Pedro Sánchez perdió las elecciones en el año 2023. Para permanecer en el poder, buscó y consiguió el apoyo de veinte partidos, los dieciséis que formaban entonces Sumar y los cuatro separatistas, dos de extrema izquierda, Bildu y ERC, y dos de centro derecha, PNV y Junts. Comentaristas muy sagaces escribieron que aquella operación de circo no duraba tres meses. Habrá que reconocer la extraordinaria habilidad política de Pedro Sánchez, que negociando con unos, pactando con otros, mintiendo a todos, está a punto de llegar al año 2027 confortablemente sentado en la silla curul del palacio de la Moncloa.. Claro que la cercanía de las elecciones generales, con el estallido de la invasión sufrida por Ceuta y con el problema de la vivienda gimiendo hasta el paroxismo, han convertido a Pedro Sánchez en un cadáver político de cuerpo presente. La crisis ceutí le ha sobrepasado y no ha sabido cómo resolverla. El problema de la vivienda sangra. El Estado, de la misma manera que contribuye a construir carreteras, aeropuertos, redes ferroviarias, centros educacionales, enormes hospitales, tenía que haber ayudado a edificar dos millones de viviendas asequibles para que la oferta destruyera las especulaciones que atenazan hoy a los españoles, sobre todo a los jóvenes. En ocho años, Pedro Sánchez no ha hecho prácticamente nada. Prometió, eso sí, centenares de miles de viviendas. No hay rastro de ellas. Y esa patética realidad le acompaña, descalabrando su imagen ante la opinión pública.. Está claro desde hace muchos meses que no existe otra solución política en España que la convocatoria de elecciones generales. Como las tiene perdidas, Pedro Sánchez ha inventado una fórmula para restañar la hemorragia: la concesión de nacionalidad, y con ella el derecho al voto, a centenares de miles de hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y adláteres de los republicanos exiliados en 1939, así como de inmigrantes regularizados. El Tribunal Supremo ha entorpecido la jugarreta, pero el presidente sanchista luchará hasta la extenuación con el fin de ganar unas elecciones que, de perderlas, no le conducirían a la jefatura de la Oposición sino al banquillo de los acusados.. Luis María Anson, de la Real Academia Española
«Según los expertos, el Estado debe arbitrar la construcción de dos millones de viviendas. En ocho años, Sánchez no ha hecho nada»
Pedro Sánchez perdió las elecciones en el año 2023. Para permanecer en el poder, buscó y consiguió el apoyo de veinte partidos, los dieciséis que formaban entonces Sumar y los cuatro separatistas, dos de extrema izquierda, Bildu y ERC, y dos de centro derecha, PNV y Junts. Comentaristas muy sagaces escribieron que aquella operación de circo no duraba tres meses. Habrá que reconocer la extraordinaria habilidad política de Pedro Sánchez, que negociando con unos, pactando con otros, mintiendo a todos, está a punto de llegar al año 2027 confortablemente sentado en la silla curul del palacio de la Moncloa.. Claro que la cercanía de las elecciones generales, con el estallido de la invasión sufrida por Ceuta y con el problema de la vivienda gimiendo hasta el paroxismo, han convertido a Pedro Sánchez en un cadáver político de cuerpo presente. La crisis ceutí le ha sobrepasado y no ha sabido cómo resolverla. El problema de la vivienda sangra. El Estado, de la misma manera que contribuye a construir carreteras, aeropuertos, redes ferroviarias, centros educacionales, enormes hospitales, tenía que haber ayudado a edificar dos millones de viviendas asequibles para que la oferta destruyera las especulaciones que atenazan hoy a los españoles, sobre todo a los jóvenes. En ocho años, Pedro Sánchez no ha hecho prácticamente nada. Prometió, eso sí, centenares de miles de viviendas. No hay rastro de ellas. Y esa patética realidad le acompaña, descalabrando su imagen ante la opinión pública.. Está claro desde hace muchos meses que no existe otra solución política en España que la convocatoria de elecciones generales. Como las tiene perdidas, Pedro Sánchez ha inventado una fórmula para restañar la hemorragia: la concesión de nacionalidad, y con ella el derecho al voto, a centenares de miles de hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y adláteres de los republicanos exiliados en 1939, así como de inmigrantes regularizados. El Tribunal Supremo ha entorpecido la jugarreta, pero el presidente sanchista luchará hasta la extenuación con el fin de ganar unas elecciones que, de perderlas, no le conducirían a la jefatura de la Oposición sino al banquillo de los acusados.. Luis María Anson, de la Real Academia Española
