Aunque considera que son “dañinas” y “no tienen cabida” en la UE, la Comisión Europea no propondrá, como le habían reclamado más de un millón de ciudadanos europeos, una legislación concreta para prohibir a nivel europeo las terapias de conversión de personas LGTBIQ+, una controvertida práctica ilegal en países como España pero que todavía es consentida en 19 Estados miembros.. Seguir leyendo
En respuesta a una iniciativa ciudadana, la Comisión Europea se limitará a “recomendar” a los Estados que prohíban una práctica “que no tiene cabida” en la UE
Aunque considera que son “dañinas” y “no tienen cabida” en la UE, la Comisión Europea no propondrá, como le habían reclamado más de un millón de ciudadanos europeos, una legislación concreta para prohibir a nivel europeo las terapias de conversión de personas LGTBIQ+, una controvertida práctica ilegal en países como España pero que todavía es consentida en 19 Estados miembros.. En vez de ello, se limitará a presentar, en algún momento de 2027, una “recomendación” instando a los países a que den el paso y proscriban en sus legislaciones nacionales estas “dañinas intervenciones que pueden resultar en daños psicológicos y físicos duraderos”.. Actualmente, las terapias de conversión están prohibidas, en distinta medida, en Alemania, Bélgica, Chipre, España, Francia, Grecia, Malta y Portugal. En los restantes 19 Estados miembros no existe ninguna prohibición o marco jurídico específico para restringir tales prácticas. También existen también prohibiciones en Noruega e Islandia, así como en países no europeos, como Canadá, Nueva Zelanda y Ecuador.. La respuesta de Bruselas, conocida en vísperas del Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia que se celebrará este domingo, arroja un jarro de agua fría al más de un millón de europeos que habían respaldado una iniciativa ciudadana europea (ICE) demandando que Bruselas proponga una “prohibición legal vinculante” a las terapias de conversión. Los solicitantes, amparándose en que Naciones Unidas califica como tortura estas controvertidas prácticas, reclamaban que fueran incluidas en la lista de eurodelitos —una categoría especial de delitos graves con una dimensión transfronteriza entre los que están el terrorismo, el crimen organizado, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de drogas o armas o la corrupción, entre otros— o que se enmendara la directiva de igualdad para que incluya la prohibición de las terapias de conversión. También pedían una revisión de la directiva de derechos de víctimas para que incluya “estándares mínimos sobre los derechos, apoyo y protección de las víctimas de prácticas de conversión”.. Las iniciativas ciudadanas europeas son un instrumento que permite que, si un millón de ciudadanos europeos de al menos una cuarta parte de los Estados miembros de la UE firman una iniciativa pidiéndole a la Comisión que proponga legislación en ámbitos de su competencia, el Ejecutivo europeo debe responder a esta petición y, si no lo hace, debe justificar por qué. Esta iniciativa concreta logró reunir las firmas requeridas en solo una semana, como recordó el Parlamento Europeo cuando se celebró en marzo el debate protocolario previo previsto antes de la respuesta de la Comisión. Además, venía respaldada por las reiteradas condenas a estas prácticas por parte del Parlamento Europeo en la última década. En enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también instó a los países miembros de la organización paneuropea con sede en Estrasburgo a “prohibir las prácticas de conversión, previendo sanciones penales y basándose en una definición clara y exhaustiva de las prácticas prohibidas”, así como a establecer mecanismos de seguimiento y notificación. Un mes más tarde, era el Comité Económico y Social Europeo (CESE) el que recomendaba que la Comisión “presente una propuesta de prohibición jurídicamente vinculante de las prácticas de conversión en la UE” que vede “cualquier actividad que tenga por objeto cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona, así como la publicidad de tales actividades”.. En su argumentación para no dar estos pasos, Bruselas recuerda que ampliar la lista de eurodelitos requeriría previamente una unanimidad de los Estados miembros que está lejos de estar garantizada. Además, considera que “no combatiría de forma eficiente el fenómeno de prácticas de conversión” porque, al tener como elemento clave la dimensión transfronteriza, solo se podría aplicar a una “pequeña porción” de estas acciones. También enmendar la directiva de igualdad requeriría una unanimidad elusiva. Además, agrega la Comisión, “la imposición de una prohibición de prácticas de coversión no encajaría en el enfoque y el alcance transversales de esta propuesta”. Por otro lado, no ve necesario enmendar la directiva de derechos de las víctimas puesto que, señala, “en la medida en que estas prácticas están criminalizadas bajo la ley nacional, las provisiones de esa directiva se aplican a las víctimas de dichos crímenes”.. Para Bruselas, la “recomendación” que presentará el año que viene “logrará los objetivos principales” de la iniciativa ciudadana al “reconocer el papel clave que tienen los Estados miembros en este área y centrarse en apoyarlos para prohibir las prácticas de conversión, alentando a una acción nacional para extender la prohibición legal por toda la UE”. Además, la primera edición del “foro sobre políticas LGTBIQ+” a celebrarse en Bruselas antes de que acabe el año se centrará en las terapias de conversión.. “Estas prácticas no tienen sitio en nuestra Unión. La UE apoya orgullosamente a la comunidad LGTBIQ+ y reafirma su visión de una Unión de Igualdad, un lugar donde todos y cada uno pueden vivir de manera libre, abierta y auténtica”, ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado.
