Durante el pasado mes de mayo, hace tan solo dos meses, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía para anunciar con rotundidad lo que calificó como “el mayor despliegue del Estado” en la historia de España para combatir la lacra de los incendios forestales. En un contexto marcado por el recuerdo de las más de 355.000 hectáreas arrasadas el año anterior, la peor temporada de las últimas tres décadas, el Ejecutivo prometía un ambicioso plan basado en cinco pilares fundamentales: aumento de recursos materiales, coordinación institucional, herramientas preventivas avanzadas, concienciación ciudadana y mejoras laborales urgentes para las brigadas forestales (BRIF). Sin embargo, con el avance de la actual campaña estival, estas promesas se enfrentan al examen crítico de la realidad en los montes españoles.
Durante su intervención en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, acompañado por las ministras Sara Aagesen y Margarita Robles, el jefe del Ejecutivo advirtió solemnemente: «El fuego no pide permiso, no negocia, no espera«. Ante un incremento de las temperaturas que ya en mayo disparaba los avisos con un aumento del 218% en los conatos respecto al año previo, el Gobierno prometió blindar el territorio mediante la incorporación de más de diez aviones anfibios dotados del nuevo kit apagafuegos para aeronaves A-400M, cuatro helicópteros Chinook y dos Cougar. Además, en esta flota se incluían drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia.
«Nuestro único enemigo es el fuego y para derrotarlo necesitamos esa unidad, esa planificación y esa capacidad de respuesta, pero sobre todo necesitamos recursos y todas las administraciones tienen que actuar en consecuencia», recordaba, haciendo hincapié en que «el fuego no distingue entre administraciones». «No pregunta quién gobierna, ni entiende de colores políticos». No obstante, la virulencia y rapidez con la que se han propagado los recientes focos en distintos puntos de la península han puesto en entredicho la eficacia operativa de dichos recursos sobre el terreno.
Del papel de los grandes pactos de otoño a la cruda realidad estival
Este desfase entre los anuncios gubernamentales y la eficacia sobre el terreno evoca también los sucesivos compromisos presentados en el tramo final de 2025. Ya en octubre de 2025, La Moncloa impulsó el borrador del «Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática», tal y como lo definía, tras constatar que la superficie afectada por los incendios había crecido un 80% en los últimos años, prometiendo una mejor gestión forestal y fondos de respuesta inmediata.
Posteriormente, en diciembre de 2025, el Ejecutivo actualizó dicho plan en el Círculo de Bellas Artes anunciando una red estatal de refugios climáticos antes del próximo verano, 20 millones de euros del Ministerio de Transición Ecológica para financiar planes contra inundaciones e incendios en municipios de menos de 5.000 habitantes, y «un férreo foco en la lucha contra la desinformación climática». Sin embargo, llegados a este verano, parece que no ha hecho efecto, o que Sánchez ha vuelto a incumplir, una vez más, una de sus promesas.
Respuesta insuficiente, otro año con graves incendios en España
«Un esfuerzo que tendrá continuidad en un futuro inmediato, con la incorporación ya prevista de 7 nuevas aeronaves DHC-515 dentro del Plan Industrial y Tecnológico de la Defensa». No obstante, estos aviones apagafuegos todavía no han sido entregados, y además, no se espera la disposición de todos ellos hasta 2031.Asimismo, la flota de aviones sigue sin estar disponible para llevar a cabo las tareas de extinción porque no se les ha instalado el ‘kit’ antiincendios, tal y como se pactó hace meses con la compañía aeronáutica.
A pesar de los repetidos llamamientos a la lealtad institucional bajo la premisa de que «el fuego no distingue entre administraciones«, las sucesivas olas de calor y la extrema sequedad del terreno han desbordado los mecanismos de respuesta rápida. Las declaraciones oficiales sobre la implantación plena de nuevos convenios, la financiación local prometida a finales de año y la mejora de las condiciones de quienes combaten el fuego en primera línea contrastan hoy con la vulnerabilidad de un sistema que, pese a los recurrentes anuncios estratégicos, continúa sufriendo severas dificultades estructurales para anticiparse a los escenarios de máxima emergencia climática.
Por otro lado, mientras el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraba que «tenemos los medios necesarios y precisos aéreos y terrestres», lo cierto es que el Gobierno se vio obligado a pedir ayuda a la Unión Europea una vez que asumió los mandos de la emergencia nacional declarada.
Durante el pasado mes de mayo, hace tan solo dos meses, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía para anunciar con rotundidad lo que calificó como “el mayor despliegue del Estado” en la historia de España para combatir la lacra de los incendios forestales. En un contexto marcado por el recuerdo de las más de 355.000 hectáreas arrasadas el año anterior, la peor temporada de las últimas tres décadas, el Ejecutivo prometía un ambicioso plan basado en cinco pilares fundamentales: aumento de recursos materiales, coordinación institucional, herramientas preventivas avanzadas, concienciación ciudadana y mejoras laborales urgentes para las brigadas forestales (BRIF). Sin embargo, con el avance de la actual campaña estival, estas promesas se enfrentan al examen crítico de la realidad en los montes españoles. Durante su intervención en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, acompañado por las ministras Sara Aagesen y Margarita Robles, el jefe del Ejecutivo advirtió solemnemente: «El fuego no pide permiso, no negocia, no espera». Ante un incremento de las temperaturas que ya en mayo disparaba los avisos con un aumento del 218% en los conatos respecto al año previo, el Gobierno prometió blindar el territorio mediante la incorporación de más de diez aviones anfibios dotados del nuevo kit apagafuegos para aeronaves A-400M, cuatro helicópteros Chinook y dos Cougar. Además, en esta flota se incluían drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia. «Nuestro único enemigo es el fuego y para derrotarlo necesitamos esa unidad, esa planificación y esa capacidad de respuesta, pero sobre todo necesitamos recursos y todas las administraciones tienen que actuar en consecuencia», recordaba, haciendo hincapié en que «el fuego no distingue entre administraciones». «No pregunta quién gobierna, ni entiende de colores políticos». No obstante, la virulencia y rapidez con la que se han propagado los recientes focos en distintos puntos de la península han puesto en entredicho la eficacia operativa de dichos recursos sobre el terreno. Del papel de los grandes pactos de otoño a la cruda realidad estival Este desfase entre los anuncios gubernamentales y la eficacia sobre el terreno evoca también los sucesivos compromisos presentados en el tramo final de 2025. Ya en octubre de 2025, La Moncloa impulsó el borrador del «Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática», tal y como lo definía, tras constatar que la superficie afectada por los incendios había crecido un 80% en los últimos años, prometiendo una mejor gestión forestal y fondos de respuesta inmediata. Posteriormente, en diciembre de 2025, el Ejecutivo actualizó dicho plan en el Círculo de Bellas Artes anunciando una red estatal de refugios climáticos antes del próximo verano, 20 millones de euros del Ministerio de Transición Ecológica para financiar planes contra inundaciones e incendios en municipios de men
El presidente del Gobierno prometió en el mes de mayo el mayor despliegue de la historia del Estado, reforzando su propuesta del pasado año para hacer frente a los numerosos fuegos que hoy chocan con la devastadora realidad
El pasado mes de mayo de 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía para anunciar con rotundidad lo que calificó como “el mayor despliegue del Estado” en la historia de España para combatir la lacra de los incendios forestales. En un contexto marcado por el recuerdo de las más de 355.000 hectáreas arrasadas el año anterior, la peor temporada de las últimas tres décadas, el Ejecutivo prometía un ambicioso plan basado en cinco pilares fundamentales: aumento de recursos materiales, coordinación institucional, herramientas preventivas avanzadas, concienciación ciudadana y mejoras laborales urgentes para las brigadas forestales (BRIF). Sin embargo, con el avance de la actual campaña estival, estas promesas se enfrentan al examen crítico de la realidad en los montes españoles.Durante su intervención en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, acompañado por las ministras Sara Aagesen y Margarita Robles, el jefe del Ejecutivo advirtió solemnemente: «El fuego no pide permiso, no negocia, no espera». Ante un incremento de las temperaturas que ya en mayo disparaba los avisos con un aumento del 218% en los conatos respecto al año previo, el Gobierno prometió blindar el territorio mediante la incorporación de diez aviones anfibios dotados del nuevo kit apagafuegos para aeronaves A-400M, cuatro helicópteros Chinook, dos Cougar, además de drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia. No obstante, la virulencia y rapidez con la que se han propagado los recientes focos en distintos puntos de la península han puesto en entredicho la eficacia operativa de dichos recursos sobre el terreno.Del papel de los grandes pactos de otoño a la cruda realidad estival Este desfase entre los anuncios gubernamentales y la eficacia sobre el terreno evoca también los sucesivos compromisos presentados en el tramo final de 2025. Ya en octubre de 2025, La Moncloa impulsó el borrador del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática tras constatar que la superficie afectada por los incendios había crecido un 80% en los últimos años, prometiendo una mejor gestión forestal y fondos de respuesta inmediata. Posteriormente, en diciembre de 2025, el Ejecutivo actualizó dicho plan en el Círculo de Bellas Artes anunciando una red estatal de refugios climáticos antes del próximo verano, 20 millones de euros del Ministerio de Transición Ecológica para financiar planes contra inundaciones e incendios en municipios de menos de 5.000 habitantes, y un férreo foco en la lucha contra la desinformación climática.Una respuesta insuficiente ante la emergencia climáticaA pesar de los repetidos llamamientos a la lealtad institucional bajo la premisa de que «el fuego no distingue entre administraciones», las sucesivas olas de calor y la extrema sequedad del terreno han desbordado los mecanismos de respuesta rápida. Las declaraciones oficiales sobre la implantación pl
