«La Justicia solo molesta a quien vulnera la ley… o teme responder por sus actos». Con esa afirmación concluía hace una semana esta columna. Nuevos acontecimientos ofrecen una necesaria continuación. Se han producido varias resoluciones judiciales de indudable trascendencia pública. Unas afectan al núcleo familiar del presidente del Gobierno. Otra, procede del TJUE y se refiere al acomodo de la ley de amnistía con el Derecho de la Unión. No entro en su valoración jurídica, pero conviene recordar que el TJUE se pronuncia sobre Derecho de la Unión; no sustituye al Tribunal Supremo en la interpretación de la legalidad ordinaria interna ni en la determinación del ámbito material de aplicación de una norma conforme al Derecho español, materia que corresponde a nuestros órganos jurisdiccionales. Pero lo verdaderamente llamativo no es el contenido jurídico de las resoluciones, sino la asimetría de algunas reacciones políticas. Ante la resolución del TJUE, máximo respeto, acatamiento inmediato y proclamación entusiasta del triunfo del Estado de Derecho. Ante otras resoluciones dictadas por tribunales españoles, cuestionamiento grosero no solo de su contenido, sino incluso de sus autores, a los que se pretende insertar en una delirante campaña destinada, según se dice, a derribar un Gobierno. Hemos llegado a escuchar que «se tensaron las costuras de nuestras instituciones para derribar un Gobierno». La frase, más que describir la realidad, revela una inquietante concepción del poder: la idea de que toda decisión judicial incómoda debe ser reinterpretada como agresión política. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz ocupa 378 páginas. Sin embargo, algunos responsables políticos hicieron alarde de unas envidiables técnicas de lectura rápida y, en cuestión de minutos, ya habían alcanzado conclusiones definitivas sobre su supuesta inconsistencia, su intención oculta y hasta su finalidad política. No parece serio. Menos aun cuando quienes así actúan reclaman, al mismo tiempo, respeto reverencial para otras resoluciones cuando estas se ajustan a su interés político inmediato. En una democracia madura, las resoluciones judiciales se acatan, se critican con rigor y, en su caso, se recurren. Pero no se deslegitiman preventivamente por razón de sus efectos políticos. Un tribunal no se convierte en sospechoso porque su decisión incomode al Gobierno, a la oposición o a cualquier actor público. Y un juez no pierde su independencia porque la aplicación de la ley produzca consecuencias desagradables para quienes se creían a salvo del control jurisdiccional. La permanente apelación a un inexistente lawfare debe terminar. No porque la Justicia sea infalible. No lo es. Los jueces pueden equivocarse; por eso existen los recursos, la motivación de las resoluciones, la doble instancia, el control constitucional y, cuando procede, la jurisdicción europea. Pero una cosa es discrepar jurídicamente d
Respetar a los jueces no es una opción ideológica; es una exigencia democrática
«La Justicia solo molesta a quien vulnera la ley… o teme responder por sus actos». Con esa afirmación concluía hace una semana esta columna. Nuevos acontecimientos ofrecen una necesaria continuación. Se han producido varias resoluciones judiciales de indudable trascendencia pública. Unas afectan al núcleo familiar del presidente del Gobierno. Otra, procede del TJUE y se refiere al acomodo de la ley de amnistía con el Derecho de la Unión. No entro en su valoración jurídica, pero conviene recordar que el TJUE se pronuncia sobre Derecho de la Unión; no sustituye al Tribunal Supremo en la interpretación de la legalidad ordinaria interna ni en la determinación del ámbito material de aplicación de una norma conforme al Derecho español, materia que corresponde a nuestros órganos jurisdiccionales. Pero lo verdaderamente llamativo no es el contenido jurídico de las resoluciones, sino la asimetría de algunas reacciones políticas. Ante la resolución del TJUE, máximo respeto, acatamiento inmediato y proclamación entusiasta del triunfo del Estado de Derecho. Ante otras resoluciones dictadas por tribunales españoles, cuestionamiento grosero no solo de su contenido, sino incluso de sus autores, a los que se pretende insertar en una delirante campaña destinada, según se dice, a derribar un Gobierno. Hemos llegado a escuchar que «se tensaron las costuras de nuestras instituciones para derribar un Gobierno». La frase, más que describir la realidad, revela una inquietante concepción del poder: la idea de que toda decisión judicial incómoda debe ser reinterpretada como agresión política. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz ocupa 378 páginas. Sin embargo, algunos responsables políticos hicieron alarde de unas envidiables técnicas de lectura rápida y, en cuestión de minutos, ya habían alcanzado conclusiones definitivas sobre su supuesta inconsistencia, su intención oculta y hasta su finalidad política. No parece serio. Menos aun cuando quienes así actúan reclaman, al mismo tiempo, respeto reverencial para otras resoluciones cuando estas se ajustan a su interés político inmediato. En una democracia madura, las resoluciones judiciales se acatan, se critican con rigor y, en su caso, se recurren. Pero no se deslegitiman preventivamente por razón de sus efectos políticos. Un tribunal no se convierte en sospechoso porque su decisión incomode al Gobierno, a la oposición o a cualquier actor público. Y un juez no pierde su independencia porque la aplicación de la ley produzca consecuencias desagradables para quienes se creían a salvo del control jurisdiccional. La permanente apelación a un inexistente lawfare debe terminar. No porque la Justicia sea infalible. No lo es. Los jueces pueden equivocarse; por eso existen los recursos, la motivación de las resoluciones, la doble instancia, el control constitucional y, cuando procede, la jurisdicción europea. Pero una cosa es discrepar jurídicamente d
