las compañías podrán compensar parte de sus emisiones comprando créditos de carbono generados por proyectos de reducción o absorción de CO2 fuera de la Unión.La Comisión también plantea modificar el mecanismo que regula la cantidad de permisos de emisión disponibles en el mercado. En la práctica, habrá más derechos de emisión en circulación, lo que dará más margen a las empresas para contaminar y podría contribuir a recortar el precio del carbono.Con todo, Bruselas sostiene que esta mayor flexibilidad irá acompañada de más apoyo económico para acelerar la transición de la industria hacia tecnologías menos contaminantes. Para ello, propone que los gobiernos destinen al menos el 50% de los ingresos obtenidos por la venta de derechos de emisión a ayudar a las empresas a reducir sus emisiones. La vicepresidenta para una Transición Limpia, Teresa Ribera, defendió que la propuesta mantiene «una fuerte señal de precios» para seguir impulsando las inversiones destinadas a abandonar los combustibles fósiles y desarrollar productos limpios en Europa.Por su parte, el comisario d
